Sin prisa, pero sin freno el Gobierno continúa con su camino de «reformismo permanente». Desde la Casa Rosada ya dieron luz verde a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige la multifacética Laura Alonso para que impulse una nueva Ley de ética pública. 
Desde el organismo que conduce la exdiputada del PRO indicaron a ámbito.com que «es imperioso» un debate alrededor de este tema al tiempo que «debe darse en el marco del acceso de Argentina a la OCDE y bajo la presidencia del G-20» que ostenta nuestro país.

Según pudo saber este medio, la nueva legislación alcanzaría a todos los poderes del Estado y estará guiada por tres principios que se considerarán básicos para cualquiera decida ser funcionario público: ética, transparencia y rendición de cuentas. «Deben saber que la función trae costos personales: es importante que los asuman antes de aceptar un cargo», repiten desde el entorno de Alonso.

Entre algunas de las iniciativas que propone el proyecto de Alonso se destacan nuevos mecanismos para detectar posibles enriquecimientos ilícitos e incompatibilidades para ejercer un cargo. Sin embargo, la mayor novedad llega de la mano de la declaración de los bienes de cónyuges e hijos de los funcionarios, quienes también deberán detallar sus actividades laborales anteriores y sus vínculos con asociaciones y fundaciones.

En lo que respecta a incompatibilidades, los funcionarios deberán desprenderse de acciones y títulos que estén vinculados con su labor ya sea vendiéndolos o colocándoles en un fideicomiso ciego.

Por lo pronto, la Oficina Anticorrupción considera que la legislación vigente desde 1999 quedó «muy desactualizada». En ese contexto, cerca de Alonso repiten que «hace tiempo estamos trabajando en esta nueva ley basados en la experiencia de los últimos años». Desde la OA se muestran optimistas respecto a la nueva legislación y esperan que «el debate ayude a construir un amplio consenso parlamentario».