Desde la cartera del flamante ministro aseguraron que «la decisión fue tomada por el Ejecutivo», ya que el uso de la tarjeta es casi universal y que no tiene sentido que esas operaciones tengan privilegios. De todos modos, el Gobierno había contemplado un costo fiscal de $ 7500 millones en el Presupuesto 2017 para reintegrar el 5% de IVA en las compras de hasta $ 1000 con débito.

Cuando asumió Macri, el saliente ministro Alfonso Prat-Gay dejó en claro que era una medida en revisión; y por eso la extendió sólo por cuatro meses. Luego, en abril, con el consumo en baja, se volvió a postergar hasta fin de año. Ahora, con el objetivo de bajar el gasto, el Presidente tomó finalmente la decisión de quitar el beneficio, que el año pasado le representó al Fisco un costo de $ 6000 millones; mientras que en 2015 había sido de $ 4500 millones.

¿Contra la bancarización?

Si bien desde el Banco Central aseguraron que la bancarización sigue en aumento –las transferencias electrónicas crecieron 20% interanual–, la Argentina aún está lejos de otros países de la región. De todos modos, en la entidad relativizaron el impacto de la medida porque el menor uso de la tarjeta de débito por la eliminación del reintegro será compensado con el incentivo que genera la ley de devolución de 15% del IVA a jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de planes sociales. Este segmento, muy poco bancarizado, encuentra así un aliciente para usar el plástico en lugar del efectivo. De todos modos, el tope en este caso es de $ 300.

En el Gobierno asumen que otros sectores, de mayor poder adquisitivo, usarán la tarjeta más allá del beneficio que reciban por comodidad y costumbre.

La medida había comenzado a implementarse en 2001, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. En ese momento, el objetivo era incentivar la bancarización y limitar las operaciones «en negro». El paquete incluía una devolución de 3% del IVA para las compras con tarjeta de crédito, pero que quedó eliminado en 2007.

En el caso de las operaciones con débito, el reintegro (de 4,13% efectivo) se acreditaba en las cuentas de los consumidores entre el 1 y el 5 de cada mes. El tope era de $ 1000 por operación, por lo que sobre una compra de $ 1500, la devolución era del $ 41,30. Pero no había límite mensual.

Como era una medida transitoria, debía ser prorrogada todos los años y regía para bienes muebles o contratación de servicios de consumidores finales.

Economistas coincidieron en remarcar que la medida no tendrá amplio impacto debido a que había un límite de reintegro por compra, aunque también señalaron que hará algún ruido en el consumo formal, como cualquier suba de impuestos. «Si bien es una suba de impuestos, el Estado lo percibe como una baja del gasto. La Argentina tiene hoy tanta necesidad de bajar el déficit como de reducir la presión tributaria. Eso es lo que hace las cosas más difíciles», sostuvo el economista Fausto Spotorno, de Ferreres y Asociados.

Rodrigo Alvarez, de Analytica, enfatizó que si bien hoy los consumidores utilizan el débito porque cambiaron los hábitos y costumbres y porque mover el dinero físico es cada vez más incordioso, «quitar un beneficio en un contexto donde el consumo está resentido no es demasiado oportuno». Igualmente, consideró que a largo plazo debería sacarse.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recibieron «con preocupación» la medida, ya que cualquier reducción de incentivo al consumo resulta relevante teniendo en cuenta la caída de 12 meses consecutivos de las ventas minoristas, con una baja interanual promedio del 7%.