La Argentina superó al menos un debate. Por estos días, nadie pone en tela de juicio la importancia que la obra pública tiene en la economía criolla. Aquellas discusiones sobre el Estado constructor parecen zanjadas. Más aún, la mirada está puesta en el cuánto y en el cómo se colocan los ladrillos, en la velocidad y, claro está, también en la transparencia. Pero ya no más en la necesidad o no de destinar recursos del Estado a este sector.

Después de más de un año y de un freno prácticamente a cero, la obra pública está de regreso. Sólo en las últimas semanas se percibe el movimiento de la rueda vital para la economía. Por primera vez en el año, las curvas de despacho de cemento revirtieron su tendencia.

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, responsable de gran parte de la actividad, confía en que ya quedó atrás lo peor de la caída de la construcción pública. Esta semana tenía sobre su escritorio varios números que le indicaban el despegue. Esos informes mostraron que los despachos de cemento aumentaron en agosto 6,7% respecto de igual mes del año anterior, la variación positiva más alta desde septiembre de 2015. La venta de este insumo clave llegó a 1,04 millones de toneladas, el mejor registro para el mes de agosto desde 2013.

Las razones del parate tienen que ver con dos situaciones. La primera, que explica lo ocurrido en el segundo semestre de 2015, fue el acto electoral de diciembre. El gobierno anterior frenó todo tipo de desembolso a partir de agosto. «Para poner un número, la mitad de las obras no habían recibido un sólo peso en todo 2015», dijo a LA NACION Ricardo Delgado, subsecretario de Obra Pública Federal.

Luego llegó la primera mitad de 2016. Los recién llegados al poder tuvieron que esperar que la cuestión burocrática se pusiera más o menos a tiro hubo que hacer cambio de partida y de planta, ya que el área no estaba en el Ministerio del Interior y después se tomó la decisión de revisar y ordenar la famosa herencia dejada por la dupla integrada por Julio De Vido y José López.

El ministro Frigerio y los suyos miran julio y agosto, meses en que según muestran los números presupuestarios, se empezaron a revertir las cifras. «Las mejoras en los indicadores se encuentran alineadas con el incremento del 135% en los desembolsos para proyectos de vivienda realizados entre mayo y julio respecto de los tres meses anteriores. Durante julio los desembolsos en proyectos de vivienda aumentaron 58% respecto a junio», dice un trabajo que estos días recorrió esos despachos.

La obra pública que manejó con mano férrea durante 12 años De Vido se dividió en varios ministerios desde que llegó a la presidencia Mauricio Macri. Los ministerios del Interior, de Transporte y de Energía fueron los principales receptores de aquellos presupuestos y proyectos. Dentro de ese universo hay mejores y peores ejecutores de las partidas. Vialidad, que está dentro de la cartera de Transporte que maneja Guillermo Dietrich, es una de las entidades que muestra mejores números. Se la ve algo más adelantada que al resto de la administración. Sucede que allí, más allá de los nuevos funcionarios que llegaron con Cambiemos, se mantiene una interesante estructura técnica sedimentada de años. Al igual que Aysa, la compañía de agua y saneamiento metropolitana, la gimnasia para la obra pública está aceitada.

«Tenemos 900 kilómetros de autopistas en marcha y ya licitamos otros tramos importantes, como la autopista sobre la ruta 19 que une San Francisco y Córdoba, con una inversión de 7500 millones de pesos que está financiada por el BID», dijo Javier Iguacel. Varios llamados a concurso están abiertos en el organismo que ha ejecutado cerca de 60% de sus partidas destinadas a mantenimiento y 47% en las que son construcción pura.

Según datos del presupuesto nacional, los programas que dependen del Ministerio del Interior tienen entre 40 y 50% de ejecución. «Vamos a terminar el año con alrededor de 80% de ejecución. Es decir, en estos meses, se van a acelerar los desembolsos», confía Delgado.

El ministerio de Energía, enfrascado en el tema de las tarifas de electricidad y gas, es el más retrasado en la ejecución. Hay una partida de 43.000 millones de pesos asignada al Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas; pero sólo se han gastado 12 de cada 100 pesos reservados. Varias de las grandes obras previstas, como las represas sobre el río Santa Cruz, están aún en revisión y los flujos están prácticamente cerrados.

El peso en la economía

El esperado regreso de la obra pública tiene sus razones. El efecto multiplicador del sector ya no está en discusión. Ariel Coremberg es profesor de Teoría y Medición del Crecimiento Económico de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el proyecto Arklems + Lamd para la medición de la productividad y competitividad de la economía argentina, una iniciativa que lleva adelante junto con la Universidad de Harvard. Dice que la Argentina terminó 2015 con una inversión total de alrededor de 15% del producto bruto interno (PBI). «Muy baja si se tiene en cuenta que es necesario alrededor de un 24% del PBI. Hay que pensar que para que el país crezca a razón de 4 o 5% por año es necesario una tasa de 24% aproximadamente, por bastantes años», dice. Dentro de este número, claro está, la obra pública es clave.

Coremberg apunta una característica de los últimos años: no se tomó crédito para construir. «El mundo entero construye con créditos internacionales que están creados para eso. No es lógico que se pague con caja y eso no lo hace ningún país del mundo. Justamente, los créditos se crean para que la generación actual no tenga que soportar el peso de una obra que la van a disfrutar las futuras generaciones. Pero por razones que pueden ser ideológicas o las que fueren, la Argentina prefirió no pedir créditos para infraestructura. Más aún, en este país se pagaron multas ante organismos internacionales por no utilizar el dinero disponible para proyectos», dice.

Cuenta, además, lo que significa en la economía. Para ilustrar toma el ejemplo de un crédito internacional de 1000 millones de dólares. «Imagine ese monto. De eso, según cálculos aproximados, el 40% regresa al Estado por impuestos. Contratistas y proveedores pagan impuestos, cargas sociales, etcétera. Hay trabajadores que cobran, consumen y obviamente, tributan por eso. Imagine el efecto que tiene para la economía», afirma.

En la Cámara de la Construcción manejan un número del efecto multiplicador del sector. Dicen que es 2,14 veces lo invertido. En los pasillos de la entidad empresaria están confiados en lo que vendrá. «Están las condiciones dadas para que regrese la construcción después del freno de los últimos tiempos», dicen.

Ajustes a la normativa

Se refieren, además del presupuesto que hace falta, a un par de normas que se reclamaban hace tiempo. La primera tiene que ver con la readecuación de precios que vino a dar alguna solución a la erosión que provoca la inflación en los precios de la obra pública. Según la metodología que se aplicaba hasta mayo, la actualización se disparaba cuando los costos de los factores principales que componen el precio del contrato reflejaban una variación promedio de esos precios superior en un diez por ciento (10%) a los del contrato o al precio surgido de la última redeterminación. Ahora, la condición para que se aplique el sistema de actualización se bajó a 5%, porcentaje que podrá modificarse con acuerdo de varios ministerios.

Otra de las quejas que se le hacían a la anterior legislación, que era de 2002, fue que sólo actualizaba el 90% del contrato, ya que el restante porcentaje se mantenía fijo e inamovible durante los plazos que estipulaba cada convenio. También eso se corrigió. Y el tercer punto es que este sistema, demás, le puso fecha a los pagos que resultan después del proceso.

Desde la publicación, a fines de mayo, se empezó a dar una renegociación constante para volver a poner de pie contratos caídos.

En el mundo de la vivienda hubo otra novedad. La gran mayoría de las viviendas paralizadas estaban afectadas por la desactualización de los contratos. Entonces, como la nueva norma no es retroactiva, se negoció un precio para actualizar lo anterior con un monto igual para todos. Constructores y gobierno negociaron un valor general para el metro cuadrado de vivienda social estándar de 12.800 pesos. Todo lo anterior se lleva a ese precio, y desde mayo rige el nuevo esquema. Así se reflotaron varios contratos en el interior.

Hay un punto más. En el Senado se discute una ley que, según dicen, será clave para el desarrollo de la infraestructura. Se trata de un proyecto que regula la participación público privada para la construcción. Por ahora, la iniciativa, está trabada en el despacho de Miguel Pichetto, dueño de la llave del bloque kirchnerista.

Luego quedará la fiscalización de todos, para evitar que una vez más, la obra pública se convierta en una apreciada caja política.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/1936471-obra-publica-el-lento-regreso-de-la-inversion