El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, junto al director general de Escuelas, Jaime Correas, presentaron este miércoles ante la Cámara de Senadores de la provincia un proyecto de ley que reconoce al docente como sujeto de protección. Durante la presentación, Correas señaló que “frente a los hechos concretos de violencia, debemos dar herramientas que acompañen a los docentes y que les proporcione la seguridad y la asistencia de estos casos”.

Una de las primeras acciones que se deben realizar está vinculada a la obligación que tiene el docente y el equipo directivo de denunciar todos los hechos de abuso y maltrato y hacer las denuncias pertinentes.

Lo que se propone en este nuevo proyecto de ley es que la denuncia se va a hacer ante el asesor de menores incapaces y es el defensor el que va a tener la obligación de que hacer la denuncia a la Fiscalía. Esta acción se hace para proteger al docente, ya que muchas veces viven en la misma zona que los padres agresores, y también ayudará a no estigmatizar al menor por los actos cometidos por sus tutores. De esta manera, ni el docente agredido ni el equipo directivo tendrán que trasladarse hasta la comisaría.

El ministro Dalmiro Garay sostuvo que se incorpora “un nuevo derecho al docente en su estatuto, y la posibilidad de que un abogado del Estado lo asesore y represente de manera gratuita para presentar una denuncia penal o constituirse como querellante cuando sea objeto de delito o de una falta”.

Garay explicó que continúa la obligación de que cada docente denuncie, pero para evitar que ese maestro o profesor, directivo o personal de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares), deba trasladarse a una Fiscalía y estar junto con el sujeto denunciado se incorporó la obligación de la denuncia del hecho al asesor de menores quien será el responsable de avanzar con la denuncia formulada.

Sanciones para los agresores

“Respecto de las sanciones, estamos agravando el carácter de las mismas que iban hasta los $1.000 y 10 días de arresto, de acuerdo con el Código de Faltas, equiparando ahora las agresiones que sufren los docentes, celadores u otros miembro de la escuela con las que podría recibir un miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y elevando la multa a $3.000 y 30 días de arresto, con lo cual se triplica la sanción. Esto para el caso de faltas, en tanto que si es un delito, interviene la Justicia penal con las consecuencias previstas en el Código Penal”, explicó Garay.