“Cuenten conmigo para hablar con quien haya que hablar”. Mauricio Macri cerró una de las últimas reuniones de equipo comprometiéndose a interceder en persona con los mandatarios de los países que se rehúsen a avanzar en convenios de intercambio de información con la Argentina. Como dijo la semana pasada, el Presidente quiere poder “decirle a alguien que tiene antecedentes en su país que acá no es bienvenido”. Pero, mientras avanzan esas negociaciones, busca dar un golpe de efecto en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: ya tiene listo el decreto para endurecer la política migratoria y, al mismo tiempo, esta semana lanzará un sistema que fortalecerá los controles sobre los 12 millones de pasajeros que cada año llegan vía aérea.   

Con el ejemplo del narco peruano Marco Antonio Estrada González, que luego de ocho años aún no puede ser extraditado, el jefe de Estado pidió analizar cambios en la Ley 25.871, de Migraciones; y en la 346, de Ciudadanía. “Queremos que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Según pudo saber este diario, el Presidente ya tiene el decreto listo y analiza oficializarlo esta semana. Desde el Gobierno, sin embargo, buscaron bajarle el tono y afirman que “se seguirá trabajando” -hoy hay una reunión prevista sobre el tema en Casa Rosada- y que podría demorar “unos días más”.

Entre el secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas y el ministro de Justicia Germán Garavano pulieron el texto para evitar que prosperen las impugnaciones, como la que ya hizo por anticipado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Es una regresión para los derechos de las personas migrantes”, consideró en un comunicado el organismo presidido por el periodista ligado al kirchnerismo Horacio Verbitsky.

Desde el Gobierno rechazaron la acusación, dijeron que “sólo se ajustarán cuestiones para combatir al crimen que migra” y aseguraron que no cambiarán “nada en materia penal; y si así fuera se enviará al Congreso el proyecto”.

Clarín accedió al texto del decreto. Se trata de una propuesta más moderada de la que reclamaban desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el director de Migraciones Horacio García; pero modificará tanto el plazo y las formas -administrativas y judiciales- para expulsar a un extranjero como los requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización.

Por caso, se incluye un apartado en el que se habilita a revocar la residencia a los extranjeros condenados por “delitos por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero” aunque dicha decisión “no se encuentre firme”. Para ello, también se precisa la “obligación”, cuyo incumplimiento será “considerado falta grave”, para el Poder Judicial de “notificar” a Migraciones “de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero”.

Según amplían fuentes oficiales, esto permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, Migraciones esté en condiciones de iniciar el acto para su expulsión. En Balcarce 50 buscan transmitir tranquilidad y dicen que sólo se busca imprimirle “razonabilidad” a la norma. Lo hacen antes las críticas que genera la iniciativa, por posible discriminación o xenofobia.

Entre otras cosas, el decreto establecerá un “Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”, que acotará a tres días hábiles el plazo que tendrá un extranjero para apelar su expulsión. Concluido ese trámite administrativo, se concederán otros tres días hábiles para interponer un recurso judicial y el juez actuante contará con el mismo tiempo para resolver. Lo mismo ocurrirá con las apelaciones en instancias superiores.

Pero como la idea es reducir el margen de todas las maniobras dilatorias, que se multiplicaron en el caso de “Marcos”, el decreto fijará que “las oficinas públicas y entidades privadas deberán contestar el pedido de informes dentro de los cinco días hábiles”. De igual modo, el plazo para producir la prueba ofrecida en sede judicial “no podrá exceder los 20 días hábiles”. También se incrementará el tiempo mínimo que deberá esperar un extranjero expulsado para volver al país: de cinco a ocho años.

Asimismo, a partir del decreto, para conseguir la ciudadanía los extranjeros deberán acreditar “residencia legal vigente” en Argentina de “dos años continuos”. Actualmente, la ley 346 habilita a aquellos “que residiesen en la República dos años continuos”. Muchos entran como turistas, se quedan luego de tres meses y terminan obteniendo la ciudadanía. Este cambio fue otro punto de los que objetó el CELS.