El Gobierno busca que las provincias bajen la presión impositiva y apoyen en el Congreso la reforma tributaria. Y como parte de la negociación, decidió que no enviará al Congreso la prórroga del cumplimiento del pacto fiscal firmado en 1993. Si no se aprueba esa postergación, y entran en vigencia los acuerdos de 1993, las provincias deben disponer un esquema de exención de Ingresos Brutos a la actividad primaria y a la industria, entre otras, y derogar el impuesto a los Sellos.

La prórroga original fue realizada por el kirchnerismo, con una ley del 28 de octubre de 2015. El mes pasado el Ejecutivo debía enviar otro proyecto similar al Congreso, junto con el del impuesto al Cheque y el del Presupuesto 2018, porque será parte de la negociación para aprobar el paquete económico después de las elecciones de octubre. Pero no lo hizo.

Según indicaron en el oficialismo del Senado, el pacto fiscal es parte de las leyes que están en juego, junto con el Presupuesto, Responsabilidad Fiscal, el impuesto al cheque, el excedente del Fondo del Conurbano, la reforma impositiva y la emergencia económica.

«Ese paquete tiene que resultar en tres leyes: una ley de gastos, el Presupuesto; otra de reforma impositiva, y otra de Responsabilidad Fiscal», explicaron.

No prorrogar el pacto fiscal obligaría a los estados subnacionales a implementar «parcial y progresivamente» la exención en Ingresos Brutos a la producción primaria; industria; prestaciones financieras; aseguradoras; compraventa de divisas; servicios de electricidad, agua y gas que no se realicen en viviendas, construcción de inmuebles.

Pero también obligaría a la Nación a reducir el IVA al 18%.

Las provincias todavía esperan conocer la propuesta del Ejecutivo para compensar una reducción en Ingresos Brutos, un impuesto distorsivo que explica un 75% de los ingresos provinciales. Hoy sólo están reduciendo la alícuota sobre los créditos hipotecarios.

Según indicaron en Hacienda, «recién se está empezando a negociar con las provincias un nuevo pacto fiscal» para modificar el sistema tributario de las provincias.

En los 90 algunas provincias eximieron Ingresos Brutos y otras volvieron hacia atrás. Hoy el esquema varía de provincia en provincia. Según datos del Observatorio Fiscal Federal, las alícuotas de la actividad primaria fluctúan entre 1% y 1,75% (con algunos máximos de 3,5%), mientras las de la actividad industrial tienen topes que superan 4%, donde resulta relevante la radicación de los establecimientos.

«Para resignar ingresos genuinos, tenemos que ver con qué resignarlos y en qué contexto bajar las alícuotas», dijo un ministro de Hacienda del una provincial norteña que recibió la visita de Hacienda. «Nosotros entendemos que es bueno tratar de mermar la presión tributaria de las provincias, pero que no se desfinancien. La modificación de Ingresos Brutos, lo que pueda haber de reforma tributaria y Fondo del Conurbano se tendrían que consensuar entre todas las provincias», agregó.

Por lo pronto, el Ejecutivo no tomará la iniciativa de prorrogar el pacto fiscal, pero entiende que si alguna provincia quiere impulsar su renovación lo puede hacer desde el Senado. «Si hay alguna intención de mantener la prórroga, que surja de los senadores. Mandamos la prórroga del impuesto al Cheque porque impacta en los ingresos del Tesoro nacional y con afectación específica a Seguridad Social, pero Ingresos Brutos es de órbita provincial», sostienen desde la administración central.

La idea del Ejecutivo es que en una primera etapa haya una discusión entre Nación y las provincias, seguida luego de otra en el Congreso. «Es el enorme acuerdo político que hay que hacer inmediatamente después de la elección», explicó el senador.

El pacto se reemplazaría con la reforma tributaria, que incluye la compensación gradual del impuesto al cheque, reducción de Ganancias si se reinvierten utilidades y el debate sobre un impuesto a la renta financiera. También con un acuerdo político sobre cómo compensar el Fondo del Conurbano bonaerense. «En el oficialismo creemos que en cualquier caso tiene que haber un acuerdo con o sin sentencia», explicaron. Y con la firma de 22 provincias del proyecto de Responsabilidad Fiscal para que el gasto corriente primario no supere la inflación.

El cóctel de medidas es amplio y sólo quedarán dos meses hasta fin de año para negociarlo, por eso ya se plantea llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso para enero y febrero. «Es un desafío político mayor. Está poco negociado, pero está bastante calculado; hay mucho trabajo hecho de simulaciones», dijeron en el Senado. «Habrá muchos elementos cuando las partes se sienten a negociar», completaron.