Un día después de la declaración de Cristina Kirchner y un día antes de la indagatoria de Lázaro Báez, los hijos del empresario movieron ayer una pieza que puede desestabilizar el complejo tablero judicial. Luciana, Leandro y Melina Báez expresaron ayer -a través de su abogado- un fuerte contrapunto con la defensa de Cristina Kirchner al reconocer que existieron «negocios en común» entre ambas familias.

«Socios o no socios, amigos o no amigos, hay constancia en el expediente de que tienen negocios en común», lanzó ayer Santiago Viola, abogado de los tres hijos menores del empresario. Y agregó que, más allá de las supuestas amistades o relaciones en común, los Kirchner y los Báez compartían actividades económicas «como el gerenciamiento de algún hotel o el alquiler de algún inmueble».

La afirmación cuestiona el principal argumento que expresó la ex presidenta ante la Justicia para despegarse de Báez. Cristina Kirchner afirmó ante el juez federal Julián Ercolini que no era «amiga ni socia» del empresario.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en cambio, la acusan de haber creado una estructura para favorecer a Báez con el reparto de millonarios contratos de obras viales que se ejecutaban sin ningún tipo de control.

Báez será indagado hoy, desde las 10, por el juez Ercolini. Hasta ahora, el empresario cercano a los Kirchner no complicó a la ex presidenta cuando declaró en otras causas judiciales, a pesar de que sus tres hijos menores -representados por Viola- le expresaron su intención de que adhiera a la figura del arrepentido.

Viola repitió ayer esa intención al aclarar que Leandro, Luciana y Melina «están convencidos de que cualquier aporte que el padre pueda hacer en el expediente le serviría para tener una mejor situación procesal y para estar más cerca de ellos y de su familia». Aunque remarcó que «ya no insisten» en que se presente como arrepentido.

Los hijos

El titular de Austral Construcciones permanece detenido en Ezeiza desde abril por la investigación más conocida como la ruta del dinero K, causa en la que también está imputado Martín Báez. El hijo mayor del empresario es el que aparece en el famoso video filmado en la financiera La Rosadita mientras cuentan miles de dólares.

No es el único que sufre complicaciones judiciales. Tanto Martín como sus hermanos fueron citados a indagatoria por lavado de dinero luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) descubriera que tienen cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y Uruguay por US$ 25 millones. Están acusados de ser testaferros de su padre.

El titular de Austral Construcciones será trasladado a primera hora de hoy desde el penal de Ezeiza rumbo a Comodoro Py. Se presentará ante el juez Ercolini pese a los pedidos realizados hasta último momento por su defensa para postergar la declaración. Su defensa requirió la nulidad de la causa y la consecuente postergación de la indagatoria a través de un escrito en el que cuestiona la prueba tomada por los fiscales. El pedido fue rechazado por el juez Ercolini.

La estrategia de Lázaro

Los argumentos que el empresario ensaye hoy ante el juez Ercolini serán los mismos que utilizó para pedir la nulidad del proceso, adelantaron desde su defensa a LA NACION.

El empresario considera que la prueba ofrecida por los fiscales por el desvío de fondos públicos para la ejecución de obras viales en favor de sus empresas es «insuficiente», ya que se apoya en información aportada por la nueva gestión de la Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de los nuevos funcionarios macristas. Y consideró «antojadiza» la decisión de Ercolini de citarlo a declarar como acusado de un ilícito.

«El informe fue realizado por la nueva gestión, sin ningún tipo de colaboración con la gestión anterior, en obras de gran envergadura como las que se reconocen incluso en el informe realizándose parcialmente un análisis del último período de otorgamiento y realización de las mismas, evitando considerar todas aquellas que han sido finalizadas con anterioridad», sostiene la defensa de Báez, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi.