El Estado nacional, los organismos autárquicos y las empresas privadas acumulan 2.279.969 causas, un magma de papeles y de reclamos cruzados que es difícil de mensurar. Sólo para poner una métrica que se entienda. Si cada expediente acumulase tres cuerpos de papel (en general tienen más) y se pusieran uno arriba del otro, la pila de expedientes tendría 456 kilómetros de altura, algo así como unos 1425 edificios de 20 pisos. ¿Será justicia?  

La cuenta que se acumula detrás de millones de fojas es también impresionante. De acuerdo con los datos que maneja la Procuración del Tesoro de la Nación, la Argentina es demandada en 603.426 expedientes, de los cuales sólo 309.479 son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes jubilatorios del kirchnerismo. El resto de las demandas, la gran mayoría patrimoniales, llegan a 293.947 juicios.

Si se excluyen las demandas jubilatorias -la reparación histórica en marcha terminará con una gran cantidad de ellas-, el monto que en su conjunto se le reclama al Estado es de 12 cifras: los expedientes en trámite en los cuales está nominado el monto suman 244.509 millones de pesos. Carlos Balbín es el procurador del Tesoro de la Nación. «La gran mayoría de los juicios contra el Estado son patrimoniales. Esa cifra, en realidad, sólo contiene los juicios cuyo monto está determinado, los otros, claro está, no se incluyen», dijo a LA NACION. Todo eso sin contar los reclamos jubilatorios.

«Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal o con algún tipo de faltante de datos», dijo Balbín.

Balbín cree que este número está cercano a lo que efectivamente ocurre. «Es una reconstrucción artesanal la que hacemos desde hace meses, ya que no estaba unificado el registro. Pero creo que estamos cerca del número final. Además, hay ciertas empresas públicas que consideran que no están obligadas a entregar la información, por eso se podría sumar algo más», contestó. La obligación de informar cada proceso estaba regulada desde 2000, pero el año pasado se firmó una resolución para poner plazo de entrega de los datos.

De las 293.947 demandas que el Estado tiene en su contra, una vez descontados los juicios de los jubilados, 158.903 son por reclamos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad. Ése es otro de los enormes pasivos que se gestaron en los últimos años también de la mano de diferencias en el sistema de retiro de los militares. En el Gobierno dejaron traslucir que también se le busca una salida a esta enorme deuda previsional que se ha judicializado.

Entre las demandas están los llamados «temas especiales». Dentro de ese ítem se cuentan 26.370 causas, la gran mayoría con reclamos millonarios. Los expedientes que se iniciaron tras la explosión del arsenal de municiones en Río Tercero, los que vinieron detrás del incendio de Cromagnon, los que aún están pendientes sobre el atentado de la AMIA o los daños y perjuicios que promovieron las víctimas de la tragedia de Once son algunos de ellos. Además, están algunas ejecuciones fiscales, todos los reclamos de empleados públicos y los expedientes que tramitan como consecuencia de la acción del Estado y que pudieran haber afectado a la propiedad participada que se les entregó a los empleados cuando se privatizaron los servicios públicos. Los accidentes ferroviarios también se cuentan de a miles. Sucede que aunque haya un concesionario la responsabilidad del Estado se mantiene, ya que es el dueño de la cosa (en este caso, la formación ferroviaria o la infraestructura) y como tal es responsable de los daños que cause.

Por otros temas jurídicos, con variedad suficiente como para escribir tomos y tomos de maneras de demandar al Estado, se tramitan 108.674 causas.

Los poco más de 1,676 millones de expedientes en los que el organismo público es reclamante son, mayoritariamente, ejecuciones fiscales de la AFIP. Pero dentro de ese magma de pleitos existen juicios del Banco Central, de los ministerios de Economía y Trabajo, y de los entes reguladores de servicios públicos, entre otros.

Juan Javier Negri, abogado socio del estudio Negri & Pueyrredón, explica que en la Argentina el Estado no es uno más a la hora de estar en juicio, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sino que tiene varias prebendas, sea como actor o como demandado. «Por ejemplo, para iniciar juicio hay que extinguir la vía administrativa», dijo.

Negri dice que uno de los puntos más importantes y que explican la impresionante cifra de juicios con el Estado como parte tiene que ver no sólo con la cantidad de actividades que desarrolla, muchas ajenas a la actividad estatal propiamente dicha, sino a la prohibición de llegar a acuerdos con la contraparte. «Eso impide tomar decisiones racionales acerca de continuar o acabar con juicios que duran años y cuyo costo de gestión supera largamente cualquier posible resultado negativo», advierte.

Así, por años, muchas agencias de abogados del Estado se convirtieron en «apeladores seriales», una manera de pasar la responsabilidad al último tribunal que entendió en la causa. «Es imposible el control expediente por expediente. Nos abocamos a finalizar el registro y hacer auditorías de juicios por muestreo», dice Balbín.

Procurador del tesoro

«Desde hace un año que estamos con el trabajo de poner al día este registro de juicios en los que el Estado es parte. Cuando llegamos encontramos cierta desorganización en los datos, ya que algunas reparticiones no informaban o lo hacían mal»

Una maraña de expedientes

309.479

Causas en trámite que tiene en contra la Anses

Son los reclamos que se hicieron en los últimos 15 años por los jubilados por diferentes razones que tienen que ver con los desajustes de haberes.

293.947

Causas contra el Estado más allá de la Anses

Son las demandas que tienen a los jubilados como protagonistas. Son principalmente reclamos de efectivos de Fuerzas Armadas y de seguridad.

244,5

Son los miles de millones que se le piden al Estado

Si se excluyen las demandas jubilatorias (la reparación histórica terminará muchas de ella), ése es el número por el que se demanda al Estado.

221,5

Son los miles de millones que el Estado demanda

Es el monto que el Estado, desde sus organismos, les reclama, a través de diferentes causas, a miles de particulares o empresas privadas.

26.370

Expedientes «especiales» en litigio

Éstas son las causas que suman por ejemplo, el programa de propiedad participada, empleo público, ejecuciones, AMIA, tarifas y Río Tercero, entre otros.

1,6

Millones de litigios con el Estado como actor

Ésa es la cantidad de juicios que tienen al Estado como actor iniciador de la demanda a través de diversos organismos, como AFIP, BCRA o Trabajo.