Los economistas consultados por 3Días tienen matices respecto de la recuperación del empleo y sus perpectivas, y anticipan las claves laborales de 2017.

¿Crece o no crece?

Desde julio, cuando tocó un piso, el empleo formal crece gradualmente mes contra mes, pero interanualmente todavía se ubicó un poco por debajo de 2015. Por eso, explica Jorge Colina, presidente de IDESA, hay «sensaciones encontradas». El empleo ya comenzó a recuperarse, pero aún no superó el nivel del año previo; se espera que lo haga en la primera mitad de 2017.

Con respecto a los 36.000 puestos de trabajo nuevos creados en el sector privado formal entre agosto y octubre que informó Dujovne, para Invecq, la mayor parte de este crecimiento respondió a factores estacionales. «Si se desestacionaliza la serie, la creación es casi inexistente, aunque sí es cierto que la caída comenzada en agosto de 2015 se detuvo por completo en agosto de 2016», precisa Matías Surt, economista jefe de esa consultora, quien, de todos modos, anticipa que habrá creación neta de empleo este año.

«Aunque todavía el empleo privado cayó en promedio 0,7% en el acumulado a octubre y bajó 1,5% en ese mes versus el mismo período de 2015, dejó de retroceder en agosto y muestra un aumento mensual promedio de 0,1% desde entonces», describe el director de NOAnomics, Félix Piacentini. Además, cuando desde marzo la tasa de salida venía siendo mayor a la de entrada, a partir de septiembre se revirtió. Sin embargo, observa el director de NOAnomics, la tasa promedio de suspensiones se mantiene en 1% desde julio, cuando en todo 2015 estuvo en 0,5%.

Un objetivo ambicioso

El Gobierno se ha impuesto el objetivo de crear 300.000 puestos de trabajo en 2017. Significa aumentar en 5% la cantidad total de empleos privados actuales. Para Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED), aunque el empleo ya está creciendo, no será fácil. «Si lo lograran, sería un éxito político clamoroso», considera.

En cambio, Jorge Colina considera que la meta es concretable si se toman medidas estructurales para reducir las cargas sociales y simplificar la contratación laboral. «Si se hacen reformas impositivas timoratas o en el margen, confiando sólo en el crecimiento económico, el aumento del empleo será positivo pero difícilmente de 300.000 puestos», evalúa.

Para Piacentini, el objetivo es alcanzable, aunque, con una economía creciendo entre 2,5% y 3% en 2017, requerirá de algún estímulo adicional o mayores facilidades en las contrataciones.

El debate sobre el costo laboral

Para crear empleo formal, el Gobierno impulsa una batería de políticas, que incluyen reinstalar un sistema de pasantías; facilitar las contrataciones y desvinculaciones; ofrecer un blanqueo laboral; reducir los aportes y contribuciones a la seguridad social; crear una agencia de talento para fomentar el primer empleo, e incentivar a quienes reciben planes sociales a sumarse al mercado laboral.

También busca impulsar convenios como el de los petroleros firmado entre el Gobierno nacional, sindicalistas y empresarios para reactivar las exploraciones en Vaca Muerta.
El propio Dujovne sostuvo que «la carga laboral es anormalmente alta frente al resto del mundo y eso explica en buena medida que la Argentina tenga 35% de empleo en negro».

Entre los analistas, no existe consenso al respecto.
Una eventual reducción de los aportes y contribuciones a la seguridad social, para Lindenboim, no promovería la incorporación de trabajadores sino su salida. Según el investigador, bajar los impuestos al trabajo remonta a experiencias pasadas que fracasaron, en las cuales no aumentó el empleo ni mejoró la calidad del trabajo ni la competitividad.

«La presión tributaria del factor trabajo en la Argentina es muy alta, pero distintos estudios indican que la informalidad en América Latina responde a otros factores más estructurales que la carga impositiva», sostiene Surt. «No habrá un efecto importante en términos de creación de empleo formal si la única medida es la reducción de las cargas patronales», anticipa. Y considera que se necesita «un horizonte creíble de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido, ya que la decisión de incorporar empleados responde también a las expectativas de mediano y largo plazo de las empresas».

«Bajar las cargas es una medida importante pero no se pueden esperar milagros mientras no haya expectativas claras sobre el mediano y largo plazo. El mercado laboral argentino tiene problemas que arrastra desde hace años: no hay creación neta de empleo desde 2011 y la informalidad laboral lleva más de una década por encima de 30%», añade.

Sin embargo, el economista jefe de Invecq también advierte que «el problema del empleo en los ’90 estuvo muy ligado al atraso cambiario, que puso en jaque a una gran cantidad de sectores productivos, por lo que no se puede considerar a esa experiencia como un testigo irrefutable de que no surtan efectos las rebajas impositivas».

En cambio, Colina coincide con Dujovne: «La carga laboral es anormalmente alta y eso explica no sólo que 35% de los asalariados esté en negro, sino además que mucha gente busca la supervivencia mediante el cuentapropismo por escasez de empleos asalariados y mucha otra está desempleada o inactiva por lo altos que son los impuestos al empleo», describe. No obstante, para que sean efectivas, las reformas laborales deben ser «innovadoras, profundas (bajar sustancialmente el costo no salarial de emplear) y permanentes», sostiene.

«No sirve lo que se hizo en los ’90 de bajar una porción de las cargas sociales ni lo que se hizo en la gestión anterior de bajar una porción por los nuevos empleos sólo por los primeros meses de contratación. Hay que repensar estructuralmente el sistema tributario y laboral argentino», enfatiza. «Las medidas más efectivas son la reducción de cargas laborales y la flexibilización de la legislación laboral», opina Piacentini, quien enfatiza que las cargas al trabajo argentinas son las más altas de Latinoamérica (35%). «Eso, junto con la elevada carga fiscal general, desestimula la creación de empleo privado», sostiene. «Además la rigidez de la legislación, con altos costos de indemnizaciones y la industria del juicio laboral provocan que el empresario piense dos veces antes de ampliar las plantillas», agrega.

A su juicio, el avance de la ley que pretende limitar la posibilidad de doble vía de acción judicial a pesar de la intervención de una ART, junto con la Ley del Primer Empleo, que ya formaban parte del paquete del Gobierno pero todavía esperan aprobación, contribuirían en este sentido. También considera positiva la idea de que los beneficiarios de planes no lo pierdan si consiguen un empleo formal y volver a un régimen de pasantías, que sobre todo atacaría el desempleo juvenil (que es del doble del promedio). En cambio, considera que crear una agencia de talento tendría un impacto menor, ya que la asimetría de información entre los que buscan trabajo y las empresas no es uno de los problemas principales del mercado laboral.

Paquete integral

Sin embargo, Piacentini advierte que con reducir cargas laborales no alcanzaría: se necesita un paquete integral de políticas como las propuestas por el nuevo equipo económico, dice. «Para reducir el empleo en negro a la mitad y parecernos a Uruguay hay que blanquear a 2,6 millones de personas. Debemos volver a crecer y estimular la creación de nuevas empresas para acabar con esta problemática. Si blanqueáramos a la mitad de los empleados en negro a través de nuevas empresas necesitaríamos unas 250 mil firmas. Esto demuestra que el camino es largo y el desafío muy grande, pero hay que empezar ya mismo», describe.

Para el Ieral, el tema de las cargas laborales debe verse dentro de una reforma tributaria. «La presión tributaria aumentó excesivamente en los últimos 15 años y debe ser reducida aunque gradualmente, para no agravar la situación fiscal. Tras la reforma en Ganancias, deberían privilegiarse tres objetivos en la reforma tributaria: competitividad (bajar impuestos a las actividades transables, es decir, a las que compiten con el exterior), inversión (reducir impuestos que incentiven inversiones) y empleo», sostiene Marcelo Capello, presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea.

Por el objetivo empleo, el Gobierno debería apuntar a reducir las contribuciones a la seguridad social de manera que no se afecte el salario de bolsillo de los trabajadores, pero que signifique mayores incentivos para la contratación de mano de obra.

«Se critica ese tipo de medidas porque en los ’90 se bajaron aportes patronales y el empleo no mejoró, pero el empleo no sólo es afectado por los impuestos al trabajo, sino también por el nivel de actividad económica, el tipo de cambio real, la litigiosidad laboral, etc. En los ’90 se bajaron aportes en contextos en que caía la actividad o se apreciaba el tipo de cambio de la Argentina (que aumenta el salario local medido en dólares, descolocando a la producción nacional en materia de competitividad) y, por ende, desalentando la contratación de mano de obra», aclara.

«La baja de las contribuciones a la seguridad social disminuye el costo del trabajo frente al del capital y, por ende, tiene un efecto positivo sobre el empleo, siempre que la actividad económica no esté cayendo por otro motivo, o el tipo de cambio apreciándose excesivamente», recalca.

Un tema no menor es cómo se sustituirían los recursos que perdería la seguridad social si se bajan las cargas laborales. Capello subraya que hace años que la Anses financia cerca de 40% de su gasto con impuestos, además de los aportes y contribuciones y advierte: «Con una presión tributaria ya muy alta, la reducción de impuestos al trabajo debería ser compensada con menor gasto público y no con la suba de otros tributos».