La historia reciente del país –además del rencor activo de algunos sectores que extrañan el poder– ha transformado el clima festivo y excitado de fin de año en un tránsito más o menos angustioso hacia el último día del almanaque, especialmente pero no sólo para la política. El gobierno de Mauricio Macri viene trabajando con suerte y capacidad variadas para atender el frente gremial, de los trabajadores más estructurados, y el amplio espacio de los movimientos sociales, que representan a franjas más complejas y castigadas, y que ahora tienden a articular su reclamo con los jefes sindicales tradicionales. Los próximos días mostrarán algo de lo hecho y de lo que resta hacer: a mitad de semana se conocería el bono para empleados estatales, el viernes marcharán las organizaciones sociales y la CGT, y la semana que viene está prevista otra cita con funcionarios para ver si logran conciliar una mayor asistencia a través de la Asignación Universal por Hijo. Son temas que deberían ser saldados sin demora, entre otras razones porque su instrumentación práctica también consume días. Noviembre, entonces, debería generar decisiones que desvanezcan el fantasma de diciembre. No es tarea sencilla.

Por lo pronto, lo que aún está por cerrarse es uno de los capítulos centrales del entendimiento del Gobierno con representantes de la CGT y del empresariado para poner en práctica un bono de fin de año. La instrumentación avanza aunque con tensiones en algunos rubros de la actividad privada, frente a cierta pasividad oficial. Y debe una resolución en el Estado. Fuentes del oficialismo dicen que el martes o miércoles, luego de algunas postergaciones, sería anunciado el acuerdo con los estatales, y anticipan que el bono tendría un techo –excluiría a los jerárquicos– y sería escalonado, partiendo de los salarios más deprimidos. Desde el arranque, la negociación contó con el impulso de Andrés Rodríguez (UPCN) y el cuestionamiento de Hugo Godoy (ATE). Nada indica que el final sea diferente.

De todos modos, eso no sería el problema mayor. El punto más delicado es la proyección del entendimiento para los gremios de empleados provinciales. Hay provincias que ya dieron señales de avance con salidas iguales o similares al bono, entre ellas Córdoba, Misiones, San Luis, Salta, Formosa y Santiago del Estero. Otras, en cambio, han hecho llegar su inquietud al gobierno nacional, y también pedidos de asistencia por anticipado. Precisamente ese cuadro, y no tanto los tironeos con los gremios a nivel nacional, habría demorado el anuncio que ahora se espera para mediados de esta semana.

Los ministros de Modernización, Andrés Ibarra –cabeza de esta larga negociación– , y del Interior, Rogelio Frigerio, han conversado bastante en las últimas semanas sobre este tema. Frigerio es una pieza central en el entramado con los gobernadores. Ha transmitido el mensaje conocido, según el cual cada distrito debe actuar de acuerdo con sus posibilidades, pero desde antes y también en el marco del entendimiento por el Presupuesto, conversó con los jefes provinciales sobre el impulso a obras públicas, con fondos nacionales y articulando líneas de organismos multilaterales. Tal vez no resuelva la cuestión, pero alivia las cuentas locales.

Está claro que no resulta una tarea menor amalgamar respuestas en este terreno, pero más compleja y sensible resulta por momentos la demanda de las organizaciones sociales. Referentes de esos movimientos destacan la política de diálogo en Desarrollo Social, aunque cuestionan ciertas desinteligencias para coordinar respuestas cuando involucran áreas de distintos ministerios o de diferentes jurisdicciones. Con todo, las conversaciones son fluidas y para el miércoles de la semana que viene está agendada una nueva cita nacional, con un temario en el que se destacan dos puntos: la ampliación del bono a través de la AUH –que en principio iba a ser restringido a mil pesos por familia y no por hijo– y alguna forma de aguinaldo para cooperativistas que dependen de programas sociales de la Nación.

La ministra Carolina Stanley recibirá a dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), integrada por movimientos de extendido desarrollo territorial como el Evita; Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. También asistiría algún representantes de la Iglesia. La última reunión formal se produjo hace más de quince días, pero los contactos nunca se interrumpieron. En el medio, las organizaciones sociales decidieron presionar por dos vías: el viernes realizarán una marcha junto a la CGT y en paralelo apostarán al avance legislativo de un proyecto de emergencia social, que arrancó por el Senado.

La protesta expresa una convergencia impensable hace apenas un año atrás, cuando los alineamientos y enfrentamientos con el gobierno kirchnerista dividían aguas. Nadie diría que desaparecieron los matices y tampoco las internas, pero a unos y otros les resulta útil potenciarse como heterogéneo eje de disputa, y de interlocución, con la gestión macrista. Tanto es así que a los convocantes podrían sumarse las dos CTA y también, tal vez de modo menos visible, algunos sectores del PJ bonaerense. La concentración está pensada como un acto en la Plaza del Congreso, pero no se descarta que derive en marcha hacia Plaza de Mayo.

Las resoluciones que se tomen en las mesas de negociaciones con las organizaciones sociales, y también con los estatales, son seguidas de cerca por el gobierno de María Eugenia Vidal. Los números, en la Provincia, son siempre descomunales: desde salarios hasta la distribución de cajas navideñas. “No la vamos a dejar sola”, dice una fuente de la Presidencia. Está claro: dejar sola a la gobernadora sería algo así como dejar a Macri a la intemperie.

Fuente: http://www.clarin.com/politica/fantasma-diciembre-apura-acuerdos_0_1687031283.html