El Presidente volvió a atacar a los abogados laboralistas en lo que ya es una práctica cotidiana. Ahora señala a los juicios laborales como la causa del cierre de pymes. Sin duda, los reclamos son consecuencia de la falta de registración de los empleados. Es decir, de haber evadido la ley, y perjudicado a esos trabajadores que no tendrán aportes por los años de trabajo, o que cobraron por ese empleo un salario inferior al que por ley les corresponde. En esos mismos discursos asegura que «no va más el país de la ventajita», en referencia a esos trabajadores que son convencidos por abogados laboralistas para hacer un juicio.

Los costos que asume quien tiene una empresa son muchos. Tiene que pagar los servicios, insumos, materias primas, impuestos y, claro, también los salarios de quienes contrata. Si su emprendimiento no da los resultados esperados, es probable que la empresa cierre. No puede dejar de pagar nada de eso. El Estado no va a dejar de cobrarle los impuestos, ni las empresas que le proveen el gas y la luz van a cobrarle menos, ni quienes le venden los insumos para su actividad van a regalárselos. Mucho menos un banco va a condonarle alguna deuda. Frente a todo eso, el Gobierno aduce que debe pagarse lo que realmente vale, incluso aconseja usar menos aire acondicionado o calefacción. ¿Por qué entonces el trabajador debe cobrar por su trabajo menos de lo que vale, o tolerar que no se hagan los aportes para su seguridad social?

Como si viviéramos en el mundo al revés, el Presidente culpa a las víctimas de la evasión que reclaman sus derechos y justifica a los evasores.

Es como culpar a los peatones que reclaman porque son atropellados al cruzar por la senda peatonal, y victimizar a los automovilistas porque si bien violan las leyes de tránsito, son muchas las personas que hacen juicio. En la lógica del presidente hay que cambiar los semáforos, que estén menos tiempo en rojo, o mejor aún, sacarlos.

Bialet Massé, en 1905 escribió un proyecto de Código del Trabajo por encargo del presidente Julio A. Roca, y al hablar del salario escribió: «el que no puede pagar a sus peones lo que es necesario para vivir estrictamente, no los tiene; como el que no puede comprar y mantener un caballo, anda a pie».

En el mismo sentido, Franklin D. Roosvelt, Presidente de EE.UU., en 1934 aseguró: «ningún comercio, cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país». Fue parte de su plan para salir de la crisis económica de los años 30.

El derecho del trabajo tiene su razón de ser en la existencia de una desigualdad material entre trabajadores y empresarios. El empleado que está en soledad frente al empresario poco puede hacer para exigir el cumplimiento de sus derechos. Hacer efectivos los derechos es rol del Estado, los sindicatos y de la justicia laboral.

Podría bajarse la litigiosidad si el Gobierno tuviera una política de fiscalización que sancione la informalidad. Al contrario, despidieron un centenar de inspectores del Ministerio de Trabajo, hecho cuestionado por la OIT.

Las declaraciones de Macri son las de quien sueña con un país de trabajadores indefensos, sin abogados ni justicia, donde prime la voluntad de los empresarios, que es la ley del más fuerte. Ese es el país de su ventajita.

Fuente:https://www.cronista.com/columnistas/El-pais-de-la-ventajita-20170711-0003.html