La aplicación del nuevo Código Procesal Penal en San Rafael ha agilizado las causas y aceleró el proceso de investigación con resultados alentadores y detenidos a pocas horas de consumado los hechos.

Es que la presencia de los ayudantes fiscales y del fiscal en el lugar del hecho permitió direccionar rápidamente la investigación y el ejemplo más claro sucedió después del doble crimen ocurrido en la calle Gutiérrez al 1500, y que es investigado por la Fiscal de Instrucción Andrea Rossi.

Esta herramienta que incorporó el gobierno provincial primero a todo el Proceso Penal, para luego también hacer extensivo al sur mendocino tuvo que esperar más de 17 años de que fuera implementado en el Norte de la Provincia. Todo ello, permitió acelerar las causas y una mayor participación del poder judicial en la investigación del hecho. Lo que antes hacían los policías ahora tiene la supervisión directa de los fiscales que son los que direccionan la investigación.

Imputaciones rápidas, audiencias de pedido de prisión preventiva a tan solo 20 días, como máximo, del día del crimen, permiten que los detenidos no permanezcan meses o años en prisión preventiva, dando un rápido esclarecimiento de su situación procesal.

Pero lo más importante a destacar son los resultados en materia investigativa. El doble crimen en pocas horas tuvo dos detenidos y 48 más tarde se aprehendieron a otros dos sospechosos.

La fiscal pudo imputar rápidamente y en un par de semanas se conocerán los resultados de su investigación cuando las pericias enviadas a Mendoza arrojen los resultados buscados, sobre todo los exámenes de ADN. Todo ello, permitirá dar sustento al pedido de prisión preventiva, generar rápidamente la clausura de la Investigación Penal Preparatoria para luego dar paso al pedido de elevación a Juicio con pruebas contundentes y de difícil objeción.

Lo cierto es que en la búsqueda de darle respuesta a la sociedad y sobre todo a las víctimas, este no es un caso aislado. En materia de violencia de género, el código permitió un rápido accionar de la Justicia con medidas tendientes a proteger a las víctimas y lo más notorio es la actitud del Ministerio Público Fiscal en no titubear a la hora de encarcelar a los agresores con antecedentes o que amenacen a mano armada a sus víctimas.

En delitos comunes también se aceleraron los procesos, la presencia del ayudante fiscal permite tomar medidas rápidamente cuando en el pasado esto tardaba días y ponía en peligro la investigación.

Hoy podemos decir que falta mucho para perfeccionar el sistema pero el rumbo está definido. Los delincuentes saben que con esta manera de trabajar se les hará difícil escapar.

Es por eso que, tanto las reformas al Código Procesal Penal que fueron articuladas, como la aprobación de las leyes de emergencia en seguridad, que permitió reequipar a la Policía de Mendoza, poner en marcha la base de datos de ADN, como así también otras herramientas tendientes a combatir el crimen, hacen que la investigación y esclarecimiento de delitos sea más eficiente.

Buenas herramientas y funcionarios capacitados y comprometidos son la receta justa para lograr el resultado tan anhelado y que no es más que combatir la inseguridad.

En ese sentido estoy convencido que implementar en el sur de la provincia el código procesal penal, ley 6730 con sus modificaciones, después de tantos años fue un acierto y no un problema como algunos agoreros vaticinaban.

Sen: Adrian Reche