Se aprobó un proyecto de la senadora Claudia Najul (UCR), que tiene por objeto la incorporación de la problemática de la violencia contra las mujeres en los establecimientos de salud pública estatales mediante la organización de Unidades de Violencia de Género en cada uno de los efectores.

“En el marco de la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ley nacional sancionada en el 2009 y adherida por la provincia de Mendoza a través de la ley 8.226 en el 2010, y considerando fundamental su efectiva aplicación en la provincia de Mendoza se busca fortalecer los derechos de las mujeres y facilitar herramientas necesarias para enfrentar las situaciones de violencia de género en el ámbito médico asistencial. La violencia de género es un problema social, de salud pública y de derechos humanos, que debe estar en la agenda política prioritaria”, reza parte del fragmento de la iniciativa.

Para la autora del proyecto, es “fundamental fortalecer la etapa de prevención y de atención primaria en la identificación de la violencia de género”. “Se propone acercar a las mujeres de la provincia de Mendoza a través de este proyecto, la posibilidad de contar con equipos interdisciplinarios de atención integral en violencia de género en los centros médicos asistenciales más próximos a sus hogares. La ley 26.485 en relación a la salud pública, plantea en el artículo 11 el desarrollo de acciones prioritarias que promuevan, articulen y coordinen con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia”, este es otro de los fundamentos de la propuesta.

ichas unidades serán integradas por un/a responsable que será un/a profesional sanitario (trabajador/a social, enfermero/a, médico/a, psicólogo/a u otro/a profesional de la salud) de la institución y por otros miembros del equipo institucional considerando una perspectiva interdisciplinaria. El responsable deberá coordinar con la Unidad y las autoridades de la institución las políticas públicas para el desarrollo de la finalidad y de los objetivos. A su vez deberá elevar, semestralmente, un informe al Ministro de Salud y al Observatorio de Violencia de Género, detallando la cantidad de casos, la naturaleza de los mismos y demás datos que requiera la reglamentación. La composición de las UAVG, la designación del responsable, la cantidad de sus miembros y su designación será determinada por la reglamentación, considerando la naturaleza de cada efector, cantidad de personal y pacientes que reciben.

En este punto fue que la senadora María José Ubaldini propuso dicho informe también sea presentado a la Comisión de Género y Equidad del Senado.

Por su parte, el senador Juan Carlos Jaliff propuso varias modificaciones, ya que el proyecto tratado no fue girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

En este sentido planteó que se autorice al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a celebrar los convenios de cooperación y coordinación con los efectores de salud pública de los municipios y con los efectores privados.