Dentro del marco de la estrategia de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con especial énfasis en la promoción de las Asociaciones Público Privadas (APP) para multiplicar la generación de oferta y reducir el déficit habitacional, surge el programa de Conjuntos Urbanos Integrados.
Esta nueva propuesta articula el financiamiento del Estado nacional y los inversores privados para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores de clase media.
La presentación de los CUI se realizó hoy, con la presencia del titular del IPV, Damián Salamone y de Marcelo Busellini, director Nacional de Diseño e Implementación de Nuevos Desarrollos de Vivienda.
“Esta impronta del Gobierno nacional coincide con lo que el Gobernador nos ha pedido para Mendoza: ser flexibles y buscar financiamientos alternativos y mixtos, que nos permitan abordar desde otro lugar la demanda habitacional”, sostuvo el presidente del IPV.
“Se trata de que el Estado participe de propuestas urbanas de desarrolladores privados. La idea es trabajar esta iniciativa durante el 2017 para poder llegar a hacer una convocatoria de proyectos antes de fin de año”, explicó Salamone.
Por su parte, el Marcelo Busellini afirmó que “la idea con los CUI es articular lo público y lo privado, es decir co invertir fondos públicos y del sector privado”.
“Lo que está pensado son conjuntos urbanísticos en donde predomina la mixtura social, donde la Nación co financia un porcentaje de vivienda social para reducir el déficit habitacional de los sectores más necesitados y el resto es demanda que los desarrolladores privados deberían hacer para los sectores medios de la población”, puntualizó el funcionario.
La propuesta tiene entre sus objetivos potenciar los Planes Federales de Vivienda y generar oferta de vivienda para los sectores de clase media. Los CUI también contribuirán a favorecer la integración social, mejorarán el acceso a la vivienda y la generación de empleo.
¿Cómo se implementará?
La Nación, en conjunto con la provincia que acceda al programa, seleccionará un proyecto que deberá contener un porcentaje (entre el 20% y 40%) que se destinará para vivienda social, un porcentaje se destinará a unidades apto crédito hipotecario (Pro.Cre.Ar entre otros) y finalmente, con el porcentaje restante se podrán hacer viviendas para demanda libre o áreas comerciales en busca de satisfacer las necesidades de los habitantes que se muden al desarrollo urbanístico que se construya.
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