Tras seis años de la aparición de polilla de la vid o Lobesia botrana en las vides de Mendoza, el Gobierno provincial dio un primer paso en el plan estratégico que se trazó para comenzar a combatir la plaga, que actualmente afecta 135 mil hectáreas cultivadas.

Con los fondos provenientes de Nación, aportes provinciales y de privados se ha logrado cubrir una superficie superior a las 40 mil hectáreas, con la aplicación de feromonas y el uso de agroquímicos.   

La técnica de confusión sexual (TCS) se aplicó en 34.570 hectáreas mientras el empleo de pesticidas alcanzaría las 6.000 hectáreas, según las estimaciones oficiales.

Debido a que el presupuesto nacional de $ 50 millones consignado para la compra de feromonas no era suficiente para cubrir toda la provincia, la idea fue focalizar sobre las áreas con mayor presión de plaga, es decir con más de 1.500 detecciones por trampa, mayormente en Maipú, Luján, la zona Este y Tupungato.

A ese importe se suma un redireccionamiento de fondos provinciales por $ 8 millones, y el aporte privado, que alcanzó los $ 36 millones, y que fueron incluidos en la licitación.

A la vez, tras una serie de gestiones nacionales para destrabar los fondos, se canceló una deuda de $ 15 millones por la segunda cuota de Cosecha y Acarreo, pendiente de 2015, y junto con la entrega de cheques, se capacitó a 4.500 productores y contratistas sobre el uso de agroquímicos para el tratamiento de vides.

Año de transición

Los especialistas consideraron que este es un año de transición para la erradicación de la polilla de la vid, debido a que recién en 2017 se destinarán, por ley, US$ 22 millones del presupuesto nacional para la cura de las plantas mediante la técnica de confusión sexual (TCS).

El plan estratégico, que necesitará de cuatro campañas de tratamiento, se basa en la aplicación de feromonas como la que se utiliza con éxito para la erradicación de la mosca del Mediterráneo.

Combatir la polilla de la vid resulta fundamental para el sector vitivinícola de Mendoza, debido a que lad pérdidas en la producción de uva alcanzan el 30% de las hectáreas afectadas, lo que claramente perjudica la vinificación y repercute no sólo en los puestos de trabajo sino también en la microeconomía de la región.