En concreto, el Estado dejará de intervenir como fiscalizador y libera el juego a los grandes usuarios del MEM para asegurarse la electricidad a partir de fuentes renovables. En el sector se espera para las próximas horas la publicación de un informe del Ministerio de Energía sobre la capacidad ociosa de la red nacional de transporte eléctrico y qué generadores solicitaron prioridad de despacho en cada uno de los nodos. Este verano ya se empezarían a firmar los primeros contratos.

En el Mater, las distintas ramas de la industria y el comercio con fuertes consumos eléctricos podrán negociar directamente con los generadores y los comercializadores los términos para su abastecimiento «limpio». Por la Ley 27.191 del 2015 y la Resolución 281-E/2017 de Energía de agosto de este año, esas empresas están obligadas por ley a cumplir con un 8% de fuentes renovables hasta 2018. con escala ascendente hasta 20%. Incluso, pueden pasar toda su matriz a renovable, con la baja de costos observada en la generación eólica y solar.

En ese sentido, la posibilidad de acceder a energía generada de fuentes eólica y fotovoltaica bajará costos a las grandes industrias y comercios y, eventualmente, será una contención para los precios finales. Pero también, ante escasez de operación comercial de estas tecnologías, los usuarios pequeños (hogares y comercios) seguirán pagando por energías más caras, provenientes de biomasa, biogas y pequeñas hidroeléctricas, que elevan el costo promedio de la electricidad (sumando otras fuentes como la térmica).

Así lo explicó Juan Bosch, presidente del trader de energía Saesa. «Las renovables vienen con impulso del Estado con contratos a 20 años por RenovAr, con lo que asegura a las empresas un mercado para su producción y usuarios cautivos, como el sector residencial, porque no pueden elegir a quiénes le compran. Hoy la energía renovable cuesta u$s 154 por MWh porque hay un mandato de diversificar las fuentes y las regiones». Para Bosch, los costos irán bajando pero no al ritmo que estima el Gobierno.