La unificación de causas penales, casi una realidad

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto del Ejecutivo, pero un error en la redacción obligó a devolverlo a Diputados.

La Legislatura se presta a aprobar por amplia mayoría el proyecto de ley que permitirá a la Justicia unificar todas las causas penales que posee una persona en distintos juzgados. La iniciativa fue aprobada ayer a la tarde por el Senado, pero un error imprevisto en la redacción del texto obligó devolverlo a Diputados, que le dará el visto bueno en las próximas horas.

Este proyecto, presentado el mes pasado por el Poder Ejecutivo en la Cámara Baja, prevé modificaciones en los artículos 59, 60 y 61 del «nuevo» Código Procesal Penal (el que rige para el Gran Mendoza y la zona Este). Con esta nueva norma, el Poder Judicial podrá unificar en una sola fiscalía todas las causas que tenga una persona y que estén en distintas jurisdicciones.

A pesar de haber contado con la aprobación de ambas cámaras legislativas, el proyecto deberá ser nuevamente sometido a votación en Diputados por un error en su redacción: en ese grupo se les pasó por alto colocar el número de ley del Código Procesal Penal que corresponde, que en este caso es el 6.730. Una vez detectado y subsanado el inconveniente en el Senado, se espera que hoy la Cámara Baja le dé la sanción definitiva.

Alejandro Molero, presidente del bloque UCR de la Cámara Alta, explicó a MDZ que el objetivo de la aprobación de esta ley es «otorgarle celeridad a la Justicia para que las investigaciones contra una misma persona no estén dispersas en distintos juzgados y retrasen los procesos». Con ello se pondrá bajo control las cuestiones de reiterancia y reincidencia, es decir, que el acusado será juzgado por todos sus delitos y el juez podrá tener en cuenta los ilícitos cometidos para tomar sus decisiones, especialmente la prisión preventiva.

Con esta futura norma, el Gobierno provincial avanza en su propuesta de combatir la inseguridad mediante, entre otras cosas, el envío de proyectos de ley a la Legislatura para modificar diversos aspectos procesales penales. Así se suma, junto a otras iniciativas, a la nueva ley de prisión preventiva, sancionada en mayo por amplio consenso en ambas cámaras.

Así, el Poder Ejecutivo intentará introducir otros cambios al Código Procesal Penal que rige en el norte provincial y cuyo objetivo final es aplicarlo definitivamente en el resto de Mendoza antes de fin de año, concretándose así un reclamo de larga data por parte de fiscales, jueces y abogados. Por eso, en la Legislatura se espera que el Gobierno envié el proyecto de unificación del CPP en el mes de septiembre.

Los cambios

Cuando se sustancien causas conexas por delitos de acción pública, deberá intervenir con unidad de investigación la misma Fiscalía y de juzgamiento el mismo Tribunal y será competente el Tribunal competente para juzgar el delito más grave; si los delitos estuvieren reprimidos con la misma pena, el Tribunal competente para juzgar el delito que se cometió primero; si los hechos fueren simultáneos o no constare debidamente cuál se cometió primero, el que designare el Tribunal jerárquicamente superior.

Se podrá disponer la acumulación de procesos mientras transite la misma etapa procesal, salvo cuando ello determine grave retardo para alguno. A pesar de la acumulación, las actuaciones se compilarán por separado.

El Procurador podrá disponer por razones de especialidad o funcionalidad otros criterios de intervención, manteniendo siempre la unidad de investigación, salvo lo autorizado por el artículo siguiente. Además se dispone que no serán aplicables las reglas de la unidad de investigación y juzgamiento de causas conexas, cuando se deba actuar siguiendo el procedimiento de flagrancia previsto por los Artículos 439 bis, 439 ter y 439 quater.

Por otro lado, se fija que el Tribunal Competente se compondrá por dos tribunales que deberán declarase simultánea y contradictoriamente competentes o incompetentes para juzgar un hecho con el fin de que el conflicto sea resuelto por el tribunal jerárquicamente superior. Surgido el conflicto de competencia, el expediente deberá remitirse al superior en el plazo de dos días y resolverse perentoriamente en cinco días, luego del cual se tendrá por rechazado, debiendo radicarse en quién declaró primero su incompetencia.