Los abrazos no eran simbólicos. No había ollas, pancartas, ni tampoco rastros de la protesta que, hasta el día anterior, estaba previsto hacer allí, en el Congreso, puertas afuera.

Casi todos los referentes de las organizaciones sociales estaban ya ubicados alrededor de la mesa larga del Salón Delia Parodi, en el primer piso del edificio. Se felicitaban mientras esperaban a legisladores del oficialismo para refrendar y comunicar a los medios el acuerdo alcanzado por la emergencia social.

Con gesto distendido, pasadas las 16, comenzaron a ingresar en el salón, uno por uno, representantes del oficialismo. También se habían acercado algunos diputados y senadores de la oposición.

Pero quizás el saludo más significativo haya sido el de Nicolás Massot, jefe del bloque Pro en Diputados, quien, con un apretón de manos con cada uno de los jefes del triunvirato piquetero -la CTEP, Barrios de Pie y la CCC-, confirmaba el acuerdo que habían alcanzado anteanoche para presentar un nuevo proyecto que declara la emergencia social por tres años, con un desembolso de $ 30.000 millones en ese período.

«Ésta es la muestra de consenso político más importante de los últimos tiempos», celebraba el jefe del bloque Pro, y dejaba traslucir la satisfacción del oficialismo. La foto, festejada en la Casa Rosada como certeza de haber despejado el estigma de un diciembre conflictivo, mostraba un escenario impensado incluso hasta apenas entrada la noche del miércoles. Para el Gobierno, el comienzo de esta semana podrá ser recordado como las 72 horas que evitaron el segundo veto de Mauricio Macri.

El acuerdo había comenzado a urdirse en la reunión que el lunes mantuvieron los líderes de las organizaciones sociales con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley . Fueron necesarios dos encuentros más, en los días subsiguientes, hasta el desenlace. A la definición los movimientos sociales le agregan un cuarto momento que, consideran, precipitó los hechos: la importante movilización con la CGT que el viernes pasado había colmado la plaza del Congreso.

En la elaboración del bosquejo del proyecto, que ayer rubricaron en el Congreso, participaron las tres organizaciones, los ministros Stanley y Jorge Triaca (Trabajo) y el diputado Massot. Sin embargo, en la trama hubo dos actores protagónicos. Además de los tres encuentros, en paralelo, Emilio Pérsico y Massot habían mantenido reuniones para encauzar el acuerdo. El líder de la CTEP, de estrecho vínculo con la ministra Stanley, ofició de negociador y confirmó su mayor llegada al oficialismo.

Como primer gesto de acercamiento, el lunes se había fijado una reunión para el martes con Massot, con la posibilidad de estudiar modificaciones sobre el proyecto de emergencia con media sanción del Senado.

El martes se comenzó a hablar de números. Y se decidió echar por tierra con uno de los puntos centrales que agitaban las organizaciones: la creación de un millón de programas de empleo. «Los propios dirigentes reconocían que era un número antojadizo e impracticable. Era una extorsión», aseguró una alta fuente del gobierno.

El primer techo que había establecido el Gobierno era de $ 20.000 millones. Con esa propuesta quedaron en volver a reunirse el miércoles. El número todavía estaba lejos de las pretensiones de las organizaciones, pero la traba principal era el financiamiento.

Anteanoche, en el Ministerio de Trabajo, se sumó Triaca y reapareció Stanley. Y ante la inminencia de una nueva protesta, programada para ayer, el Gobierno accedió a incrementar el monto hasta $ 25.000 millones, con un adicional de $ 5000 millones. La salida para el financiamiento fue la reasignación de las partidas presupuestarias.

El monto asignado podría significar la creación de poco menos de la mitad del millón de puestos demandados en primera instancia. «Tuvimos que ceder, pero también ellos, que ninguneaban el proyecto», aseguraban.

«Estamos incorporando y conteniendo a un sector que hasta ahora era ignorado», cerró ayer Massot, y prometió «trabajar para institucionalizar a un sector de la economía».