La jefa de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue trasladada este sábado de regreso al penal de Mujeres del barrio Alto Comedero luego de pasar 45 días de prisión domiciliaria en su casona de la localidad de El Carmen.

El traslado se concretó minutos después de las 7 por orden del juez penal Pablo Pullen Llermanos, quien la investiga en las causas por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, en respuesta a la revocatoria de la prisión domiciliaria que dispuso el 29 de septiembre la cámara de Apelaciones jujeña.

Sala fue trasladada a primera hora de hoy lo que generó quejas en su familia y el equipo de abogados defensores que consideraron que «no fue debidamente notificada» esta mañana.

Pedro Raúl Noro, el ex periodista y marido de Sala, señaló que «se la llevaron en pijamas y descalza».

En tanto, los abogados de Sala concurrieron de inmediato al penal del barrio Alto Comedero para tomar contacto con su clienta y notificarse de su situación.

La Cámara de Apelaciones dispuso en su resolución revocar «in totum la prisión domiciliaria de Milagro Sala» dictada por los jueces Gastón Mercau y Pullen Llermanos y dispuso su reingreso a la Unidad 3 del Servicio Penitenciario de Alto Comedero.

La decisión de la Cámara ya fue notificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había sugerido en una cautelar que se le otorgue la prisión domiciliaria a Sala con control electrónico.

La defensa de Sala consideraba que no debería hacer efectivo el traslado en virtud que los abogados planeaban recurrir la medida judicial.

La defensa fue notificada el 29 de septiembre y recién el lunes 2 de octubre, se conocieron los fundamentos de los jueces Néstor Hugo Paolini, Gloria María Mercedes del Portal y Emilio Carlos Cattan sobre la revocatoria.

Ayer, allegados a Sala señalaron que efectivos policiales provinciales intentaron llevarla compulsivamente a un hospital local para «verificar su estado de salud» pero la dirigente se negó.

Noro explicó en ese marco que días atrás había acordado con un psiquiatra y una médica del Poder Judicial que iría a la casa una especialista en salud mental para «ultimar detalles de un traslado formal y consentido a un establecimiento privado» con el fin de concretar estudios ante un pedido de la familia para un trabajo de «recuperación de su salud física y mental».