El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizará un taller regional en materia de ciberdelito, el 14 y  15 de setiembre, en la Ciudad de Mendoza. La capacitación, destinada a fiscales federales y provinciales y procuradores de las regiones de Noroeste Argentino y Cuyo, es organizada por la Subsecretaría de Política Criminal con el apoyo del Consejo de Europa (COE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene el auspicio del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza.

La apertura del encuentro, que se realizará en un hotel céntrico de la ciudad, estará a cargo del subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Dalmiro Garay Cueli, y el procurador de la Corte de Justicia mendocina, Alejandro Gullé.

Benítez destacó la importancia del encuentro y adelantó que “los resultados que se esperan están encaminados a compartir buenas prácticas entre los participantes para generar una red de contactos que les permita hacer su trabajo más eficiente a través del intercambio de información sobre tareas comunes, al fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar nuevos retos en las investigaciones penales sobre delitos cibernéticos, tanto en los aspectos judiciales como tecnológicos y al fortalecimiento de los mecanismos regionales en asistencia mutua en materia penal”.

Por otra parte, el coordinador del Programa Nacional Contra la Criminalidad Informática, Marcos Salt, quien será uno de los expositores de las jornadas, explicó que “el problema de los delitos informáticos y la complejidad de su prevención e investigación ha aumentado considerablemente en los últimos años generando preocupación en los niveles nacional y provincial”. Además, resaltó  importancia de la evidencia digital para la investigación de todos los delitos.

En ese marco, el objetivo central del taller es poder dar respuestas a estos fenómenos y proveer al sistema de Justicia Penal de nuevas herramientas necesarias para una investigación eficiente y que al mismo tiempo no atenten contra las garantías individuales.