Pedro Goyena, 6 de julio de 1883. El diputado arremete enérgicamente en un discurso contra el proyecto de ley 1420, la norma que cambiaría en los próximos años la educación argentina. «Queremos que el niño a quien el padre, a quien el sacerdote, no puedan dar educación religiosa, halle en la escuela la luz que supla esa deficiencia del hogar, que supla la falta del cura. La Iglesia quiere la enseñanza religiosa en la escuela, quiere que el catecismo se enseñe en todas partes», decía Goyena en el Congreso. 

Él y otro grupo de legisladores que escribían en la prensa católica La Unión lanzaban efusivas arengas entonces contra lo que consideraban una ley «impía» y «tiránica«, inspirada en los lineamientos de Domingo F. Sarmiento y del Congreso Pedagógico Internacional, celebrado un año antes por auspicio oficial.

No tuvieron éxito. Un año más tarde, el 8 de julio de 1884, el presidente Julio Argentino Roca promulgaba la enseñanza común, obligatoria y gratuita. El Estado liberal avanzaba en su marcha en sintonía con otros países, como Francia (faro cultural de la élite criolla), que había sancionado dos años atrás su propia legislación.

La tarea por tener una educación masiva, moderna y pública no fue fácil. Uno de los puntos neurálgicos más discutidos de la ley era el carácter laico del sistema. La cuestión supuso un virulento conflicto entre la Iglesia Católica y el Gobierno nacional, que incluyó acciones judiciales, procesamientos, la expulsión del nuncio papal Luis Mattera y una campaña de hostigamiento de los católicos contra las profesoras estadounidenses Frances Amstrong y Wall, contratadas por el Estado argentino para formar a las futuras maestras y maestros que tratarían de sacar a un pueblo del analfabetismo.

Las crónicas de época reflejan el poder político de la Iglesia y la influencia que ejercía sobre las conciencias. Por la oposición de sus detractores, se instaló la creencia de que la 1.420 se trataba de una ley «laica» o atea. Sin embargo, el modelo planteaba una convivencia con la religión. El mismo artículo 8, el que provocó tanta reacción eclesiástica, habilitaba el dictado de educación confesional en las escuelas estatales, antes o después del horario de clase, y eran los ministros religiosos los que, de manera autónoma y separada del Estado, podían dictar los contenidos.

Si bien ya no existen los Goyena o los Roca, la cuestión tiene vigencia. Lejos de lo que se piensa, uno de cada cinco alumnos de primaria asisten a escuelas con educación religiosa. Son más de un millón y medio de estudiantes los que asisten a establecimientos confesionales, si se incluye en ese grupo a los asistentes al secundario. Tampoco existe, hoy en día, un laicismo educativo explícito en la legislación nacional. «En la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 no hay definiciones de este tipo más allá del artículo 28, que dice que los progenitores y tutores tienen el derecho de elegir para sus hijos o representados la institución educativa que responda a sus convicciones religiosas», señaló la Sol Prieto, licenciada en Sociología (UBA), becaria del Conicet y colaboradora en el área Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL).

Para Juan Cruz Esquivel, doctor en Sociología (Universidad de San Pablo) e investigador de las líneas de investigación de las áreas de Religión y política y Estudios sobre laicidad del Conicet, la normativa educativa «no termina resolver la ecuación» entre lo laico, lo público y lo religioso. «Si bien realza el rol del Estado como garante del derecho individual y social a la educación, a la hora de definir los responsables de las acciones educativas, menciona al propio Estado Nacional, a las provincias, a los municipios y a las confesiones religiosas reconocidas oficialmente».

Si el viejo dilema de «laica o religiosa» está presente a nivel nacional, es aún más tangible en la realidad del interior del país. El carácter federal del sistema permite una llamativa heterogeneidad en el sistema educativo. Según un estudio de Esquivel, siete provincias promueven en sus constituciones o legislaciones, de manera opcional u obligatoria, la enseñanza religiosa (mayoritariamente católica) en las escuelas de gestión estatal. En Córdoba y Santiago del Estero la facultad existe, pero no se especifica el momento en que se dictan estas clases. Los casos más destacados son los de Salta y Tucumán, donde las clases de religión se imparten obligatoriamente en horario de clase. En Catamarcatambién existen exigencias curriculares de este tipo, aunque «informalmente» se flexibilizaron luego de que la comunidad judía, a través de la DAIA, denunciara al gobierno provincial por discriminación.

En el otro extremo del sistema, un grupo de doce distritos se manifiestan taxativamente laicos o pluralistas en lo educacional. Las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego tienden a reinvidicar una enseñanza cientificista, pluralista y no dogmática. Por su lado, la Capital Federal, Mendoza, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Neuquén impulsan un laicismo «puro» desde el nivel inicial hasta el universitario. Sus constituciones y leyes locales fomentan una instrucción orientada a la vida democrática, la libertad, las diferencias culturales y la convivencia humana, por lo que no hay orientación o privilegio hacia algún culto en particular.

En el medio están Formosa, Misiones o Santa Cruz, que no hacen ninguna referencia al carácter confesional o laico del sistema. Otros casos incorporaron en sus constituciones la promoción de una formación integral bajo los «principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia», como la provincia de Buenos Aires, o impulsan una educación que incluya entre sus fines el respeto de los «sentimientos religiosos» del país, como La Rioja.

Los alcances del financiamiento estatal

Más allá de los diseños constitucionales, los canales por los que el Estado deja participar a la Iglesia en las políticas educativas y los contenidos son múltiples y variados. El más conocido es la ayuda financiera que hace el Estado a las escuelas privadas que, en su mayoría, son de extracción católica. La subvención económica colabora indirectamente con el sostenimiento de la impronta educativa confesional, al otorgar a los establecimientos la atribución de elaborar planes de estudio de acuerdo a sus creencias y su ideario, una potestad que está garantizada en la Ley 26.206.

Según Prieto, el respaldo a la educación privada en general (y a la religiosa en particular) responde a una reestructuración del Estado que arrancó en 1992, que favorece la complementariedad y la subsidiariedad de la enseñanza. Es decir, «a que el Estado vaya cediendo el lugar, por acción u omisión, a la iniciativa de la Iglesia en el terreno educativo».

«La descentralización educativa en los últimos veinte años implicó la consolidación de un sector de salida privada (mayoritariamente confesional) del sistema estatal, que permite absorber la nueva demanda educativa. Además, esto genera focos estatales de poder que son más débiles a la hora de gestionar frente a un actor fuerte y homogéneo, como son los colegios católicos cuando negocian con el Estado», aseguró Prieto.

Esta lógica, señala la investigadora, se refuerza otros mecanismos como la provincialización de la paritaria docente. Este año el cuadro se profundizó con la eliminación de la negociación nacional por parte del ex ministro de Educación, Esteban Bullrich, y que motivó un intenso conflicto entre los sindicatos de maestros provinciales y el Gobierno nacional. «Al descargar sobre los gobernadores todo el peso de la negociación del salario docente, se refuerza esta dinámica porque les permite tomar las subvenciones a las escuelas confesionales como variable de ajuste», afirma Prieto. De acuerdo a sus cálculos, el 75% de las escuelas privadas tienen subvención total, mientras que el 61% de las escuelas privadas con subvención parcial en Argentina son confesionales. De las escuelas confesionales, el 96% son católicas.

«Esto puede generar un crecimiento de la educación confesional tanto en el porcentaje de la matrícula provincial (demanda), como en los porcentajes de unidades educativas (oferta) y de gasto estatal transferido a estas escuelas. Este crecimiento ocurrió cada vez que existieron descentralizaciones educativas», concluyó la socióloga.

Un convidado de la agenda educativa

La incidencia de la Iglesia Católica se manifiesta también en la etapa de diseño de las políticas educativas. La participación del sector es explícita y está formalizada en los distintos ámbitos de negociación y articulacipon del Estado con las autoridades de la enseñanza pública.

«La Iglesia católica detenta un lugar relevante en el sistema educativo en general. Más allá recibir aportes estatales para el sostenimiento de sus escuelas, ha participado de los Consejos Consultivos, instancia del Ministerio de Educación de la Nación en el que se discuten y definen los lineamientos generales de la estructura curricular de todo el sistema educativo», señaló Esquivel.

Hay varios ejemplos en la historia reciente en cómo la Iglesia logró intervenir, con éxito, en la agenda pública. Tanto con la Ley Federal de Educación de 1993, como con la ley 24.049 de transferencia de los servicios educativos a las provincias, el apartado de la educación privada «fue directamente redactado por representantes del Consejo de Educación Católica», señala Prieto.

Otro caso fue la discusión de los Contenidos Básicos Comunes en 1995, bajo el mandato de la presidencia de Carlos Menem. Aquel año, el ministro de Educación Jorge Rodríguez modificó, en base a unos planteos de la Iglesia, una serie de temas en las áreas de Formación Ética y Ciudadana, Igualdad de oportunidades para la Mujer, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. «Este cambio provocó en ese momento la renuncia del grupo de expertos que inicialmente había trabajado sobre estos contenidos», recordó la investigadora.

La capacidad de la Iglesia de constituirse como un interlocutor con poder de veto se observa también en los dispositivos educativos que se dictan en las escuelas y preparan a los chicos para el ingreso de la vida social. «Mientras en Capital Federal se crean programas de educación sexual, en La Rioja se apunta a la preparación para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar», advirtió Esquivel.

Sin embargo, durante los 12 años de gestión kirchnerista, el Gobierno implementó cambios y reformas que limitaron la autonomía pedagógica de las instituciones eclesiásticas. Una de ellas fue la creación de la Nueva Escuela Secundaria (NES), que dispuso de una estructura de un ciclo básico común de dos años y 10 orientaciones para todas las escuelas secundarias del país.

«Esta mirada llevó a que las escuelas católicas pierdan espacios de definición institucional por la exigencia de carga horaria en la adecuación de planes de estudio por orientación. Pero esta misma situación fue vivida por instituciones públicas de gestión estatal y privada laicas o de otras confesiones», subrayó la mágister Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la Universidad Católica Argentina (UCA). «Igual suerte han tenido las Instituciones católicas de formación docente que debieron rediseñar sus planes de estudio, de acuerdo con las normas del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD), sacrificando espacios propios de definición institucional», completó.

En general, las reformas educativas «encorsetaron los espacios de definición institucional de las escuelas católicas y de los Profesorados, que debieron adecuar su estructura organizativa y funcional a las normas generales». Esto hizo, según Azar, «perder en algunas instituciones espacios para diseñar su propio proyecto educativo».

Tras el cambio de Gobierno, la Iglesia y el resto de las instituciones privadas empezaron a «ampliar el margen de libertad para rediseñar las ofertas curriculares, pero no está claro aún bajo qué condiciones y lineamientos se podrá realizar».

Otro mecanismo de incidencia que ha mantenido la Iglesia, aunque indirecto, es el reclutamiento de los funcionarios de las áreas educativas en el Estado que provienen de universidades e institutos de enseñanza confesional. «Este rasgo, recurrente en los gobiernos democráticos, no había estado presente durante el kirchnerismo y con Cambiemos volvió a aparecer», sostiene Prieto. «Personas provenientes de la Vicaría en Educación del Episcopado porteño, de grupos políticos formados en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), políticos y especialistas provenientes del entorno del católico notable Santiago de Estrada, circulan por los Ministerios de Educación nacional y porteño», añade. Por ejemplo, de allí se desprende que el propio Bullrich haya sugerido, en un acto realizado este año en Corrientes, que podría ser beneficioso que se incluyan contenidos religiosos en la currícula de las escuelas estatales.

La irrupción de católicos como cuadros estatales surge a partir de «grupos de sociabilidad», en los cuales «lo político y lo católico son dos factores que están entremezclados». Pero también tiene que ver con una inquietud específica. «La tarea de educar y la tarea de evangelizar están muy relacionadas y efectivamente el catolicismo, desde toda su riqueza y diversidad, posee muchos especialistas que se dedican a la docencia, a la pedagogía, a la gestión educativa y a pensar la educación como política educativa», completó la investigadora.

Debajo de la superficie del poder de lobby existen factores culturales, históricos y sociales que colocan a la Iglesia Católica como un actor representativo de la vida colectiva. Un estudio internacional de la WorldWide Independent Network (WIN) reveló que el 78% de los encuestados en Argentina se consideraba religioso. Aunque no es el único credo, el católico sigue siendo el mayoritario. Por eso no resulta extraño que los gobernantes y la dirigencia política tiendan a reconocer «en sus discursos, la raíz católica en la formación de la nación argentina y la legitimidad moral y espiritual de la Iglesia Católica». «Esa retórica se traducía en la práctica en una incidencia concreta de la elite eclesiástica a la hora de elegir a los ministros de Educación, de definir las políticas en materia de salud reproductiva o de redactar las leyes educativas», escribió Esquivel en su trabajo Los intersticios de la Laicidad en Argentina y los desafíos de un Ejercicio Teórico-metodológico (2016).

Salta, la tradicional

El caso más paradigmático en el que lo político y lo cultural se mezclan es el de Salta. En la provincia del gobernador Juan Manuel Urtubey, la instrucción católica es obligatoria por ley en las escuelas estatales desde 2008. A raíz de una demanda presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la cuestión llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Para dar mayor participación al debate, el máximo tribunal convocó a una audiencia pública para el próximo 19 de agosto para tratar si la enseñanza confesional, en el ámbito estatal, vulnera o no la Constitución, el derecho a la intimidad y a la libertad de pensamiento y de culto.

La judicialización del tema provocó el rechazo de las instituciones católicas. La curia salteña reivindicó la instrucción confesional obligatoria y afirmó que «es respetuoso de las decisiones de los padres y de las demandas de los niños». «No es aceptable imponer una religión determinada, pero tampoco suprimirlas a todas en la educación común. Se trata de conocerlas y enseñar a convivir creativamente. La pluralidad de voces tiene vigencia real cuando se las armoniza, no cuando se impone el silencio a unas o a todas», señalaron a través de un comunicado los cuatro obispos provinciales, encabezados por el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello.

Para Azar, la educación confesional en Salta es «optativa» y «quienes no desean formarse religiosamente pueden elegir otros contenidos». «Aunque sí es lógico que aprendan en diversas materias todos elementos de la religión católica como parte de la cultura local, de igual forma que seguramente se aprenderán elementos religiosos de las culturas de los pueblos originarios», expresó. Además, resaltó que forma parte de los derechos humanos que la educación sea integral y que «la escuela estatal tiene que ser un espacio inclusivo, no solamente para las personas laicas». «Por lo tanto, la escuela pública estatal tiene que estar abierta a ofrecer optativamente formación religiosa en acuerdo con los credos, según las demandas de la sociedad», sostuvo.

Si bien manifestó su acuerdo con el modelo educativo salteño, Azar reconoció que su generalización hacia todo el país sería «compleja», dada «la tradición laicista argentina en algunas provincias». «Por el momento parece razonable que aquellas provincias que han mantenido una tradición de enseñanza de la religión optativa dentro de sus escuelas estatales, la sigan ofreciendo, y aquellas provincias que han encontrado otras soluciones, continúen así», concluyó.

Según José Zanca, doctor en Historia de la Universidad de San Andrés, investigador del Conicet, y autor de varios libros y trabajos sobre cultura católica y sus vínculos con la política, las voces que se alzaron en defensa de la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas «son minoritarias dentro de la Iglesia católica» ya que el clero «apuesta, con mucha más energía, a la educación privada confesional», y advirtió que estos grupos lo que buscan es «simplemente apoyar un discurso de orden». «En algunas provincias, los políticos suponen que un perfil más tradicionalista trae votos», señaló.

Sol Prieto, en cambio, sostuvo que en el caso salteño «hay una memoria colectiva» que ubica al poder político y al poder religioso en los orígenes del pueblo salteño, que se remonta a la fundación de la capital provincial en fines del siglo XVI. «Hay toda una idea que vincula fuertemente el «ser salteño» al «ser católico. En base a esto, la enseñanza religiosa en las escuelas estatales implica, para la comunidad política salteña, una defensa de lo salteño como algo particular, diferente del resto de la Argentina y sobre todo diferente a Buenos Aires», concluyó.

Fuente:http://www.infobae.com/sociedad/2017/07/23/a-133-anos-de-la-ley-1420-que-tan-laica-es-la-educacion-argentina/