Autoridades de la Dirección General de Escuelas y de la Subsecretaría de Desarrollo Social, esta tarde, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, informaron que debido a los hechos ocurridos de público conocimiento en el Instituto Próvolo, el gobierno escolar dispuso una serie de medidas y acciones para garantizar el derecho y el servicio educativo de los alumnos.

Por esta razón se resolvió lo siguiente:

– Quedan suspendidas las clases para mañana miércoles 30 de noviembre con el fin de organizar los equipos de trabajo para restablecer el servicio educativo.

– Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos se solicitó a la Fiscalía, a través de un sumario, que la orden religiosa no podrá tener contacto ni acercamiento con los alumnos del instituto.

– Se instalará en la institución la sede de la supervisión correspondiente hasta el final del ciclo lectivo. El personal administrativo trabajará en conjunto con una psicóloga especializada en abuso infantil, cuatro intérpretes de lengua de señas, dos trabajadores sociales y los profesionales de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares).

-También trabajarán los profesionales de la OAL (Organismo Administrativo Local), dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

En función de todas las medidas tomadas, la Dirección General de Escuelas continuará trabajando y tomando decisiones para la normalización del ciclo lectivo 2017.

Durante la rueda de prensa en el Salón Patricias, Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos de la DGE destacó la plena colaboración, el acompañamiento y la disposición del gobierno escolar para apoyar a las familias y garantizar las trayectorias escolares de los alumnos.

Por su parte la subsecretaria de Gestión Educativa, Mónica Coronado, sostuvo que se instalará un equipo de profesionales. “Estamos también afectando a la supervisión correspondiente a que se instale en el instituto, esta acción significa un gran recurso para la familia y los chicos, los familiares están muy angustiados”, expresó Coronado.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Marcela Fernández, informó que desde la OAL se le dio compulsa a la fiscalía Nº 15 y se derivó al Cuerpo Médico Forense y
al Epasi (Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil), que son los organismos especializados para determinar el abuso, y para todo lo que tenga que ver con las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la protección de los derechos de niños y adolescentes, para que no pasen otra situación no propicia para los chicos. Por tanto, desde
este organismo se está tomando la medida conexa, que implica que ninguno
de los miembros de la orden religiosa pueda acercarse a los niños”, dijo Marcela Fernández.

La funcionaria  remarcó que todas las estrategias que van a ser tomadas, van a ser en virtud de lo que establezcan las familias, porque detrás de cada niño hay un grupo familiar.

“Los chicos que necesiten seguir con una estrategia, con un tratamiento terapéutico o alguna asistencia, por supuesto, van a ser evaluados en cada
caso, por el Organismo Administrativo Local, para determinar su tratamiento”, agregó Marcela Fernández.