En diciembre de 2015, el ex gobernador Francisco Pérez terminó su gestión con 99.118 empleados públicos. Este número se redujo a 96.981 en diciembre de 2017. A los 2.137 estatales de planta que dejaron el Estado se suman, 1.200 contratos menos, 120 cargos de funcionarios y 400 jubilaciones por moratoria, por lo que traduce en un total de 3.857 trabajadores menos. 

«El número aproximado es una reducción de planta de 4.000 empleados menos que es la que Alfredo Cornejo se ha referido como el objetivo de estos dos primeros años», detalló el funcionario.

Según indicó Suárez, se logró regularizar la situación de empleados en condiciones de jubilarse y, esto representó un ahorro significativo para el Ejecutivo.

Entre 2016 y 2017, se jubilaron 3.648 empleados lo que significó un «ahorro» de 750 millones de pesos. El porcentaje mayor de jubilados pertenece a docentes.

En el mismo período ingresaron 400 estatales al Plan Programa Moratoria Previsional por el cual perciben el 100% de haber jubilatorio porque los aportes adeudados los paga el Estado.

«A este beneficio pueden acceder los trabajadores que tengan la edad para jubilarse pero no los años de aportes», agregó Suárez.

Según estimaron desde el Ministerio de Gobierno, con estas medidas se logró la reducción y un reordenamiento de la planta permanente. Además, se logró cumplir con las pautas fijadas en torno a la eficiencia en materia de gasto público por la recientemente sancionada Ley de Responsabilidad Fiscal.

Para el próximo año, el Gobierno estima que se jubilarán alrededor de 1.300 empleados pero, según manifestó Suárez, «no necesariamente será reducción de planta» porque un porcentaje alto son docentes y desde ese área la planta acompaña el crecimiento de la población.

Para SITEA, la reducción «es una mentira»

Víctor Dagfal, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA), señaló que la reducción de personal que intenta mostrar Cornejo «es una mentira».

«Muchos se han jubilado y es algo natural en la administración pública pero hay muchísimos lugares que tienen gente metida por contratos, así cubren puestos porque no entran en la ley de sueldos», comentó el gremialista.

Además, Dagfal denunció que existen casos en que han violado el escalafón del empleado público y trabajadores que tenían una clase 3 (la más baja) pasaron a obtener una clase 13 (la más alta).