Este mediodía, el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, Dalmiro Garay, y al ministro de Seguridad, Gianni Venier, informaron la aplicación del nuevo sistema acusatorio del Código Procesal Penal, Ley 6730, en el Valle de Uco y en la zona Sur.

Durante todo el próximo año, se implementará de forma gradual en la segunda y cuarta circunscripción judicial, de este procedimiento se hace cargo la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. La Ley 6730 se creó en 1999 y cambió un sistema acusatorio inquisitorio –el cual tenía un juez de Instrucción que investigaba y resolvía las causas– por un sistema acusatorio: el que tiene un juez de Garantía, una Defensoría y una fiscalía de Corrección e Instrucción.

Esta ley se implementó en la primera y tercera circunscripción judicial en cuatro etapas durante 2004, 2005, 2008 y 2011. Por falta de recursos, algunos sectores de la Provincia quedaron sin la aplicación del sistema acusatorio. En la actualidad, resulta indispensable implementar el Código Procesal penal en el Sur y en el Valle de Uco, a fin de que una sola ley procesal penal rija en toda Mendoza en 2017.

El Gobernador, comentó que “después de 16 años se va a implementar el sistema acusatorio en las circunscripciones que faltaban, hasta el momento hay una gran disparidad ya que rijen los dos códigos vigentes. En el sistema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal reemplaza la tarea del policía y del Juez de Instrucción. Esto es un reclamo reiterado que he recibido por parte de la comunidad, en las visitas que he realizado en el Sur y en el Valle de Uco”.

“Para su aplicación necesitamos una reingenieria del Ministerio Público y del poder judicial, este sistema exige la presencia física de los fiscales en la toma de la denuncia y durante la investigación. Para esto hemos ingresado a la Legislatura un proyecto de Ley para que se implemente este sistema acusatorio de forma gradual en la segunda y cuarta circunscripción”, agregó el Gobernador.

“La Ley retoma lo que se ha hecho 16 años atrás y los jueces de instrucción que habían recibido la aprobación del Senado, la tenían sujeta a la aplicación del nuevo sistema, y ahora pasan a ser fiscales. Por otro lado, todos las personas que aspiren a los nuevos cargos que se creen para este fin, no deben residir a más de 30 kilómetros del lugar, en el cual cumplen funciones. Ya no podrán viajar desde el Gran Mendoza, ya que este sistema exige la presencia física de los fiscales en la investigación y su disponibilidad permanente”, detalló Cornejo.

El ministro de Seguridad, Gianni Venier, agregó que “este es un viejo anhelo de la materia penal, no se ha concretado antes por múltiples objeciones, nosotros comenzamos con este proceso, cuando propusimos la Ley de prisiones preventivas. Lo importante, es que los funcionarios al no poder residir a más de 30 kilómetros estarán disponibles los fines de semanas y los feriados y no deberán viajar para tomar declaraciones o denuncias”.

Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, dijo que “estamos filosóficamente de acuerdo con el sistema acusatorio y nos parecía  que seguir manteniendo ciudadanos que estaban con un sistema inquisitivo y otros ciudadanos que estaban con un sistema acusatorio que genera mayores garantías en el proceso, no podía mantenerse en el tiempo como ha pasado hasta ahora. Estamos llevando todo el esquema del sistema penal a donde no había como por ejemplo Malargüe y San Rafael, estamos generando la aplicación de un sistema que iguala en cuanto a derechos de todos los mendocinos y que nos permite lograr una meta bastante alta en relación con los costos económicos”.

Además, es necesario realizar transformaciones en las actuales dependencias judicales. En esta última etapa, debido a las distancias entre las ciudades y los escasos recursos, se implementará sin la creación de oficinas fiscales. En función de esto, no se prevé la presencia de empleados judiciales en las seccionales policiales, sólo se incorporaran en estas dependencias ayudantes fiscales para la toma de denuncias y demás medidas procesales urgentes. Además, las dependencias policiales contarán con los medios tecnológicos necesarios para incorporar las causas que se inician en el sistema informático .

De este modo, se hará una reingenieria del personal humano y de la infraestructura, con una mínima afectación presupuestaria. “Los cambios serán operativos a partir de la sanción de la Ley, calculamos que se aplicará este sistema plenamente a partir de abril del 2017. Esta es una deuda que el estado tenía con el Sur y el Valle de Uco, de este modo incluímos en el Código Procesal Penal, a seis departamentos y agilizamos las investigaciones. Desde el Gobierno, garantizamos los recursos y una Ley especifica que regula el funcionamiento”, aseguró Alfredo Cornejo.

Con la aplicación del sistema acusatorio en estas circunscripciones, en General Alvear, se amplían las competencias, en San Rafael, se crea la Fiscalía y la Defensoría. En Malargüe se crea todo el sistema acusatorio desde cero, ya que las denuncias anteriormente eran tomadas en San Rafael, por lo que se crea el Juzgado de Garantía, la Defensoría y la Fiscalía. “Aquí tenemos un cambio sustantivo, ya que en el sur no había justicia penal, se abrirán concursos para los nuevos cargos”, detalló el mandatario provincial.

En tanto, en el Valle de Uco, se crea la Defensoría, y los juicios se realizarán en Tunuyán, pero en cada departamento habrán ayudantes fiscales, quienes tomaran la denuncia y seguirán la investigación. De este modo, se termina de completar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la Provincia.

En referencia al gasto que conlleva la implementación del nuevo sistema acusatorio, el Gobernador expresó que “en la primera etapa no se requieren gastos ya que se reestructuran las dependencias qu actualmente existen y sólo se crearán los organismos mínimos necesarios para su funcionamiento. En una segunda etapa sí vamos a incrementar los recursos para la creación de nuevos cargos que deberán ser concursados ya sea por el Consejo de la Magistratura y/o por la Procuración General”.

Para finalizar, Cornejo resaltó que “las modificaciones que hemos propuesto para el Código Procesal Penal, han sido en pos de la oralidad y la agilidad, y ya hemos tenido resultados concretos como por ejemplo un caso de abuso sexual agravado por el vínculo que ocurrió hace tres meses y ya tiene condena efectiva a 12 años. También hemos ingresado a Legislatura un proyecto para que se cree la 8va Cámara del Crimen y estamos constituyendo el banco de ADN, con la extracción de muestras de todos aquellos presos que estén finalizando su condena”.