«Un golpe militar contra la presidenta argentina (María Estela Martínez de) Perónpuede ocurrir en cualquier momento. Solo las dudas de algunos oficiales clave paralizan la decisión final. Los preparativos del golpe están listos. Los buques y los integrantes de la Armada ya han sido desplegados en puntos estratégicos a lo largo del país para controlar posibles disturbios después de la toma de poder». El informe de la CIA que recibió el presidente estadounidense Gerald Ford (1974-1977) el 5 de marzo de 1976 anticipaba el golpe de Estado que ocurriría en Argentina 19 días después, el 24 de marzo.

El 28 de de febrero, los agentes de inteligencia estadounidenses ya habían informado al presidente que acababa de llegar a Washington un emisario del Ejército argentino «con instrucciones para el agregado militar para prepararlo para la toma de poder en Buenos Aires». El emisario transmitió también directrices para responder a los medios estadounidenses «sobre los eventos que tendrán lugar» en Argentina. Estos textos forman parte de las más de 500 páginas de nuevos documentos desclasificados por la administración de Barack Obama sobre la dictadura argentina.

«Esto agrega evidencia documental a una verdad histórica que en la región se sabía: que Estados Unidos estuvo involucrado en el golpe de (Augusto) Pinocheten Chile y que al menos tenía conocimiento de quiebres institucionales en los otros países de la región y no hizo nada para evitarlos», dice el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Schiller. «No hay documentación que apunte a una participación de los Estados Unidos del golpe, pero sí que el presidente tenía toda la información y el poder se basa en la información», afirma por teléfono Carlos Osorio, director del proyecto del Cono Sur del estadounidense National Security Archive (NSA).

El material entregado al Gobierno de Mauricio Macri, que está disponible online, prueba el seguimiento detallado de cada uno de los movimientos del Ejército argentino y de la Operación Cóndor, el plan represivo que pusieron en marcha distintos regímenes militares del Cono Sur para perseguir y asesinar a guerrilleros y opositores políticos y sindicales fuera de sus fronteras.

Por primera vez salen a la luz evidencias de que que incluso activistas de derechos humanos reconocidos internacionalmente formaron parte de los objetivos de la represión regional. «El objetivo básico de la misión de los equipos enviados al exterior por la Operación Cóndor era liquidar a terroristas de primera línea. Los no-terroristas también eran candidatos a ser asesinados. El político opositor uruguayo Wilson Ferreira y algunos líderes de Amnistía Internacional fueron mencionados como objetivos», destaca un informe del 9 de mayo de 1977. Según Estados Unidos, los integrantes de estos operativos «recibieron un curso de entrenamiento en Buenos Aires» y los países participantes contemplaron enviar un equipo a Londres «disfrazados como hombres de negocios, para supervisar actividades sospechosas en Europa».

Según la CIA, otro de los objetivos previstos contemplados para la Operación Cóndor «era coleccionar material sobre la pertenencia, localización y actividades políticas de grupos de derechos humanos para identificar y exponer sus conexiones marxistas y socialistas». Los militares buscaron datos similares sobre integrantes de la Iglesia católica.

Uno de los documentos más estremecedores es el testimonio de 14 páginas de Alfredo Bravo, copresidente y miembro fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina. Bravo fue secuestrado por hombres vestidos de civil durante una clase en septiembre de 1977 y subido a un coche sin matrícula hasta un centro clandestino de detención en La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires) donde fue torturado durante diez días. «Le aplicaron una picana eléctrica en el pecho, en el cuello y en la cintura», describe el informe dirigido al consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski. «Bravo afirmó que cuando terminaron estaba ‘tan lleno de electricidad’ que su mandíbula y su lengua estaban paralizadas». El activista argentino fue también sistemáticamente golpeado, torturado con duchas de agua helada e hirviendo y sometido al submarino, que consiste en sumergir al detenido en reiteradas ocasiones hasta dejarlo al borde del ahogamiento.

Se trata de la segunda tanda de documentos desclasificados por la administración Obama como parte del compromiso asumido por el presidente estadounidense cuando visitó Argentina el pasado marzo, en medio de la conmemoración del 40 golpe de Estado «Creo que tenemos la responsabilidad de afrontar el pasado con honestidad y transparencia», dijo Obama.

Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/13/argentina/1481657626_461766.html