Ni el más perverso guionista podría haber imaginado la secuencia: menos de 24 horas después de que miles de personas reclamaran el fin de la impunidad para la corrupción ante las escalinatas de Tribunales -y otros tantos replicaran el mensaje en las plazas de las principales ciudades del país- una inesperada bomba de profundidad revolvió aún más los agitados ánimos sociales: tres respetables -aunque ignotos- jueces rompieron cualquier pronóstico al dejar en nada más de catorce años de proceso contra Amado Boudou por falsificar los papeles de un auto hace más de dos décadas, con el poco elegante objetivo de escamotearle a su ex esposa la parte que le correspondía por la venta del vehículo.

El discurrir de la causa -tan menor desde el punto de vista del interés público como elocuente para trazar un profundo perfil del ex vicepresidente kirchnerista- atiborró de pruebas el expediente. Justamente por la transparencia de la jugada y la torpeza con que el entonces joven disc jockey marplatense pasticheó su travesura, el caso creció sobre la montaña de documentos que mostraron sin lugar a dudas cómo se habían falsificado datos y firmas en los papeles que Boudou usó para anotar el vistoso Honda a su nombre en las fechas convenientes para desapoderar a su ex mujer.

Repasemos sólo algunas de aquellas maniobras: Boudou falsificó el formulario 04, donde registró una dirección falsa, el 08 con las firmas originales y el 012, pues no anotó allí el cambio de motor que hizo entre 1994 y 1995. Las irregularidades surgieron en 2003, cuando quiso radicar el vehículo en Capital Federal. Feo, pero a la luz del posterior derrotero del economista por la función pública, apenas el huevo de la serpiente.

Pese a la claridad del delito que se juzgaba, la interminable secuencia de apelaciones, recursos, pericias y otros manotazos surtieron el efecto buscado:que el calendario acercara la solución que el caso alejaba.

Con el frustrante resultado puesto, la causa del auto trucho ofrece una vidriera de absurdos que ilustran la bronca y la impotencia que el jueves se manifestaron en Tribunales. Primero: una cuestión casi doméstica ocupó -y distrajo- los recursos de la justicia federal sólo porque estaba involucrada una funcionaria pública, la titular de un registro de la propiedad automotor. Tras los primeros años de trámite en la justicia ordinaria, ese fuero, que debería dedicarse a investigar y condenar los millonarios delitos de corrupción que florecieron con impudicia durante tantos años, dedicó personal, dinero -un cálculo conservador estimaba ayer que esta causa no costó menos de dos millones de pesos al Estado- y años de idas y vueltas.

Segundo, y sin dudas lo más grave: es sencillamente imperdonable que ese exasperante trámite concluya con la cachetada pública de un sobreseimiento por prescripción.¿Qué pensaban los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg cuando admitieron celebrar semanas de audiencias, escuchar testigos, cotejar pruebas, oír alegatos y encerrarse a tomar una decisión que por el resultado que conocimos ayer ya estaba tomada?

La prescripción establece el plazo máximo en el que un delito puede ser juzgado, y es equivalente a la pena máxima que ese delito puede tener en una condena. Para la falsificación ideológica de documentos públicos, ese reloj se detiene a los ocho años. Si hasta entonces no hubo condena, el expediente puede convertirse en papel picado. Por supuesto, el lapso es interrumpido por las acciones que se vayan tomando en la causa, y ahí está uno de los motivos clave del masivo reclamo a la justicia federal. Según datos confiables, voceados en la marcha de anteayer, desde que se comete el delito hasta que se judicializa pasan 40 meses. Y el tiempo promedio desde la denuncia del hecho y la elevación a juicio supera los 7 años. Sólo el 15% de las investigaciones llegó al juicio oral. Y sólo una de cada diez causas resonantes tienen condena. Todo quedó certificado ayer.

Pero hay una esperanza. La segura apelación será tomada por la prestigiosa sala IV de la Cámara de Casación Penal, donde los jueces Hornos y Borinsky tal vez sean menos contemplativos y retomen el criterio anterior al de ayer: no hubo prescripción