El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Dalmiro Garay, presentaron el proyecto del Ejecutivo para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial en la Legislatura provincial. La vicegobernadora, Laura Montero, fue la encargada de recibirlos. Además, estuvieron presentes el subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino, y el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.

En diciembre, el Gobernador había presentado el anteproyecto ante abogados, magistrados, funcionarios y operadores jurídicos en general. La finalidad era iniciar un debate, con los diferentes organismos, que permitiera adaptar la legislación a las importantes modificaciones que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Otra de las finalidades fue abrir una serie de jornadas (que se realizaron en el Colegio de Abogados, en el Gran Mendoza y en el Sur de la provincia) que también permitieran modificar el Código de Procedimientos. Esto, para incorporar la oralidad y las nuevas tecnologías, teniendo como eje la modernización y la celeridad de los procesos. Con la iniciativa también se buscó avanzar en procedimientos simples y rápidos para el ciudadano.

Cornejo subrayó: “Si la Legislatura lo aprueba, seremos la primera provincia argentina en tener el Código de Procedimientos armónico con el nuevo Código Civil del país. Podemos agregarle un galardón más, como es avanzar en materia de legislaciones modernizando nuestra administración de Justicia”.

“La Legislatura tiene la facultad de continuar haciendo consultas y de tomarse un tiempo para su sanción”, sostuvo el mandatario, aunque solicitó “actuar con relativa celeridad, ya que aspiramos a que esté vigente el 1 de enero del 2018. Si se sanciona, en un par de meses dará lugar al análisis, estudio y pruebas por parte de los actores involucrados antes de llegar a esa fecha”.

Además, el Gobernador resaltó el trabajo de la Legislatura: “Mi presencia en la Legislatura trayendo este –y otros– proyectos tiene por objeto poner en valor el trabajo de este lugar que ha tenido una producción legislativa muy importante durante el 2016 en cuanto a calidad de leyes”. Recordó que el año pasado se presentó en la Casa de las Leyes el Presupuesto en tiempo y forma, como lo estipula la Constitución, una ley impositiva que rebaja impuestos a casi 100 sectores, las modificaciones de varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley del Policía, leyes estructurales y las leyes de Contabilidad y de Administración Financiera.

“Nos proponemos modificar el Código Procesal Laboral. Vamos a seguir modificando el Código Procesal Penal y, como dije el 1 de mayo del 2016, vamos a cambiar el Código de Administración Procesal Administrativo. Es decir, las leyes fundamentales de la provincia las estamos aggiornando a los tiempos que corren”, agregó. 

Las modificaciones 

“Primeramente, se aprovechó una oportunidad histórica para modificar el Código y adaptar el Código Civil, y no nos quedamos ahí, sino que avanzamos hacia un proceso distinto en donde teníamos 30% de causas de conocimiento, que son las demandas ordinarias que conllevaban 40 meses de trámite”, explicó el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay.

“Lo que se hizo ahora es que ese tipo de demanda ordinaria va a tener una primera presentación, que es la demanda. Luego habrá una audiencia oral, donde se va a intentar acercar posiciones de las partes, y no habrá un proceso de prueba estricto de presentación de pruebas, sino que habrá una nueva audiencia para que se produzca la prueba, y con la producción de prueba hay sentencia, directamente”, agregó el ministro.

Garay también detalló que “todos los procesos normales que hoy tiene una estructura de cuatro etapas pasan ahora a tener dos etapas. En las dos etapas obligatoriamente debe estar el juez, y esto es sumamente importante, porque el juez va a poder conocer el expediente, estará presente mirando a los testigos y no leyendo un expediente cuando le llegaba para resolver en etapa de sentencia”.

“También estamos modificando el sistema de litigar sin gastos, que es el 30% de los litigios que tiene la provincia, y estamos yendo a un proceso de declaración jurada, donde la parte contraria puede llegar a objetarlo, pero la idea es que no exista un proceso dentro de otro proceso como sucede hoy”, informó luego.

El ministro sostuvo: “Innovamos, además, en lo que se denominan ‘pequeñas causas’. Estamos creando un fuero de Defensa del Consumidor específico, en donde en ciertas causas será voluntario el patrocinio letrado, porque si el consumidor tiene que reclamar judicialmente, por ejemplo, por un electrodoméstico, no deba afrontar el costo que implica un abogado y pueda acudir directamente al Tribunal, donde en una sola audiencia se resolverá la denuncia”.

“Estamos avanzando en un proceso de mucha oralidad, donde en gran parte, al ser un proceso impositivo, las partes deberán aportar las pruebas y donde el juez tendrá la obligación de presenciar las audiencias testimoniales y la producción de prueba, lo que le va a permitir, por el principio de inmediatez, conocer la causa de manera más acabada y poder decidirla de igual manera”, subrayó.

“Debemos lograr buen resguardo de la oralidad porque, eventualmente, si se apela la denuncia, el expediente ya no estará en formato papel sino que irá el soporte digital a la Cámara para ver cómo se produjo la prueba. Y recordemos que así como creamos un proceso de oralidad y informatización de datos que conllevan un costo inicial, en el largo plazo se deja de usar papel, lo que implica ahorro en la producción de la materia prima y el archivo de expedientes”, concluyó Garay. 

El proyecto  

Los distintos profesionales de la provincia pudieron hacer sus aportes logrando que el proyecto consiguiera un amplio consenso tras el trabajo de casi un año y medio de debate donde participaron todas las partes interesadas.

Contó con la participación de la Suprema Corte de Justicia, de la Asociación de Magistrados, de catedráticos y de la Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Mendoza, con dos representantes por cada estamento. También participó un enlace por cada Cámara del Poder Legislativo de la Provincia. A su vez, la comisión redactora convocó a distintos especialistas, que formaron las distintas subcomisiones que participaron en la redacción.

Cabe aclarar que, actualmente, los procesos ordinarios escritos duran alrededor de cinco años y se estima que con la reforma se podrían reducir a 120 o 190 días. Esto se podría aplicar a todos los litigios civiles.

Este trabajo lleva casi un año y medio, el resultado de ello es un alto consenso. Se han hecho jornadas y trabajado en un laboratorio que se ha puesto a consideración de los actores del sistema, como abogados y organizaciones civiles. También han participando distintos estamentos de distintas doctrinas, la Corte, jueces de los distintos oasis de la provincia y el Colegio de Abogados.