Si bien la totalidad de la denominada “Ley de Seguridad” será difundida por el Gobierno porteño ese día, trascendieron algunos criterios que la gestión actual pretende darle a la primera fuerza con la que contará la Capital Federal propia, instancia a la cual se llegó tras un acuerdo con la Nación que posibilitó el traspaso de los agentes.

En principio, los efectivos tendrán un nuevo uniforme para que los vecinos puedan identificarlos sin diferenciación entre las dos antiguas fuerzas como ocurre en la actualidad, además de la incorporación de tecnología para ayudar en el patrullaje.

El proyecto, una vez que tome estado parlamentario, será debatido en las comisiones legislativas y cuando llegue al recinto el oficialismo va a necesitar de al menos 31 votos positivos, de los 60 en total con que cuenta la cámara porteña.

El bloque del PRO suma 28 escaños propios, por lo cual deberá contar con el respaldo de algunas bancadas aliadas, como pueden ser la de Suma+ que responde a Martín Lousteau o la de Confianza Pública que preside la diputada Graciela Ocaña.

Por otro lado, también el Ejecutivo buscará la aprobación del proyecto para que la Ciudad tenga su propio Código Electoral ya que la Ciudad, en la actualidad, se rige por el nacional, dejando un vacío en esa materia y representa una deuda para el distrito a 20 años de la sanción de su Constitución.

La iniciativa plantea entre sus ejes centrales la implementación de la Boleta Única Electrónica, la modalidad del financiamiento de las campañas electorales, la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos y la obligatoriedad a los postulantes a participar de un debate previo a los comicios.

En ese expediente trabajaron en los últimos meses el ministro de Gobierno porteño, Bruno Screnci; junto al subsecretario de Reforma Política, Hernán Charosky; y la directora de Reforma Política, Florencia Zulcovsky, para “asegurar la transparencia en el proceso electoral, la ampliación de la participación política y la equidad en el reparto de los recursos de campaña”, según manifestaron a la hora de fijar los objetivos.

En ese sentido, se remarcó que el proyecto de ley “no sólo exige la bancarización de todos los movimientos monetarios vinculados a la campaña, sino también crea un registro de proveedores que permitirá transparentar los gastos que realicen las agrupaciones políticas”.

Además, “incorpora la paridad y la alternancia por género como principios rectores en la conformación de las listas para los cargos electivos” y sobre la distribución de los recursos de campaña “garantiza que el cincuenta por ciento de los aportes públicos se distribuyan en forma equitativa entre todos los partidos políticos”.

Y suma la promoción del debate público entre candidatos “para que la ciudadanía pueda conocer en una instancia neutral las principales propuestas y propone la división del trabajo entre una autoridad administrativa y otra contenciosa, permitiendo así una mejor organización de las funciones electorales”.

Por último, el Gobierno porteño enviará a la Legislatura con fecha máxima del 30 de septiembre el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos proyectado para el 2017, al igual que las leyes económicas de Código Fiscal – que regula las cuestiones tributarias- y la Tarifaria, que contiene las tasas impositivas para el año próximo.

Una vez ingresado al Parlamento legisladores darán inicio a la ronda de visitas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que inaugurará el ministro de Hacienda, Martín Mur. _Telam