Analizar el proyecto de ampliación de la Suprema Corte  de Mendoza confrontándolo con el proceso inverso de la Corte Nacional de 2006 es un error conceptual o una picardía política sin sustento real, es un análisis atemporal, descontextualizado y ahistórico.

Para entender la reducción de miembros de la Corte Nacional, más que entender esa decisión, hay que comprender –con mirada autocrítica-, el proceso político y cultural de la Argentina de los ´90.

Fue así que en el 2006 se pretendió cerrar un capítulo, tal vez el más triste en democracia, de la Corte Suprema del país. Un capítulo donde los disvalores colectivos fueron más característicos que los valores sociales. Corrupción, condicionamientos y amiguismo son algunas de las vergüenzas que destacaron esos tiempos y que tan bien retrata Horacio Verbitsky en su libro “Hacer la Corte”.

En ambos casos, las iniciativas –en aquel entonces del gobierno de Néstor Kirchner y en este caso de Alfredo Cornejo-, pretenden devolver a la máxima instancia judicial apego social.

En los ´90 a nivel nacional, la Corte había quedado sometida al poder político de turno. Y desde hace años a nivel provincial, la Justicia está peligrosamente alejada de la extendida demanda social de celeridad, eficacia –aunque vale decir, mucho se viene avanzando al respecto en los últimos meses y también corresponde decir, es por iniciativa política de la Gobernación y con el compromiso colectivo de amplios sectores opositores-.

Tanto en 2006 como hoy, en 2017 en nuestra provincia, lo que está en juego es el funcionamiento de un poder del Estado y no la concentración de poder.

Enorme diferencia. Conceptual, política e institucional.

¿Cuál es el motivo por el que Cornejo no podría gobernar, si lo ha hecho la mitad de su mandato, con la composición actual de la Corte?

¿No se trata de una reacción políticamente mezquina decir: “No porque  favorece a tal”, en lugar de analizar a conciencia las ventajas y desventajas de una iniciativa?

Sospecharía, en todo caso, de gobernantes que habiendo perdido apoyo popular, cubren vacantes –o fabrican vacantes donde no las hay-, para extender materialmente un poder que temporalmente ya tiene fecha de caducidad.

Pero este, después del 22 de octubre, claramente no es el caso.

La demanda de celeridad de la Justicia es una inquietud que nos cruza transversalmente a los mendocinos. Y es una inquietud que debe ser resuelta con las herramientas institucionales disponibles, con Poderes Públicos comprometidos y dispuestos a romper el status quo que lejos de poner al Estado al servicio de la sociedad, mantienen al Estado en la comodidad de sus actores.

Y nadie puede decir, sin ponerse colorado, que a Cambia Mendoza la preocupación por la Justicia le llegó ahora y sospechar, desde ese argumento, de las motivaciones del proyecto en cuestión.

El de Cambia Mendoza, que encabeza Alfredo Cornejo, es el primer gobierno de Mendoza en muchos años, para el cual la seguridad y la Justicia son temas de gestión más que de campaña.

Y ese detalle, de hacer de los problemas cotidianos de los mendocinos de a pie la agenda de Gobierno, es lo que distingue a un Gobierno transformador de un Gobierno de simple y de deslucido tránsito.

Los radicales que nos encontramos hoy acá, somos los mismos y portamos los mismos valores que los radicales que defendimos la reducción de la Corte Nacional de 2006.

Defendíamos entonces y defendemos hoy, el reformismo como vía para el progreso.

Defendíamos entonces y defendemos hoy, la eficacia y la eficiencia en el servicio de Justicia como piedra fundamental de la democracia.

Y defendíamos entonces como defendemos hoy, la necesidad de tener una visión comprensiva, superadora y de Estado, que no se limite a las anteojeras partidistas.

En aquella oportunidad nos tocó acompañar a una de las buenas iniciativas del Gobierno de Néstor Kirchner. Y pedimos si no la misma generosidad, sí la misma visión de Estado de nuestra oposición hoy.

Comprender que hay temas que deben unirnos más allá de las parcelas ideológicas, es un paso fundamental para comprender que esto no es una lucha política diaria, sino una construcción colectiva permanente.

Dip. María José Sanz

Frente Cambia Mendoza – UCR