“No tiene efectos sobre Mendoza”, dijo la gerente regional de Vialidad Nacional en Cuyo, Patricia Gutiérrez. 

Se refería al decreto 794 de Mauricio Macri que creó la empresa Corredores Viales dentro de la órbita pública y titularidad compartida de la propia DNV. Pero con funcionamiento de sociedad anónima y relación laboral acorde al derecho privado.

El secretario adjunto del Sindicato de Vialidad Nacional en Mendoza, Jorge Gomensoro, pidió lisa y llanamente su derogación y reclamó su remplazo por una norma de aplicación acotada a un caso particular, que no pueda generalizarse.

El tema originó en todo el país (incluida Mendoza) reclamos del gremio en los últimos días que alertó por el riesgo “de la privatización encubierta y el vaciamiento de Vialidad”,  como sucedió en 1994 con Carlos Menem.

La existencia de Corredores Viales cobra importancia en Mendoza, ya que el miércoles Vialidad Nacional licitará la construcción de la Variante Palmira, una nueva ruta de 38 kilómetros que -conectando los dos ejes viales principales de la provincia (7 y 40)- canalizará el tránsito pesado hacia Chile.

Además, la DNV está a punto de adjudicar la construcción de la doble vía Mendoza-San Juan tanto en el tramo mendocino (donde Chediack es la favorita) como en el sanjuanino (con Green a la cabeza). Todo indica que el mantenimiento futuro de la autopista entre las dos principales metrópolis de Cuyo, será por el sistema de peaje.

Por el momento en las rutas mendocinas sólo existe una única cabina de peaje que se encuentra en la Ruta 7 a la altura de La Paz. Y está a cargo de Caminos del Oeste, desde el decenio menemista concesionada por el ex ministro Roberto Dromi.

Los anuncios del gobierno hacen prever un rol creciente de Vialidad Nacional en Mendoza, el año que viene. Se refieren a obras proyectadas clave como la Ruta 40 Sur en dos tramos hasta Neuquén y la repavimentación de las 143, 144 y 146 con sus variantes en General Alvear y San Rafael. También se evalúa una posible futura doble vía hasta Potrerillos.

La polémica

El decreto 794 dispuso la creación de la sociedad anónima Corredores Viales cuyas acciones repartió un 51% en el Ministerio de Transporte de la Nación y el 49% restante en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Estableció que a la nueva empresa “no le serán aplicables las disposiciones de la ley nacional de procedimientos administrativos ni sus modificatorias del régimen de contrataciones de la administración nacional”. Y que la sociedad “mantendrá con su personal una vinculación laboral de derecho privado”.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich no concurrió a Diputados a informar sobre la creación por decreto de esta sociedad anónima. Aunque manifestó que “Vialidad seguirá siendo un organismo público como lo ha sido en los últimos 85 años”.

En el gobierno dicen que Corredores Viales se limitará a ocupar la concesión de la Autopista Richieri a Ezeiza de Buenos Aires.

Y dan por segura la cancelación de la concesión a la empresa Aecsa de Cristóbal López.

Sobre ella existen reclamos judiciales por deudas acumuladas con el Estado nacional por 700 millones de pesos. Mientras López tiene radicadas denuncias contra el Estado por congelamientos tarifarios y denegatoria de acceso a moratorias de pago. En el gobierno estiman que Corredores Viales administrará la autopista Richieri durante un año. Y luego llamarán a licitación bajo el régimen de inversión público-privado (PPP).

El tema cobra fuertes connotaciones políticas, en especial en los actuales tiempos electorales. Es que entre las concesionarias de rutas por peaje funcionan empresas vinculadas tanto al gobierno anterior de Cristina Fernández (Aecsa), como al actual de Mauricio Macri (Autopistas del Sol).