Pidió un vaso de agua y una taza de té. Lázaro Báez ya no estaba esposado. Tampoco cargaba el chaleco antibalas, ni el casco. El juez Claudio Bonadio entraba y salía a su despacho, mientras el abogado defensor presentaba su declaración por escrito. Le preguntaron si estaba dispuesto a contestar las preguntas del fiscal Carlos Rívolo y, para sorpresa de muchos, asintió.

Casi un año después de su detención, el empresario habló ayer por primera vez ante la Justicia. Sereno y pausado, Báez intentó justificar la legalidad de los alquileres a Los Sauces, reconoció que Néstor Kirchner era su «amigo personal» y sostuvo que es víctima de una persecución mediática y judicial. Se mostró dispuesto a responder -incluso ante alguna oposición de su abogado- pero en reiteradas ocasiones alegó no recordar información sobre datos sensibles.

«No puedo negar la amistad que me unía con Néstor Kirchner. Sin embargo, esto no puede ser utilizado como argumento que sostenga mi imputación por delito alguno», había adelantado Báez en su escrito. Cuando el fiscal le preguntó, Báez intentó desvincularse de la ex presidenta: «No tengo relación con Cristina Kirchner, sólo respeto por ser la mujer de Néstor», sostuvo.

Sin embargo, la relación comercial entre las empresas del Grupo Austral y Los Sauces comenzó en 2009, pero continuó después de la muerte de Néstor Kirchner hasta 2015.De hecho, Los Sauces, es decir, los Kirchner, le encargaron a una empresa de Báez la construcción de dos edificios en Santa Cruz que después fueron alquilados por el Grupo Austral.

La espera había sido larga para Báez. Lo trasladaron a primera hora desde el penal de Ezeiza. Ingresó a los calabozos de Comodoro Py y recién subió a las 11.30 hasta el despacho del juez. Frente a Bonadio -que sólo intervino en ocasiones puntuales-, el empresario repitió el argumento central de su defensa para intentar desestimar la acusación por sobornos detrás del pago de alquileres: los departamentos alquilados en Santa Cruz eran realizados bajo la misma modalidad con otras inmobiliarias que no eran de los Kirchner, dichos departamentos fueron ocupados por sus obreros, ellos pagaron el valor de mercado por las rentas y los desembolsos se concretaron dentro del sistema bancario. Es decir, que -sostienen- no es dinero negro.

El empresario defendió, además, el crecimiento patrimonial de su imperio: «Todo el mundo pensaba que el Grupo Austral era una tarjeta y se encontraron con una empresa organizada y ahora se quieren quedar con sus activos». La empresa dejó de funcionar hace un año.

Los momentos más tensos ocurrieron cuando el fiscal preguntaba, y el abogado de Báez intentaba que su cliente no respondiera. Por ejemplo, cuando Rívolo le pidió información sobre la refacción que una de sus empresas realizó en la casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos. Báez hizo silencio. También eludió una respuesta cuando se le cuestionó la relación entre su firma Valle Mitre y Los Sauces por la explotación del emprendimiento turístico La Aldea. Manifestó llamativas amnesias con los temas más sensibles de la causa.

Báez aclaró que la elección de los inmuebles de Los Sauces no los resolvía él. Sus hijos Leandro y Luciana, sin embargo, habían declarado que, más allá de que ellos firmaran los cheques por los alquileres, el único responsable por ese lazo comercial era su padre.

Más exprés fue la indagatoria de Romina Mercado, la sobrina de Cristina Kirchner, que también presentó un escrito, pero se negó a responder preguntas. La hija de Alicia Kirchner y actual presidenta de Los Sauces calificó como «insólita» la acusación y lanzó fuertes críticas contra Bonadio, a quien intentó desplazar de la causa sin éxito. «Es una causa plagada de irregularidades y sustanciada ante un juez que carece de imparcialidad», sostuvo.

La indagatoria de la sobrina de Cristina fue particularmente llamativa para la Justicia porque Mercado también había sido empleada de Inversora M&S SA, la firma de Cristóbal López que pagó millonarios alquileres a los Kirchner.