El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía trabaja en el armado de proyectos, licitación, adjudicación y supervisión de obras para infraestructura en materia de seguridad. El objetivo es intervenir en 165 dependencias policiales con obras menores y mayores con el fin de la protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas.

La Ley 8842 establece la asignación de hasta $150 millones para llevar adelante un plan de obras de refacciones en 165 dependencias policiales. De ese monto, se destinan $ 86 millones para mantenimiento correctivo y mejoras en los complejos penitenciarios Boulogne Sur Mer, San Felipe, Almafuerte, San Rafael, penal de mujeres de El Borbollón, Colonia y Granja Penal de Gustavo André, el Instituto de Formación Penitenciaria y los servicios de alcaidías.

El plan de integral y de mantenimiento correctivo de los complejos penitenciarios se divide en dos rubros: obras simples, que serán llevadas adelante por los internos en el marco del programa de capacitación laboral, y obras complejas, que implican el cálculo y producción del proyecto, la licitación y supervisión de los trabajos por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas.

A estas medidas emergentes de la Ley 8842 se suma la construcción de la nueva cárcel de Cacheuta,  para la cual se destinarán $540 millones de pesos del presupuesto provincial. El proyecto completo albergaría a 648 internos penados, con la posibilidad de extender la capacidad a 904. El establecimiento de tres niveles contaría con 48.540 m2 entre cubiertos y semicubiertos.

Además, a la nueva cárcel de Cacheuta se suma la recuperación y adecuación de las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial (cárcel de Boulogne Sur Mer), que requerirá una inversión para 2017 que superará los $ 6 millones. Se estima que para 2018 la Provincia erogará por estas obras $50 millones, mientras que para 2019 el monto será de $58 millones.

Detalles de las obras

En el complejo penitenciario Boulogne Sur Mer, el plan de obras simples incluye tareas como readecuación de techos de galerías, construcción de pisos y cordón perimetral, reacondicionamiento de patio de visitas, entre otras obras menores que implican una inversión de $ 7 millones. Para las obras complejas, como el playón deportivo, sanitarios y galpones, se requerirá de $2,2 millones.

En San Felipe, las obras simples se dividen en electricidad, plomería, herrería y albañilería, con un monto estimado de $ 6,5 millones. Las obras complejas se refieren a los proyectos de saneamiento y a la construcción de aulas destinadas a educación, con un monto de $4 millones.

Almafuerte requiere de una inversión de $3,5 millones para ejecutar el plan de obras simples. Para la obra compleja se prevén $ 3 millones. Esta última incluye la refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

El Sur mendocino merece párrafo aparte, ya que la Ley 8842 establece la terminación y adecuación de la colonia Sixto Segura para albergar a 70 internos, con un valor aproximado de $35 millones, además de las obras simples, para las que se designará una partida de $3,2 millones.

El penal de mujeres en El Borbollón presentó un plan de necesidades que incluyen la reparación de calefactores, techos y sanitarios por un monto de $1,2 millones, más $6 millones asignados a las obras complejas.

La colonia y granja penal de Gustavo André solicitó un total de $ 4,8 millones entre obras simples y complejas, que incluyen el remplazo del  antiguo edificio administrativo construido con adobe.

El servicio de alcaidía, compuesto por siete de ellas distribuidas en toda la Provincia, necesitará un plan de inversión de $ 6,2 millones para obras simples y complejas.

Por último, el Instituto de Formación Penitenciaria solicitó obras simples, como reparación de los veredines del patio interno y reconexión del sistema de duchas, con una inversión de $400 mil, y en el rubro obras complejas, una inversión de $1,9 millones para la ejecución de sala de profesores, comedor, aulas y zona administrativa.