De cada $ 100 gastados en alimentos en la góndola de un supermercado, casi $ 40 corresponden a impuestos . De ese mismo monto, pero para bebidas, $ 50 son gravámenes. El 54,8% del precio final de un 0 km se lo lleva el Estado. El 60% de lo que se paga por un jean es carga tributaria. Casi el 30% del valor final de los electrónicos son obligaciones impositivas.

Si se hila más fino, el resultado de esa presión también llega a las empresas en servicios, lo que las obliga a gastar más, por ejemplo, en logística o seguridad. Todo esto se traduce en una menor inversión privada y en los precios más altos que tiene que afrontar el consumidor final.

Estos números surgieron de una serie de investigaciones que encaró el sector privado como respuesta a la presión oficial para impulsar una mayor competitividad empresarial y una «integración al mundo». Pero los datos también preocupan al Gobierno, sobre todo en sectores industriales que se consideran «sensibles», como textiles, calzado, electrónica de consumo y muebles, afectados por la escasa sustentabilidad del empleo.

En estos ejes está focalizado el Plan Productivo que elabora el Gobierno, según el cual apuesta a transformar, a largo plazo y en forma gradual, cerca de 400.000 empleos, de acuerdo con un documento al que accedió LA NACION. El gran desafío, según el borrador de 174 páginas, será el mercado laboral.

Es que, según se estima allí, «los sectores transables contienen cerca de 400.000 empleos (364.000, más precisamente) con necesidades de transformación» si se los quiere volver sustentables, es decir, competitivos. Todo un problema económico y político.

El Gobierno reconoce que el peor enemigo de la competitividad es el Estado. Según se consigna en el anexo del texto completo del Plan Productivo Argentino 2016-2019, la presión tributaria llega al 137,4% de las ganancias comerciales. Esto significa que las compañías privadas locales pagan por impuestos una cifra que más que duplica a lo que efectivamente ganan.

«La Argentina posee una altísima presión tributaria», declama el documento que recopiló la Secretaría de Transformación Productiva, que conduce Lucio Castro, ex hombre del Cippec y economista que conoce de cerca el modelo de transformación que encaró Australia. Pasó poco tiempo atrás un mes en ese país estudiando los cambios implementados allí en los ’90. Pero la idea es anterior: viene de trasnochados lectores de Pablo Gerchunoff y Pablo Fajgembaum.

Un espejo que adelanta

El Plan Productivo Argentino dedica varias páginas a ese espejo que adelanta. «El ejemplo de Australia sugiere que los procesos de transformación productiva requieren lograr hitos tangibles de generación de empleos de calidad por medio de una estrategia de apertura gradual y transformación productiva», explica en la cinco páginas dedicas al tema.

«Australia encaró un proceso de apertura gradual y asistencia directa para la transformación de los sectores sensibles», explica el documento oficial. La asistencia de ese país para esa misión llegó a más de US$ 13.000 millones entre 1991 y 1999 a través de subsidios directos y exenciones impositivas. Es una pista para deshilachar el objetivo oficial. «Australia logró transformar a la industria en un sector competitivo a nivel internacional y fue capaz de generar nuevos empleos de calidad en servicios», señaló el informe.

«Es un error pensar que queremos ser Australia. Tenemos, sobre todo, otra estructura laboral. Sí observamos el proceso de transformación que llevó adelante, diferente a las aperturas totales de Estados Unidos y Gran Bretaña, porque estuvo basado en acuerdos políticos con sindicatos y empresas», igualmente aclaró un funcionario.

El Plan Productivo Argentino define ambiciosas metas «orientativas». Se busca un crecimiento del PBI de 4% por año, un PBI per capita similar al de Uruguay (US$ 16.350), aumentos de 8,7% anuales en las exportaciones, un incremento de la inversión del 18% al 25% del PBI, que las inversiones extranjeras se expandan 1,2 puntos por año, una suba del empleo formal de 3,7% por año y una baja de 6 puntos porcentuales anuales en la informalidad.

Para eso se aplicarán una serie de políticas transversales: baja del costo de capital; reducción del costo logístico y de transporte (a través de obras de infraestructura); mejora de la productividad del trabajo; una reforma impositiva; el impulso de la innovación científica; el empuje de mayor competencia; la desburocratización estatal y la búsqueda de una integración al mundo.

Pero el principal leit motiv empresario pasa en la actualidad por los impuestos. La Unión Industrial Argentina (UIA), preocupada por el posible reconocimiento de China como economía de mercado y la reconversión que plantean las políticas sectoriales oficiales, se quejó de esto el último jueves.

«Hay una gran presión tributaria y esto afecta la rentabilidad. Es necesaria una reforma tributaria», criticó Adrián Kaufmann, presidente de la entidad, en la celebración del Día de la Industria.

El Gobierno ya encargó este tema al asesor del Ministerio de Hacienda, Nadín Argañaraz, uno de los autores en el pasado de las informes privados sobre el problema de la importante carga impositiva en las empresas.

Liderazgo negativo

La presión tributaria como porcentaje de las ganancias en la Argentina casi quintuplica a la que muestra Chile (28,9%), según la Secretaría de Transformación Productiva. «Chile necesita vender cinco veces menos que yo en la Argentina», cuestionó un empresario de un sector «sensible», e ironizó: «Compararnos con Australia está muy bien si nos van a cobrar los mismos impuestos».

La Argentina encabeza el ránking de mayor presión tributaria entre doce países elaborado por el propio Gobierno. Luego vienen Colombia (69,7%), Brasil (69,2%), China (67,8%), Francia (62,7%), España (50%), Alemania (48,8%), Estados Unidos (43,9%), Uruguay (41,8%), Perú (35,9%), Reino Unido (32%) y el mencionado caso chileno.