Si el Gobierno espera sumar adhesiones entre los propietarios de pymes con su proyecto de reforma laboral, el resultado está lejos de ser el esperado. Pero en el descontento no hay un criterio uniforme. Para algunos, la iniciativa oficial fue demasiado modesta. Para otros, podría causar un efecto indirecto con más perjuicios que beneficios, ya que consideran que si se vulneran ciertos derechos de los trabajadores, el mercado interno se resentiría. 

De los testimonios que pudo recoger Pyme, las diferencias están marcadas por la actividad de cada firma. Las compañías dedicadas a las actividades manufactureras son proclives a tomar distancia de las principales propuestas de la reforma oficial, aunque admiten que algunos puntos son beneficiosos. Entre las comerciales, la sensación de una propuesta con gusto a poco es inocultable. Unos quieren menos, los otros quieren más.

Los contrastes entre uno y otro bando son tan marcados que mientras que para los primeros no existe la denominada «industria del juicio», para los otros es la causa principal de los males que persiguen a sus empresas. Para algunos, la iniciativa oficial fue demasiado modesta. Para otros, podría causar un efecto indirecto con más perjuicios que beneficios.

«Desconfío del efecto que puedan generar las reformas laborales», señala Aldo Lo Russo, titular de la metalúrgica Taller Baigorria. “No sé por qué hay tanta gente convencida de que el problema pasa por la relación con los trabajadores y no por cuestiones de mercado. En la Argentina, enfocaron la atención en el costo salarial sin priorizar la tecnificación», afirma. Y pone como ejemplo a Brasil, «que creció en el último medio siglo prácticamente con las mismas leyes de trabajo de la época de Getulio Vargas. ¿Por qué no lo haría ahora?», pregunta, con un ejemplo: la reciente reforma laboral brasileña fue la que aceleró el debate local.

Distinta es la visión de Rubén Barrios, titular de la juguetería Badolin, con tres puestos de venta en el microcentro de la ciudad de Salta. «Necesitamos flexibilizar el trabajo para tener la posibilidad de contratar personal sin bajar el sueldo, pero con algunas ventajas. Por caso, que se los pueda tomar por un tiempo determinado. Hoy pasamos los tres meses y ya estamos con la mochila al hombro de la indemnización», comenta.

Y reclama «poder tomar empleados en los momentos pico, cuando los necesitamos» y extiende el concepto de competencia al ámbito laboral, ya que considera que «los empleados deben competir entre ellos por la eficiencia. «Si el empleado es eficiente, la empresa no va a desprenderse de él», dice.

«Creemos que tienen que mejorar las condiciones para el empleador. Diría que los empleados están sobreprotegidos», sostiene, al tiempo que destaca la importancia de la creación de un Fondo de Cese Laboral, como el propuesto en el proyecto oficial, para «tener la facilidad de desprendernos del empleado cuando sea necesario”.

Las diferencias están marcadas por la actividad de cada firma.

Más cauto, Lo Russo también cree que el Fondo de Cese Laboral «ayudaría a las pymes y alentaría la formalización del empleo» pero duda en cuanto a su financiación. «Habrá que ver exactamente cómo se hace», dice, con lo que agrega un condicionante que atraviesa a todo el mundo pyme a la hora de expedirse sobre la reforma laboral: la falta de información detallada sobre muchos de sus aspectos.

Es el caso de Marcelo Fernández, titular de la fábrica de cierres Lynsa. «Hubiera querido tener más tiempo e información para analizar el proyecto en profundidad, pero vemos que se trata de beneficiar más a la gran empresa, que siempre fue más litigiosa con los sindicatos y los delegados gremiales que en el caso de las pymes», cuenta.

Los contratos a tiempo parcial que impulsa Barrios no entusiasman a Lo Russo. “En empresas de características como la nuestra, no son determinantes, porque capacitar a un trabajador nos lleva unos dos años», explica. Aunque sí es partidario de promover las pasantías: «Las venimos usando desde hace más de seis años. Deberían instrumentarse al estilo alemán, en el que el pasante no va solo a la empresa sino que está supervisado por su profesor. Además de la inserción laboral, se tiene que cumplir la relación pedagógica, para que el chico aprenda y se capacite y no sea solo mano de obra barata».

Lo Russo suma a la agenda de discusión un aspecto que suele pasarse por alto, como es la relación diferenciada que algunos sindicatos tienen con las grandes empresas en desmedro de las pymes. Concretamente, cree que la UOM «no tiene un trato equitativo». «Si negocia la flexibilidad de normas laborales con Techint, ¿no sería justo hacerlo también con las pymes? Todavía estamos con un convenio colectivo de trabajo de 1975, con categorías que ya no existen, como el ‘calderero de carbón'», destaca como ejemplo del anacronismo de ciertas regulaciones.

La implantación de un mínimo no imponible para las contribuciones patronales con una suba gradual hasta 2022 es rechazada por ambos, aunque en el caso de Barrios hay un detalle que lo ubica más en la oposición que Lo Russo. Es que Salta y otras provincias perderán con la reforma laboral los beneficios de las contribuciones diferenciadas establecidas en el decreto 814 de 2001. Si a eso se le agrega que habrá un incremento de 2 puntos porcentuales en la alícuota general, en muchos puntos del interior se terminará pagando más que antes.

«Venimos un poco decepcionados con los anuncios. Lo de la eliminación del decreto 814 lo vemos con preocupación. Si nos igualan con Buenos Aires, nos van a perjudicar, porque los costos son muy diferentes», plantea Barrios, desde la perspectiva de un empresario pyme que desarrolla su actividad en una de las dos provincias que limita con tres países: «Tenemos muy cerca a la frontera y en consecuencia una competencia desleal muy grande por medio del comercio ilegal».

Lo Russo tampoco muestra simpatía con el gradualismo de la medida. «Recién para 2022 nos representaría una baja de los aportes del 10 al 12%”, dice, para luego aconsejar que se considere ese aspecto dentro del contexto económico general: «El costo laboral no puede ser analizado sin tener en cuenta las ventas. Hoy el costo laboral de Taller Baigorria representa el 11% del costo de producción, pero si las ventas caen ese porcentaje sube».

El blanqueo de los trabajadores informales cuenta con apoyo. Para Barrios «es necesario» debido a que «la diferencia entre quien tiene sus empleados en blanco y quien los tiene en negro es sideral, una brecha en los costos muy grande que alienta la informalidad».

Ante su realidad regional, Barrios señala que «Salta tiene un 45% de informalidad laboral» y que en consecuencia «pretendemos que haya inclusión», aunque admite que eso no ocurrirá si no se anulas «las verdaderas causas del negreo», que a su juicio son las elevadas cargas impositivas que implica la formalidad. “Si no se dan esas condiciones, podrá haber blanqueo, pero el problema no va a desaparecer”, dice.

Por su parte, Fernández sostiene que «más que el trabajo en negro, lo que preocupa son las empresas no registradas». Y explica la diferencia: «Está mal que una firma registrada con 100 trabajadores tenga dos en negro, eso no debe ocurrir. Pero peor es el caso de las empresas que tienen toda su operatoria en negro. Hay firmas que facturan en negro, compran en negro y tienen a todos sus trabajadores fuera del sistema. Para muchos que trabajamos como corresponde, eso es una competencia desleal. Se debería poner un fuerte énfasis en eso y terminar con el trabajo no registrado».

El titular de Lynsa y a la vez presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA) agrega otro punto a considerar en la discusión, como es la opción que se le ofrece al trabajador de extender la edad jubilatoria. «Me pregunto quién va a tomar un empleado de 55 años si hasta los 70 no se jubila. El salario es mucho mayor que la jubilación y si esta es opcional, muchos van a preferir seguir trabajando cinco años más. Y dependiendo de la tarea que cumpla, no nos representa lo mismo que se jubile a los 65 que a los 70 años», subraya.

«Con el nivel de tecnificación de los últimos años, tener a una persona mayor, con eventuales problemas de salud, puede ser un inconveniente. Además, me parece lógica que un trabajador con 30 años de aportes y 65 de edad se pueda jubilar», asegura.

La existencia o no de una «industria del juicio» divide las aguas entre los consultados. «No puedo decir que haya una» dice Lo Russo, y añade: «Vivos que quieran sacar su tajada hay de los dos lados. Pero no son la generalidad, sino casos aislados. Es como decir ‘toda la gente es mala’ o ‘todos los automovilistas te quieren atropellar'».

Barrios disiente y asegura conocer «muchas empresas que no se anima a tomar un empleado porque saben que están contratando un problema». También en este aspecto Fernández plantea una distinción respecto de la gran empresa. «Es la que se siente más tocada en esta cuestión. A las pymes supuestamente nos están beneficiando, pero si se tocan derechos adquiridos de los trabajadores, la posibilidad de mayores demandas se nos va a volver en contra. Más que una solución, puede convertirse en un problema», alerta.

El nombre, arquetipo de la compañía

En 1958, en su poema «El Golem», Borges sentenció que «el nombre es arquetipo de la cosa». El escritor no sospechaba que ese mismo año a la familia Lo Russo se le planteó ese dilema al elegir la denominación del taller metalúrgico que acababan de inaugurar. Don Héctor Lo Russo era reacio a poner su apellido como nombre de la empresa y prefirió llamarla Taller Baigorria, por la calle del barrio de Villa Devoto en la que por entonces se emplazaba.

La fábrica está situada en el barrio Villa Parque de Caseros, en la calle Escultor Santiago Parodi, aunque primó la cordura entre los propietarios para mantener el nombre original. Aldo, el hijo de Héctor, sigue viviendo en Devoto. Con su esposa y dos hijas está al frente de la firma que fundó su padre, especializada en la fabricación de bulones de rueda y espárragos (tornillos sin cabeza), con más de 2.700 ítems y, a pedido, de piezas estampadas en frío.

La producción de la firma es de cerca de 80 toneladas mensuales, lo que representa el 4% de la producción nacional en el rubro. El 20% se destina a la exportación. Con 27 empleados en Taller Baigorria, Lo Russo analiza alternativas para profesionalizar su gerenciamiento. Sin embargo, no necesita de ningún asesor para recitar de memoria los 17 países a los que exporta su producción: Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España y Alemania. Sin repetir y sin soplar.

En el mercado local, Taller Baigorria se concentra en el after market (reposición) y provee a autopartistas, la industria eléctrica, la maderera y en los últimos tiempos a la de energía eólica. Asimismo, coloca su producción en buloneras y ferreterías industriales, que las distribuyen en los comercios minoristas.

Como el Bustos Domecq que idearon Borges y Adolfo Bioy Casares para escribir en colaboración, Rubén Barrios debió recurrir a una denominación de fantasía para emprender su negocio en sociedad. El nombre de la juguetería salteña Balodín surgió de la conjunción de las primeras letras de sus socios fundadores: Barrios, López y Dino. Hoy es Barrios el que continúa al frente de la compañía, con 26 empleados y tres locales en el microcentro de la ciudad de Salta.

Lynsa, la fábrica del cierre que «no falla jamás», como sentenciaba la publicidad televisiva hace cuatro décadas, tiene un significado que hubiera deleitado a un Borges tan afecto a las tradiciones escandinavas. En noruego, «lyn» significa «relámpago».

Lejos del prototipo nórdico, Marcelo Fernández comanda la planta de 8.000 m2 en La Tablada. La compañía cuenta con 95 empleados y llegó a tener 120 en tiempos de mayor producción. El cierre relámpago es un insumo para diferentes industrias como la textil, la del calzado, la marroquinería y la tapicería. Con esa demanda, Lynsa produce 60 millones de unidades al año.