Mientras el Senado se apresta a debatir la reforma jubilatoria, en la Casa Rosada ponen el acento en el gasto que generan las jubilaciones de privilegio.

Según cálculos del equipo económico, este año por los regímenes especiales el Estado deberá destinar unos $ 79.000 millones. Para avanzar sobre las ”inequidades” del sistema previsional, el Ejecutivo incluyó un artículo en el pacto fiscal con los gobernadores, que también se tratará esta semana en la Cámara alta.

Las jubilaciones que se crearon por leyes o por decretos especiales benefician a 374.296 personas. Afirman en el Gabinete económico que sin estos regímenes el sistema previsional sería superavitario y los recursos alcanzarían hasta 2030, sin necesidad de tocar la edad jubilatoria. En los próximos días se buscarán modificar los regímenes de diplomáticos, judiciales y de los trabajadores de Luz y Fuerza, incluyendo mayores aportes o elevándoles la edad jubilatoria. Luego seguirán por el de los docentes.

Las regímenes especiales permiten que los trabajadores se jubilen sin esperar a los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el de los hombres, o tener 30 años de aporte. En algunos casos les permite aportar menos dinero que el resto. Un documento, al que accedió de forma exclusiva Clarín, detalla sector por sector lo que el Estado debe desembolsar en jubilaciones «preferenciales».

«Lo que esta en juego es un punto del PBI y si no hacemos una corrección en lo inmediato, serán el resto de los jubilados quienes tengan que afrontar el costo de sostener los privilegios que gozan unos pocos», sostienen en el Gobierno. El plan es ahorrar gradualmente el gasto de los regímenes especiales, estimado en más del 7% del total presupuestado para el pago de jubilaciones y pensiones.

Uno de los casos más polémicos es el de los judiciales. Hay 6.539 jubilados del Poder Judicial que cobran en promedio $ 97.089 por mes, es decir, más de 13 jubilaciones mínimas. Además gozan del privilegio del 82% móvil. Entre aportes y contribuciones, los empleados judiciales aportan unos $ 486 millones por mes, pero para costear las jubilaciones del sector se necesitan $ 635 millones, por lo que el déficit mensual es de $ 149 millones.

Pero no es el caso de los judiciales el único que el Gobierno busca corregir. Otro caso que molesta en la Rosada es el de los diplomáticos. Los jubilados tienen un haber promedio de $153.057, el 91% del sueldo de quienes están en funciones. Aportan $ 49 millones mensuales, cuando la caja del sector necesita $96 millones. Lo que falta lo cubre el Estado: unos $ 617 millones este año.

Tanto para judiciales como diplomáticos, en el Gobierno apuntarán a elevar el nivel de aportes. Es decir, los trabajadores de estos sectores deberán resignar un mayor porcentaje de su sueldo mensual para costear sus futuras jubilaciones.

Distinto es el caso de los trabajadores las fuerzas de seguridad, docentes, jueces, construcción, agrarios, ferroviarios y Luz y Fuerza. En estos casos, aparecen los regímenes provinciales en general prevén edades de retiro más bajas que el nacional. El caso que preocupa especialmente al Gabinete es el de los empleados de Luz y Fuerza, porque hay más jubilados que aportantes. Son apenas 39.170 empleados en blanco que aportan por mes $ 448 millones, pero se necesitan $ 1.124 millones para sostener a 39.923 jubilados.

Finalmente, la gran batalla que en el Gobierno se preparan para entablar es la que involucra a los docentes. Es el sector con jubilaciones especiales que mayor desembolso le significa al Estado, unos$ 23.923 millones este año. Es decir, de cada $ 24.169 que en promedio gana un jubilado docente, cerca de $13.326 los aporta el Estado y el resto la caja previsional. Esto sucede, pese a que la relación es más equilibrada que en otros: por cada 3 aportantes hay un jubilado.

Para el Gobierno, cambiar los regímenes especiales otorgará solvencia al sistema. «Si blanqueamos a los informales, te queda un sistema solido, sin tocar edad jubilatoria», dicen en el equipo económico. «El año pasado los ingresos por el sistema fueron del 4,27% del PBI, suficientes para sufragar el costo de los beneficios previsionales (4,17% del PIB)», detalla el documento. Cuando se adicionan las 3 millones de moratorias otorgadas por la anterior gestión, el gasto previsional total asciende a 7,25% del PBI, lo que es compensado con los recursos tributarios y con el 15% de la masa coparticipable. «Sin tocar la edad, si elimináramos las jubilaciones de privilegio, el sistema se autofinanciría hasta 2030», repiten.