La semana pasada, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr; el director Nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda, Marcelo Busellini, y el titular del IPV, Damián Salamone, firmaron un convenio para el financiamiento de 1.130 viviendas bajo el sistema público privado.

A través de este convenio, la Nación habilitó al IPV a iniciar el procedimiento para el llamado a concurso de proyectos de los Conjuntos Urbanos Integrados que, en una primera etapa, incluirá a los departamentos de Maipú, Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. 

El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, destacó la importancia de la implementación de este sistema en Mendoza que posibilitará reducir sustancialmente el déficit habitacional de  explicó que el sistema contempla para cada proyecto una inversión del 30%por parte del Estado. El 70% restante será cubierto por el sector privado, a través del financiamiento de bancos públicos o privados.

La Nación aprobó ya el desarrollo de 60 proyectos en Mendoza y existen otros 80 que se están estudiando, informó Kerchner.

Los proyectos que comenzarán a ejecutarse demandarán una inversión estatal de $450 millones y una inversión privada de más de $800 millones.  Se construirán viviendas de 55m2 y 65m2 para familias que no tienen la capacidad de acceder a un crédito hipotecario por parte del sistema financiero y viviendas para ser adquiridas a través de Pro.Cre.Ar. u otros créditos hipotecarios.

“Somos la provincia que tiene más proyectos presentados bajo el sistema público privado y la primera en firmar el aval para poder licitar. Al tener el 100% de las obras al día, nos permite tomar este tipo de desarrollos”, destacó el titular del IPV Damián Salamone.

Los nuevos planes de vivienda

El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda explicó en rueda de prensa las características de los nuevos planes de vivienda que ha anunciado la Nación.

“La variante publico privado tiene dos versiones, una dirigida directamente a desarrolladores que se llama CUI (Conjuntos Urbanos Integrados), donde un tercio de las viviendas se tienen que ceder a vivienda social, es decir a grupos familiares que perciban hasta dos salarios mínimo vital y móvil. Mientras que los dos tercios restantes van a ser específicamente para familias que ganen de dos a cuatro salarios”, detalló.

“El desarrollador podrá gestionar un crédito puente, con un banco privado o público, y a través de este crédito, ejecutará el emprendimiento de manera conjunta y simultánea con las viviendas sociales, es decir que el conjunto es uno solo”, aclaró Salamone.

“La diferencia es que el tercio de las viviendas sociales lo paga el IPV con financiamiento del Estado (nacional y provincial) y los dos tercios que realiza el desarrollador con crédito puentes. Después será traducido a créditos hipotecarios a cada una de esas familias que califiquen al crédito”, completó el titular del IPV.

“La otra versión de público privado está orientada a entidades intermedias y se llama Trabajo=Vivienda. Tiene características similares ya que también hay participación del Estado y del sector privado. La diferencia es que el Estado ya sea provincial o nacional, financia un 30%, que sería un subsidio a la tasa, para que el 70% restante del valor del emprendimiento lo tomen a través de créditos hipotecarios las familias que vayan a ser futuros adjudicatarios”, finalizó Salamone.

Por último, aquellas familias que ganen menos de dos salarios mínimo vital y móvil, es decir, de 0 a 2 salarios, van a seguir con el sistema tradicional de financiamiento 100% a través del IPV.