El miércoles a la noche, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que asumía las competencias del Parlamento en Venezuela, lo que provocó que ese órgano legislativo acusara ayer al presidente, Nicolás Maduro, de dar un golpe de Estado.

El Parlamento (Asamblea Nacional), de mayoría opositora, sostiene que la Corte favorece al heredero del legado chavista.

Y la primera medida del tribunal luego del fallo fue autorizar al mandatario a crear empresas mixtas en el área petrolera, invalidando el procedimiento constitucional que establece que deben ser aprobadas en el hemiciclo de la Asamblea Nacional: la sentencia autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.

Para dictar el fallo, el tribunal alegó que persiste «la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional» que ya había declarado a inicios de 2016, por la juramentación de tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Por eso fue anulando todas las decisiones parlamentarias, y aunque la Asamblea desvinculó a esos diputados posteriormente, la Corte considera que el acto no fue formalizado.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó ayer que la cámara «se rebela y desconoce» la decisión judicial, e instó a las Fuerzas Armadas a no «seguir calladas frente a la ruptura de la Constitución». La oposición también anunció protestas a partir del mañana.

Maduro intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica del país que se precipitó desde 2014 con la caída de los precios del petróleo, la inflación más alta del mundo –proyectada en 1.660% por el FMI para 2017– y la creciente escasez de bienes básicos.

Venezuela, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos, busca levantar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos. La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación en la empresa conjunta Petropiar, según versiones periodísticas.

El fallo del tribunal causó inmediato rechazo en el continente americano y europeo (ver aparte). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un severo crítico de Caracas desde 2015, se refirió al «autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional» y declaró que «es urgente la convocatoria de un Consejo Permanente en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática» Interamericana.

El martes, ese consejo hizo una sesión extraordinaria para evaluar la situación de Venezuela.

El bloque opositor venezolano le había pedido a la OEA aplicar esa Carta, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, algo que Maduro calificó como «traición a la patria».

Reacciones de EE.UU. y la UE

Estados Unidos calificó de «grave retroceso para la democracia» la decisión del Tribunal de Justicia en Caracas y condenó «la decisión de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional (AN) democráticamente electa». La Unión Europea pidió un «calendario electoral claro» en Venezuela e instó a «respetar a la AN y a todos sus miembros».