Junto con las intenciones manifiestas de la Secretaría de Ambiente anunciando de reactivar los estudios de Impacto Ambiental para la remediación de los pasivos ambientales de Sierra Pintada(yacimiento de uranio en San Rafael), se debe considerar un factor fundamental y es que ese proceso está bajo la tutela de la Justicia Federal, específicamente la del juez Eduardo Puigdendolas. Por eso, cualquier posible avance dependerá en última instancia de la decisión del magistrado, quien valora la intención de las partes en la causa para avanzar con una cuestión común, dar una solución a la cuestión ambiental. 

En conversación con MDZ, el juez federal del Sur provincial, valoró la intención del Ejecutivo de reactivar la Declaración de Impacto Ambiental. «Es un poquito más, no solamente eso, sino la clara intención de remediar, que es lo importante. Es un paso, pero yo voy más allá y lo que me gusta es la intención clara. Son hechos que demuestran la intención de remediar».

Puigdendolas hace especial referencia a las intenciones, por el contraste con lo ocurrido en la última etapa del gobierno anterior. «En la última etapa de la gestión anterior estuvo prácticamente sin actividad y ahora se ha reanudado», dijo el magistrado, apuntando al proceso de «saneamiento del expediente administrativo, por decirle de algún modo», ocurrido en los primeros meses de trabajo y que logró encaminar nuevamente la reparación ambiental.

En la causa que lleva el magistrado del Sur provincial hay varios actores como el Gobierno provincial, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Intersectorial del Sur, el Departamento General de Irrigación y otros organismos, pero lo que destaca es que después de 11 años existe un consenso respecto al avance urgente que se necesita en Sierra Pintada.

La Ley 7.722 y las posibles restricciones

Entre los anuncios y las visiones que te hemos presentado en MDZ respecto a los alcances de la remediación, lo cierto que lo que vale es lo que decida el Juzgado Federal, y por lo tanto, la pregunta clave era sobre la utilización de ácido sulfúrico (sustancia prohibida por la Ley 7.722) en el proceso de remediación.

Lejos de polémicas y de cuestiones de índole política, el juez Puigdendolas, señaló: «Hay una prohibición de utilizar para la explotación. Lo que pasa es que a fin de llevar adelante el proceso uno de los aspectos que hacen a la remediación son los tambores y, seguramente, va a tener que existir el uso controlado para el proceso, pero eso aún no está determinado es una de las posibilidades».

En el mismo sentido, el magistrado aclaró que «lo que tiene que quedar claro es que el uso para explotación está totalmente prohibido», pero aclaró que si se mira el artículo 1 de la Ley 7.722 «habla de todo proceso de explotación, pero esto es un proceso de remediación» y recalcó que hay un consenso, entre todas las partes de la causa que él lleva adelante, a los fines de llevar adelante un proceso que favorece al ambiente.

Sin embargo, aclaró que se está hablando de una cuestión que aún no está evaluada y que dependerá de lo que digan los organismos técnicos que se consulten en el momento indicado.

«Yo tengo conocimiento de la intención del Gobierno de reactivar la Declaración de Impacto Ambiental  y también de la existencia de la ley. No me parece que (en el proceso de remediación) el uso de sustancia que están prohibidas para la explotación sea una cuestión que vaya a trascender, siempre y cuando se hagan los debidos controles», puntualizó el juez federal.

No hay que opinar sobre hipótesis

Puigdendolas insistió en que las preguntas sobre el tema por ahora son hipótesis y son cosas que «no sirven, porque se imagina que estamos en los primeros pasos». Todo se analizará y estudiará a medida que vayan cumpliendo las etapas y se vayan necesitando los informes técnicos referidos a la remediación. Sin embargo, apuntó claramente que «en caso que se diera, no va a ser una cuestión indiscriminada donde todos van a salir a usar ácido».

El magistrado federal de San Rafael dijo que una posible necesidad de reglamentar la Ley 7.722 o una nueva ley para avanzar con el proceso de remediación, «es una cuestión de técnica legislativa y de política», por lo que no se refirió a esa cuestión.

Por eso, y más allá de las posibles interpretaciones, Puigdendolas recalcó que lo importante es remediar y aprovechar el consenso que existe entre las partes que están involucradas «después de tantos años de desidia».

Al finalizar la conversación con MDZ, el juez Eduardo Pigdendolas insistió: «Para la Justicia Federal el tema hoy es sólo la remediación integral. Supongo que en agosto o septiembre estaré en el lugar y veré también el avance expediente administrativo que se está moviendo hoy».

Destacó la necesidad de avanzar, aunque también entregó tranquilidad en cuanto a lo poco que se ha avanzado desde 2005, señalando que se hizo bien y que era imprescindible. Pero lo que busca ahora, es la remediación integral para terminar con los pasivos ambientales del yacimiento de uranio en San Rafael.