A pocos días de haber comenzado diciembre, la Legislatura se prepara para cerrar un año que para el oficialismo fue prolífico, teniendo en cuenta el particular ritmo que ha tenido desde que asumió el gobernador Alfredo Cornejo, cuyo frente posee mayoría en ambas Cámaras.

Gracias a este panorama no hubo demasiadas complicaciones al momento de tratar proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial, la renovación de la Emergencia en Seguridad o ideas más recientes como la Oficina de Conciliación Laboral Obligatoria y las reformas a la Ley de Tránsito.

Ahora, con cuatro sesiones por delante, el oficialismo busca levantar el pulgar a los últimos proyectos del año, antes del receso de enero. Esta situación vuelve difícil que alguna de las Cámaras aporte modificaciones a lo aprobado por la otra mitad de la Legislatura, para no prolongar una semana más las sanciones de las leyes.

El proyecto más urgente para los radicales es la ampliación de la Corte, que tuvo dos veces un giro sorpresa al momento de tratarse en el recinto: tanto en el Senado antes de su aprobación, como ahora en Diputados, los aliados del Frente Cambia Mendoza se «rebelaron» y de una u otra forma demoraron el tratamiento.

La idea de ampliar la Suprema Corte de 7 a 9 jueces tiene el rechazo del diputado Guillermo Pereyra (Frente Renovador), por lo que la esperanza del oficialismo está en que Marcos Niven (PD) vote a favor o se abstenga. Según precisó el legislador, su oposición surgió porque «no se incluyó ninguna propuesta del Partido Demócrata en el proyecto, por lo que no se puede votar algo sin diálogo».

Desde el oficialismo indicaron que hay optimismo para la sesión de este miércoles, aunque los tiempos ya no alcanzan para nombrar a los dos jueces este año: el gobernador tiene que enviar los pliegos de los candidatos al Senado para que los aprueben, por lo que el presidente provisional de esta cámara, Juan Carlos Jaliff, explicó que tendrán que asumir en 2018.

Si bien existe la posibilidad de sesionar durante el receso, los radicales utilizarán esta alternativa sólo en caso de que el Presupuesto no se apruebe a tiempo, según observó Jaliff.

Con las leyes de Avalúo e Impositiva aprobadas, la idea es ahora tratar el Presupuesto para el Estado provincial, de más de 77 mil millones de pesos y pedirá endeudamiento para obra pública por $1.918 millones. Para esto, se necesita la aprobación de dos tercios de las Cámaras, lo cual se cree sería posible a través de los legisladores opositores que responden a intendentes.

El presidente de la cámara baja, Néstor Parés, denunció que la oposición no está participando del debate por este proyecto. «No creo que haya otro proyecto más importante para la Provincia, define el resto del año», señaló.

Fuera de esas dos iniciativas, la Legislatura ya tiene contemplado tratar el Ítem Zona que según anunció el gobierno, se les pagará a los docentes antes de que termine el año: unos 700 millones de pesos por una deuda que surgió en las categorizaciones incorrectas de establecimientos escolares que luego se reconocieron pero nunca se pagaron.

La medida afecta a más de 16 mil docentes, pero antes de poder destinar el dinero, la idea tiene que ser aprobada por la Legislatura, decisión que se tomará este mes, adelantó Jaliff.

El proyecto final será la aprobación de los juzgados y tribunales colegiados, modificando así el contexto en el que se realizan las audiencias en la provincia, con la idea de poder resolver cuestiones penales con mayor celeridad.

La idea es crear juzgados colegiados para cada circunscripción judicial, en las que todos los jueces estén disponibles para atender las audiencias.

Esta modalidad incluye tanto a los jueces de Garantías como a los de Ejecución Penal, Correccional y Flagrancia. Lo mismo ocurrirá con las Cámaras del Crimen, que se fusionarán en tribunales colegiados.