Consultados por LA NACION, especialistas en medio ambiente del Gobierno y de organizaciones sociales coinciden en los puntos clave para reducir el impacto de las intensas lluvias a largo plazo. Subrayan que las políticas que deberían aplicarse -desde la necesidad de establecer un plan de ordenamiento territorial hasta la de diversificar la matriz energética- implican una tarea articulada de las diferentes carteras del Estado, pero también de la sociedad civil y de actores económicos como el campo y las empresas.

En este sentido, otorgarle al factor ambiental un peso significativo a la hora de establecer políticas públicas resulta prioritario.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), explica que hace falta tener una visión «ecosistémica» para entender los múltiples factores que provocan las inundaciones.

«No se puede tocar un elemento de la naturaleza sin desacomodar los demás: las consecuencias muchas veces no se muestran inmediatamente, sino con situaciones catastróficas», cuenta. «Es necesario que el ambiente sea considerado como una variable importante a la hora de definir las políticas públicas, como la económica o la social.»

Para él, hacer un uso sustentable de los recursos significa apostar a un mayor bienestar humano por la cantidad de servicios que una naturaleza en buen estado de conservación le brinda a la sociedad, como reducir el impacto de las lluvias. Y dice: «Cuando hablamos de conservar un bosque o un humedal, estamos hablando también de reducir las pérdidas humanas y económicas que provocan las inundaciones».

De quién es la culpa

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, agrega: «Se le echa la culpa de las inundaciones al cambio climático y a países como Estados Unidos, ¿pero qué estamos haciendo nosotros? La Argentina está en el puesto 25 entre los países que emiten más gases de efecto invernadero, lo que se vincula con nuestra forma de producir energía, con la deforestación y el modelo de agricultura y ganadería. No podemos decir que no tenemos ninguna responsabilidad».

Por su parte, Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, también opina que «todavía es un asunto pendiente en la Argentina que los temas ambientales sean considerados como una pata más para un desarrollo sustentable». Sostiene que, normalmente, en el sector privado como en el público se prioriza la cuestión económica.

Anticiparse a las catástrofes. Prevenir. Ése es otro de los nodos de la cuestión. «Los ecologistas planteamos el principio precautorio como una de las claves. Debemos ser más prudentes a la hora de la planificación urbana», asegura Giardini.

Ordenamiento territorial: planificar el uso del suelo en todo el país

El ordenamiento territorial establece los usos que se le darán al suelo: por ejemplo, dónde podrán establecerse las ciudades o desarrollarse la agricultura y la ganadería, y en qué lugares se pondrá el foco para la conservación de recursos naturales que brindan servicios ambientales fundamentales. Los especialistas coinciden en que establecer un ordenamiento a nivel nacional es la principal medida -y que de alguna manera engloba a las demás- que debería implementarse para prevenir las inundaciones.

Nápoli subraya: «Es necesario sancionar una ley de ordenamiento territorial nacional y una de evaluación de impacto ambiental [la Argentina es el único país de América latina que no la tiene a nivel país], que unifiquen los criterios para la autorización de actividades como grandes obras en cada provincia, que pueden impactar negativamente en el ambiente».

En este sentido, Miñarro opina que la falta de decisiones sobre cómo planificar el uso del territorio lleva a que sea utilizado de manera desordenada, con modelos productivos agropecuarios que están más regidos por el mercado que por el verdadero potencial o el correcto uso del suelo. «Ahí aparece el link con las inundaciones», dice.

Giardini agrega: «La planificación de las ciudades es clave para no destruir ecosistemas frágiles que nos protegen de altas precipitaciones: a más cemento, menos posibilidades de absorción».

Humedales: sancionar una normativa que proteja estos ecosistemas

Al igual que los bosques, los humedales funcionan como «esponjas naturales», brindando servicios ambientales clave, por ejemplo, a la hora de prevenir inundaciones. Por eso, los especialistas subrayan la importancia de sancionar, cuanto antes, una ley que los proteja.

Al poco tiempo de asumir, el presidente Mauricio Macri anunció la necesidad de sancionar una ley de humedales. «Hay un proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pero le costó mucho avanzar por la presión del sector inmobiliario y agroindustrial, ante la ambiciosa búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados ecosistemas», dice Nápoli.

Explica que los humedales brindan muchos servicios ecosistémicos, entre ellos, absorben y retienen el agua, y regulan el ciclo hidrológico. Agrega que hay un 20% del territorio argentino que forma parte de humedales.

Miñarro señala que cuando el suelo donde se encuentran se ve modificado, el agua antes absorbida por estas ecorregiones sigue su curso e inunda otros sectores.

Las fuentes consultadas remarcan la necesidad urgente de inventariar todos los humedales que existen (desde el Ministerio de Ambiente aseguran que ya se encuentran trabajando en esto), y a partir de ahí establecer las medidas de protección y evitar que se establezcan sobre ellos actividades que los hagan desaparecer.

Bosques: garantizar que se cumpla la ley y penalizar el desmonte

Los referentes de las organizaciones sociales afirman que, en la práctica, la ley de bosques no se aplica, y que los mismos se encuentran amenazados por el avance de la frontera agropecuaria y los desarrollos inmobiliarios.

Desde Greenpeace advierten que los datos oficiales estiman que desde la sanción de la ley, en 2007, se desmontaron 2.403.240 hectáreas en el país, y que durante el año pasado el 42% de la deforestación se realizó donde la normativa no lo permite. Agregan que un reciente informe de la FAO ubicó a la Argentina entre los diez países que más desmontaron durante los últimos 25 años: se perdieron 7,6 millones de hectáreas (una superficie similar a la provincia de Entre Ríos), unas 300.000 al año.

«Una hectárea con bosques absorbe diez veces más precipitaciones que una con soja. Más desmontes es sinónimo de más inundaciones», subraya Giardini.

A la necesidad de un estricto cumplimiento de la ley vigente, desde Greenpeace agregan la de sancionar una nueva normativa que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales. «Hoy por violar el bosque se paga una multa irrisoria. Estamos impulsando una ley de delitos forestales para que sea considerado un delito penal», explica Giardini.

Respetar el presupuesto que la ley otorga para la protección de los bosques, es otra de las cuentas pendientes. Nápoli advierte: «Es sistemáticamente desfinanciada».

Reforestar: recuperar las especies nativas que se perdieron

Reforestar las especies nativas es el camino para recuperar aquellos ecosistemas que ya se perdieron a causa de la deforestación y el mal uso del suelo.

Los especialistas explican que al perder los bosques, las napas freáticas (el agua subterránea) comienzan a estar más cerca de la superficie, se disminuye la absorción, aumentan los riesgos de inundaciones y, una vez que se producen, el agua permanece allí más tiempo.

Miñarro afirma que recomponer el bosque que se taló (así también como el pastizal que se aró y el humedal que se contaminó o desagotó) resulta prioritario. Y ejemplifica con el caso de Córdoba, una de las provincias donde la situación es especialmente alarmante: durante el último siglo, perdió más del 95% de sus bosques nativos.

Según el especialista, por esa razón, en los últimos años las lluvias han tenido un impacto fortísimo en las ciudades de las sierras cordobesas. «Hay muchas cuencas asociadas a bosques que hay que empezar a reforestar, para volver a tener el servicio de mitigación de las grandes lluvias y controlar todo ese volumen de agua que hoy afecta rápidamente a esas localidades», dice.

Y agrega: «Cuando un country o una ciudad se inunda, se le echa la culpa al cambio climático, pero también hay que considerar que fue el hombre el que eligió mal el lugar donde llevar adelante esa obra de construcción».

Diversificar los cultivos: incentivar una agricultura responsable

El desarrollo de un modelo productivo basado en el monocultivo, que cambió de manera significativa el uso del suelo y arrasó con el bosque nativo, es otro de los puntos que más preocupación generan. «Dicho modelo empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas», dice Nápoli.

Como él, los especialistas remarcan la necesidad de unificar y respetar las normas que limitan la aplicación de agroquímicos, y de diversificar los cultivos.

Explican que la tendencia al monocultivo modifica el uso del suelo, disminuyendo la cobertura vegetal y su capacidad de absorción de agua (el consumo de agua de los cultivos anuales como la soja es alrededor de un tercio menor que el de pasturas perennes y pastizales).

Generar estímulos o penalizaciones (aumentando o bajando impuestos, por ejemplo) para que el productor reciba una orientación de cómo usar su tierra resulta clave. Miñarro sostiene: «Hay que acompañar el desarrollo agrícola con incentivos a aquellos productores que hagan un mejor uso integral de su campo, con buenas prácticas que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación de los ambientes clave, como es el caso de arroyos, humedales o bosques».

Energías sustentables: pasar de las fósiles a la eólica y solar

Dejar de apostar al uso de las energías fósiles para avanzar hacia el desarrollo de las renovables, como la eólica y la solar, es uno de los desafíos urgentes que plantean los especialistas.

En este sentido, Giardini explica que la principal fuente de emisión de efecto invernadero a nivel global es la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) para la producción de energía. «La Argentina tiene una matriz energética basada en un 90% en dichos combustibles -dice-. Estamos proponiendo el desarrollo de Vaca Muerta en lugar de desarrollar la energía eólica, por ejemplo.»

Cómo él, las fuentes consultadas subrayan el «enorme potencial» que tiene el país en la explotación de los vientos, por ejemplo, en la Patagonia. «Hay mitos sobre la energía eólica (que no era competitiva o era cara) que fueron dejándose atrás. Fue de las que más creció en los últimos años a nivel mundial: España y Alemania son sólo algunos de los países que más la aprovecharon», ejemplifica Giardini.

Nápoli coincide en que es necesario diversificar la matriz energética, tendiendo a las renovables y limpias. «Ese es un compromiso que la Argentina debería asumir», dice. Y concluye: «Hoy en el país siguen operando centrales a base de carbón que ya no deberían funcionar más; tampoco las centrales térmicas que producen impacto de efecto invernadero».

Alerta temprana: sumar la voz del sector científico

Otra de las prioridades es incorporar al sector científico a la hora de pensar políticas, para prevenir las catástrofes en un escenario que, por el cambio climático, resulta sumamente impredecible (generándose episodios bastante más severos en un lapso muy corto).

Esto significa, para los especialistas, un cambio de paradigma: tener una mirada multidisciplinaria. «Implica sumar a otra gente como los científicos, que tienen mucho para decir acá y hoy no se les da el lugar que deberían tener: están más para explicar las consecuencias desastrosas de los problemas que para ser escuchados en los procesos de toma de decisiones», asegura Nápoli.

En este sentido, las fuentes consultadas subrayan que, a nivel gubernamental, cuando se implementan medidas, muchas veces no se analizan las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, y hacen énfasis en la necesidad de planificar de manera previa.

«Seguimos sin contar con acciones de adaptación al cambio climático ni con sistemas de evaluación de riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades actuar de manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre», agrega Nápoli.

Generar estas herramientas para saber qué va a pasar con el clima y cuáles son las tendencias es otro de los puntos que deberían priorizarse en la agenda.

Compromisos internacionales: reforzar las obligaciones asumidas

Austeros. Así definen los referentes en medio ambiente los compromisos internacionales vinculados con el cambio climático que fueron asumidos por la Argentina. Para ellos es necesario reforzar las obligaciones a las que se comprometió el país en el Acuerdo de París de 2015.

En este sentido, Enrique Maurtua Konstantinidis, director de Cambio Climático de FARN, explica que si bien el presidente Mauricio Macri presentó a fines del año pasado una versión actualizada de los compromisos establecidos por el gobierno anterior en París, la misma no es, en esencia, «sustantivamente mejor».

«Desde la sociedad civil hubo más de 200 propuestas para agregarle ambición a esa contribución de la gestión de Macri, pero hasta la fecha no hay novedades», dice Konstantinidis. «La Argentina tiene mucho para dar en cuanto a las políticas necesarias para reducir las emisiones de carbono.»

Miñarro coincide: «El cambio climático es una realidad, nos está afectando y no podemos volver atrás, pero sí frenarlo y ahí vienen los compromisos de los países».

Para los especialistas, un concepto fundamental es el de «adaptarse al cambio climático». Según Miñarro implica empezar a entender que la Argentina tiene un clima distinto, que las lluvias tienen otros comportamientos y que hay que adaptar nuestras actividades productivas, por ejemplo, a esa realidad.

Fuente:http://www.lanacion.com.ar/2021519-ordenamiento-territorial-planificar-el-uso-del-suelo-en-todo-el-pais