El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avaló el reclamo de empresarios y gobierno mendocinos contra la retención de 6 por ciento de Ingresos Brutos que el distrito porteño cobra a los comerciantes y pymes de otras provincias por operaciones concretadas dentro de su jurisdicción.

La Dirección General de Análisis Fiscal de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) dictaminó que, de acuerdo con el nuevo régimen para Agentes de Recaudación establecido por la Resolución AGIP 939/2013 y modificatorias, “no estarán alcanzados por percepción alguna los contribuyentes que no tengan actividad inscripta en esta jurisdicción”.

El dictamen “preserva el criterio establecido por la Comisión Arbitral Convenio Multilateral en 2011, respecto del sustento territorial”, indicó ayer la AGIP a través de un comunicado.

La Comisión Arbitral del Convenio Multilateral dispuso que el principio de sustento territorial fue el argumento esgrimido por las autoridades mendocinas y la Federación Económica de Mendoza (FEM) para reclamar el indebido cobro del 6 por ciento en concepto de Ingresos Brutos a contribuyentes fuera de su jurisdicción.

De acuerdo con la denuncia, el cobro se basaba en la Resolución General Nº 364/2016, vigente desde el 1 de noviembre, que establece que los negocios de Buenos Aires tienen la obligatoriedad de actuar como agente percepción y/o retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos en esa jurisdicción.

La Provincia de Buenos Aires quiso establecer un gravamen similar pero la Comisión fue contundente en su resolución.

La FEM había alertado sobre la gravedad de la situación para los empresarios mendocinos que no tienen oficinas en Buenos Aires, ya que el costo por la adquisición de mercadería se incrementaba 6 por ciento.

Esto no ocurre con las grandes empresas que tienen sucursales en la CABA debido a que esta percepción puede ser tomada a cuenta del pago de impuestos.

La tensión entre los comerciantes locales, los dirigentes gremiales empresarios y los funcionarios, que el titular de la FEM, llegó a decir  que  “como lo consideramos un abuso de la Ciudad de Buenos Aires, aconsejamos no pagarles a los proveedores, o cancelar la factura sin el cobro de la alícuota. Al menos hasta tanto se abra una instancia de diálogo”.

La intervención del gobierno de Mendoza hizo que comenzaran las negociaciones necesarias para poder acordar la suspensión del cobro de los ingresos brutos a los comercios de Mendoza que compren en la CABA.