El ambicioso objetivo fue definido, entre papeles y gráficos, por uno de los funcionarios clave del Gobierno. «Queremos que en agosto la gente tenga un poco más de plata en el bolsillo, tal vez la posibilidad de acceder a una vivienda, y un amigo que le cuente que no tenía trabajo y lo consiguió.»

En silencio, y sin un megaanuncio a la vista, el Gobierno prepara una batería de medidas a ser implementadas desde la semana que viene y que buscan tener efectos positivos notorios cerca de las internas legislativas, previstas para agosto, y las decisivas elecciones de octubre, en distritos fundamentales en materia electoral como la provincia de Buenos Aires.

Una nueva ola de créditos hipotecarios para la clase media y media baja; normativas para proteger a la industria local de la importación indiscriminada para algunos sectores; promoción de computadoras a muy bajo costo y acuerdos para compra de motos, forman parte del «combo» con el que la Casa Rosada pretende alejar el malhumor social, evidenciado en un marzo repleto de conflictos y manifestaciones sociales en contra de las medidas económicas de la administración de Cambiemos.

¿Se tratará de una versión aggiornada del voto-licuadora con el que el entonces presidente Carlos Menem logró su reelección en 1995, o los incentivos al consumo de Cristina Kirchner que le permitieron estar ocho años en Balcarce 50? Desde el Gobierno evitan cualquier comparación odiosa, pero el plan para traer «bienestar de corto plazo» a los votantes en pleno año electoral está en marcha.

El crédito accesible y barato es, a todas luces, uno de los motores con los que se busca recuperar las expectativas de un futuro mejor en la opinión pública. Días después del anuncio de nuevos créditos a 30 años, a cargo del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la Jefatura de Gabinete se habla de subir el promedio de créditos otorgados por la banca pública de los actuales 2000 a 10.000 por mes, y aseguran convencidos de que con el crédito internacional ya otorgado al país hay una «financiación ilimitada» para estos fondos. El relanzamiento del plan Procrear para sueldos desde $ 16.000 y hasta $ 32.000 es también la punta de lanza para otros planes a fin de que la clase media acceda a una vivienda, «en algunos casos por primera vez en la vida», se entusiasman en Balcarce 50.

En un despacho de la Casa Rosada aseguran que la abrupta salida de Carlos Melconian de la presidencia del Banco Nación y su reemplazo por Javier González Fraga aceleró el proceso crediticio «porque los fondos van a fines productivos y llegarán a la gente, y no se destinarán a la compra de Lebac», compararon.

La muy divulgada «ley de compre argentino», pergeñada desde el Ministerio de Producción que encabeza Francisco Cabrera y que pone límites al ingreso de algunos productos importados sin participación nacional alguna, también está lista para ser anunciada, aunque desde el Ministerio de Trabajo que encabeza Jorge Triaca estimaron que el anuncio se retrasará porque el proyecto «se va a conversar con la CGT» en los próximos días, en coincidencia con la cercanía del paro nacional dispuesto por la central sindical unificada para el próximo 6 de abril.

Los acuerdos sectoriales que permitan mayor productividad y baja de costos también son prioridad. Después del pacto alcanzado en Vaca Muerta con los sindicatos petroleros y empresarios, y el del sector automotriz, se busca un plan consensuado con la construcción, a través de un fuerte impulso a la inversión privada vía baja de impuestos, y otro para la producción y venta de motos de bajo precio, otro de los productos que paradójicamente tuvo su auge en buena parte del país durante la gestión kirchnerista.

Los cálculos optimistas del Gobierno también apuntan a una combinación de baja inflación y recuperación de los salarios, que sería de alrededor de un 9% hacia el estratégico agosto, cuando las primarias definan a los candidatos a legisladores de octubre.

¿Esta seguidilla de anuncios calmará los ánimos en el Frente para la Victoria y los gremios combativos? «Seguramente no, pero el clima económico va a ser mejor», contestó un importante funcionario. El acuerdo alcanzado la noche del jueves por la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con las organizaciones sociales en torno de la ley de emergencia social, que entrará en vigor finalmente el 1° de abril, complementa el objetivo «bienestar» al reducir la conflictividad social, afirmó otro funcionario.

«Todas estas medidas van a tener un impacto electoral que no podemos desdeñar», afirmó a LA NACION un ministro, por si hiciera falta la aclaración. Y aseguró que «ya se notan mejoras en el ritmo de la construcción en el conurbano, un lugar que nos preocupa», agregó la fuente oficial, esperanzada como todo el Gobierno en el éxito de la batería de medidas para aliviar los bolsillos de los asalariados. Y cambiar para bien el ánimo de los votantes, en coincidencia con los comicios de medio término que definirán el destino del gobierno de Mauricio Macri.

«Vemos y nos duele la realidad»

«En Cambiemos vemos la realidad y por supuesto que nos duele, por eso nos metimos a gobernar», dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña en Facebook. Pero advirtió que hay una «transición» para «cambiar la dinámica, y lo estamos haciendo». «Si el país hubiera tenido otra realidad, probablemente no estaríamos gobernando», sostuvo, y marcó que hay argentinos con «dolor y bronca por las mentiras y las situaciones que no les resolvieron durante mucho tiempo de promesas».