Juan José Aranguren y Marcos Peña 

 Los fallos adversos a los aumentos en tarifas de gas y electricidad y la inacción del Gobierno frente a ese contratiempo que le resultó inesperado, derivaron en la inédita situación de que desde el 11 de julio las empresas gasíferas y las eléctricas en el Gran Buenos Aires no emiten facturas.

Ese hecho, sumado a que , según se estima, la gran mayoría de los usuarios no pagaron las últimas boletas de gas recibidas (antes de que dejaran de enviarse), derivan en una fuerte incertidumbre para el público sobre los montos que finalmente se deberán pagar, los plazos en que habrá que hacerlo y si se cobrarán o no intereses sobre las facturas impagas.

Para las empresas de gas la situación también se está complicando porque al no percibir ingresos desde hace ya casi un mes, están limitando al mínimo los pagos a las petroleras por el precio del gas, mientras, luego de afrontar el pago de salarios, se les achica a casi cero la caja para mantenimiento de las redes.

En el caso de las distribuidoras Edenor y Edesur, la orden judicial de no emitir facturas rige recién desde ayer en Capital Federal, pero también desde el 11 de julio para las localidades del Gran Buenos Aires. Como consecuencias, ambas empresas ya nuevamente dejaron de pagar la energía a Cammesa, y Edenor envió a la Bolsa un duro comunicado en el que reclama al Gobierno que vuelva a poner en vigencia una resolución del Gobierno anterior que se derogó en febrero, por la cual el Estado se hacía cargo de gastos operativos como el pago de parte de los salarios.

Frente a este panorama, el Gobierno viene confiando en que habrá una rápida y favorable decisión de la Justicia sobre tarifas. Esa posición se demostró hasta ahora injustificada: el jueves 7 de julio cuando la Sala II de la Cámara de La Plata anuló los aumentos del gas, allegados al ministro Juan José Aranguren aseguraron que al lunes siguiente presentarían un pedido de recurso extraordinario y que ese mismo día los aumentos podrían volver a aplicarse.

Después dijeron que eso pasaría antes del comienzo de la feria, lo que no ocurrió, y por último estaban convencidos de que el fallo quedaría en suspenso mientras el Gobierno apelaba en la Corte Suprema. Ninguna de esas expectativas se cumplió, pero recién anoche un cable de Telam atribuyó a una fuente oficial el plan de que las empresas apliquen las tarifas anteriores hasta que se expida el máximo tribunal.

Eso último es lo que está haciendo desde esta semana Camuzzi en la Patagonia donde los fallos locales obligan a aplicar el cuadro tarifario anterior, mientras el emitido por la Cámara platense anula las resoluciones con los aumentos pero no entra en otras especificaciones. Por esta razón, para donde no hay fallos específicos, es el Gobierno nacional a través del Enargas el que debe ordenar cómo facturar a las empresas de gas.

El otro gran problema es que la Corte quedó en un lugar incómodo obligada a definirse sobre un tema que crea fuerte malestar social. En ese sentido, la insistencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro Garavano sobre el recurso del «per saltum», empeora el clima. Por eso, en varias compañías privadas presionan ya para que el Gobierno salga de la inmovilidad y convoque a las audiencias públicas para definir los aumentos de tarifas.

Fuente:  http://www.ambito.com/diario/849963-alarmante-paralisis-del-gobierno-ante-fallos-que-frenan-tarifas