El Gobierno pretende cambiar la fórmula que determina el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y demás prestaciones sociales. La idea es actualizarlos por la inflación y de manera trimestral.

Asimismo, descarta cambiar la edad para jubilarse, hoy estipulada en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.

La modificación forma parte de una serie reformas, entre ellas varias de naturaleza tributaria, en las que el Presidente Mauricio Macri propondrá avanzar desde hoy y luego del resultado a su favor en las elecciones legislativas del domingo pasado.

En la Casa Rosada y en el Ministerio de Hacienda, donde pusieron a punto muchas de estas propuestas en los últimos días, argumentan que llegó el momento de impulsar modificaciones a la economía. “Se abrió una ventana de oportunidad”, dicen.

Los cambios en el sistema de jubilaciones, en principio, no prevén modificar la edad de retiro.

Sin embargo, eso sí ocurrirá en el caso de los regímenes especiales (también llamados “de privilegio”) que contemplan jubilarse antes de tiempo. En esos casos, se buscará una convergencia a la edad general.

Todos estos temas serán debatidos en una comisión que propondrá una reforma previsional. Así quedó establecido en la ley de Reparación Histórica aprobada el año pasado. El Gobierno impulsará allí su visión.

Este año, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras una marcha atrás del Gobierno por una modificación de la jubilación, dijo “la ley dice una cosa y la reglamentación otra: habría que modificar la ley”.

La nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones que impulsa el Gobierno buscará que los haberes acompañen la desaceleración de la inflación. Así, para el año próximo, el Gobierno avalaría que las jubilaciones aumenten un 10% si la meta inflacionaria resulta igual a la prevista.

Según los números del Presupuesto 2018, eso significaría un aumento menor al previsto para los jubilados el año próximo (22%) surgido de la combinación de la suba salarial del Indec o del Ministerio de Trabajo, más la de la recaudación tributaria por beneficiario a la Anses.

El proyecto de Presupuesto 2018 prevé un desembolso de $1.210.813 millones en concepto de jubilaciones y pensiones no contributivas.

Si se actualizan estos haberes por la inflación, y suponiendo que sea 10%, los pagos serían $1.092.145 millones, o sea, $118.668 millones menos en jubilaciones y prestaciones sociales a lo contemplado por la actual ley de Movilidad Jubilatoria que fue sancionada en 2009.

Impacto en los precios

En el Gobierno explican que la señal más importante de una medida así no sería su impacto fiscal sino sobre los precios: el 48% del gasto público primario -jubilaciones y planes- pasaría a ajustarse por la inflación y no por variaciones de recaudaciones de hace un año atrás que eran más altas dada la desinflación que hubo.

Los lineamientos del proyecto oficial irían en consonancia con la opinión de economistas locales y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).

Técnicos de la Anses señalan que sería un error actualizar los haberes por la inflación y dejar de lado la actual fórmula.

La última recomendación del FMI (2016) dice que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en adelante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”.

Precisamente el lunes el staff del FMI arranca la nueva misión para el artículo IV de este año liderada por el economista italiano Roberto Cardarelli. Se verán por dos semanas en Buenos Aires con funcionarios y empresarios.

También la OCDE, en su último informe sobre la economía argentina, recomienda “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”.

Allí subraya que la fórmula por la que Argentina actualiza sus jubilaciones “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”.

Señala que el 70% de los beneficiarios recibe la jubilación mínima que es cerca del 80% del salario mínimo y equivalente al 54% del salario promedio. El Gobierno garantizaría el 82% del salario básico para quienes hayan aportado.

En detalle

– Aportes: se eliminan para los salarios menores a 10.000 pesos.

– Paternidad: extienden la licencia y habrá un mes sin goce de sueldo.

– Consumo: suben los impuestos internos a gaseosas y cigarrillos.

– Jubilaciones: se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor y no por la ley de Movilidad.

– AUH: también se ajustarán por inflación igual que las asignaciones familiares.

– Ganancias: las firmas que reinviertan sus utilidades pagarán 25 por ciento.

– Impuesto al Cheque: será deducible de Ganancias.

– Renta financiera: se gravarán las inversiones mayores a 1,4 millón de pesos.

– IVA: pondrán Impuesto al Valor Agregado a empresas que presten servicios.

Otros cambios

– Blanqueo laboral.

– Eliminar aportes patronales para los salarios menores a $ 10.000.

– Extender la licencia para los padres recientes y otorgar la posibilidad de un mes al año sin goce de sueldo.

– Un aumento de tarifas de alrededor de 35% en diciembre -luz y gas- y dos subas de 20% para las tarifas en 2018. Establecer un sendero de corrección en el precio del transporte de 50 centavos por mes (más un sistema de descuento para los viajes subsiguientes).

– Gravar las inversiones mayores a $1,4 millones en bonos, plazos fijos y Lebacs.

– Se cobrará IVA a servicios de empresas no radicadas en el país (caso Netflix).

– Se deducirá parte del impuesto al cheque de Ganancias.

-Reducir la alícuota de este gravamen de 35% a 25% para empresas que reinviertan las utilidades.

Según fuentes oficiales, el costo fiscal de la reforma tributaria estaría entre 0,3% y 0,5% del PBI, unos $ 50.000 millones, una cifra que se considera como un impacto “neutro” desde las cuentas públicas. Hoy, tras el discurso del Presidente en el CCK, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dará detalles de la reforma a los gobernadores.

Están invitados gobernadores, jueces y sindicalistas

El presidente Mauricio Macri anunciará hoy ante gobernadores, autoridades parlamentarias, jueces, empresarios, sindicalistas, universidades y entidades religiosas un ambicioso plan de “reformas institucionales, económicas y educativas” que enviará al Congreso para tratar en sesiones extraordinarias.

Fuentes de la Casa Rosada confiaron a DyN que uno de los principales objetivos de Macri es “avanzar en un acuerdo” con gobernadores y legisladores “antes de fin de año” para impulsar una “reforma impositiva” que incluya la eliminación de impuestos distorsivos como los de Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales, entre otras discusiones sobre la coparticipación federal que busca incluir en la discusión del Presupuesto 2018.

El acto está previsto para hoy a las 11:45 en el Centro Cultural Kirchner, a metros de la Casa Rosada, donde Macri junto a sus ministros expondrá las iniciativas que luego serán debatidas en mesas de trabajo con distintos sectores.
Gobernabilidad

En ese marco, Macri anunciaría la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 30 de noviembre próximo hasta fin de año y retomarlas en febrero de 2018.

Asimismo, se espera que en la presentación de una serie de “acuerdos básicos de gobernabilidad”, como lo definió el ministro del Interior Rogelio Frigerio, Macri apunte a implementar medidas que generen el “alivio fiscal” requeridos por empresarios y gremios con una reforma impositiva “equitativa”, entre otros puntos.

Entre otras medidas que podría anunciar el presidente, figuran una reforma a la ley de Movilidad jubilatoria para mejorar el cálculo de reajustes en base a la inflación, al igual que los montos de asignaciones familiares, la eliminación de aportes patronales para salarios menores a 10.000 pesos, una suba de tarifas y pasajes de colectivo escalonadas, gravar las inversiones que superen el millón y medio de pesos en plazos fijos y bonos y deducciones de impuestos al cheque y ganancias.

La organización del evento estuvo a cargo del secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, bajo la supervisión del Presidente y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes junto al ministro Frigerio, y el de Trabajo, Jorge Triaca, se repartieron durante toda la semana la convocatoria a los dirigentes de cada sector.

Altas fuentes oficiales indicaron que las 150 personas invitadas al acto son “todos representantes institucionales” como gobernadores, magistrados, autoridades de las cámaras parlamentarias, jefes de bloques, asociaciones empresarias, sindicatos y autoridades religiosas y universitarias.

Varios gobernadores ya confirmaron su asistencia al encuentro donde Macri anunciará “los lineamientos generales” de todas las modificaciones, que incluirá la presentación de proyectos de ley como reforma tributaria, reforma del Ministerio Público Fiscal, reforma del Consejo de la Magistratura y reforma electoral, además del proyecto de Presupuesto nacional 2018.

Nueva cita

En ese sentido, el jefe del bloque de diputados nacionales de Cambiemos, Nicolás Massot, destacó que la presentación de será el “primer paso para lo que después tiene que terminar en una ley” aunque, dijo, “habrá que ir viendo cómo evoluciona y la respuesta de la contraparte, los sindicatos, los gobernadores”.

Por eso, el Gobierno tiene previsto convocar a una nueva reunión a los gobernadores el jueves 9 de noviembre para debatir la reforma impositiva y la redistribución de recursos, aunque entonces no se encontrarán con el presidente que estará de viaje por Estados Unidos.

Ese segundo encuentro previsto con los mandatarios provinciales podría ser conducido posiblemente por los ministros Frigerio y Nicolás Dujovne, de Hacienda.

El kirchnerismo ya avisó que no irá

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Héctor Recalde, adelantó no irá al acto donde el presidente Mauricio Macri realizará anuncios de reformas legislativas porque consideró que “no tiene sentido” asistir.

Recalde, abogado laboralista y ex asesor de la CGT, sostuvo que “mejor que estar ahí sentadito leeré después el informe, que auguro, no va a ser lo que yo pienso para el futuro”.

De todas formas, garantizó que “el debate institucional lo vamos a debatir en el Parlamento”.

“No voy a ir a la convocatoria del Presidente”, aseguró por radio Diez Recalde. Y, argumentó que “una reunión así no tiene sentido”.

El diputado reconoció su interés por conocer los anuncios que realizará el Gobierno, al señalar “vamos a ver qué pasa”.

“Estoy interesado en leer cuáles serán los contenidos”, admitió y advirtió sobre un posible “riesgo de seguridad jurídica”.