Y finalmente se vuelve a hablar de minería en Mendoza, pero para sorpresa de muchos de los actores de la discusión, tanto de los que están a favor como de los que están en contra, se dio en un ambiente donde cada sector puso su cuota de confianza, pero depositada en distintos actores del Gobierno.

La mayoría de los empresarios mineros y de otros rubros que estuvieron en la cita la «ponen fichas» al accionar del subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Desde los sectores sociales, especialmente en el ambientalismo, la ponen en Cornejo, pero no directamente en el gobernador, sino en miembros de su administración que hasta hace poco fueron parte del movimiento antiminero.

Bajo ese panorama se desarrolló la primera jornada, en la cual fue más que nada verse las caras y entender que este proceso apunta a desarrollar, por lo menos desde la intención, una política minera que -más allá de los matices- permita encontrar en la actividad la diversificación de la matriz productiva, con proyectos de primera, segunda y tercera categoría.

Sin embargo, la discusión real será si Mendoza aceptará o no el desarrollo de los proyectos de minería metalífera que no estén limitados por la Ley 7.722 y en ese contexto la primera señal la dio el ministro Enrique Vaquié, quien no participó de la actividad porque tenía un viaje a Buenos Aires, pero sí estuvo más temprano para hablar con los medios. De sus palabras, que invitaban a no entusiasmarse, se desprende que más allá del resultado que pueda lograr en sentido técnico y estratégico, seguirá existiendo resistencia en el mismo seno del Ejecutivo.

La ausencia del titular de la cartera también fue un señal que no pasó desapercibida para los participantes, especialmente para el sector empresarial, el cual conoce la postura de uno de lo redactores de la Ley 7.722 respecto a la industria. Por eso, las fichas del sector pro no apuntan al ministro y sus dudas están puestas en el rol que jugará a la hora de las decisiones.

En medio de esa duda, desde la Nación llegó Santiago Dondo, subsecretario de Política Minera, uno de los hombres fuertes de la Secretaría de Minería, con una relación muy cercana con Juan José Aranguren y con línea directa al presidente Mauricio Macri. Su figura es una señal de la importancia que le dará la Nación al proceso, del cual esperan noticias positivas a fin de año y puntualmente que se permita dar luz verde a proyectos con una alta inversión y que están a la espera de la decisión política para desarrollarlos.

Confianza

La confianza que logró Guiñazú causó sorpresa, tanto que en los pasillos del Centro de Congresos y Exposiciones se vio a representantes de empresas importantes más allá de las mineras, como por ejemplo a miembros de la familia Badaloni de Andesmar.

Además, entre todos los actores, pasó casi desapercibido el brasileño Eduardo Santana, directivo de Vale, la empresa concesionaria de Potasio Río Colorado. Santana aprovechó la oportunidad para conversar brevemente con Santiago Dondo y también con representantes del Gobierno provincial. Seguramente el tema que trataron fue la situación del proyecto de la empresa en Malargüe, el cual sólo se reactivará de la mano de un socio inversionista, según confirmó el mismo Santana en un diálogo de pasillo con MDZ.

Aunque evitó hablar de otros temas, se sabe que la empresa está alerta a la situación de la concesión, ya que en marzo de 2017 se cumplen cuatro años desde el cierre del proyecto por las malas condiciones del mercado del potasio. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que Vale ha invertido cerca de 17 millones de dólares por año en la mina, por lo que podría alegar «trabajo razonable» para mantener la concesión en caso que el Ejecutivo provincial avance con la quita de los derechos de explotación.

Volviendo al «Espacio de Diálogo», los sectores ambientalistas tuvieron una postura marcada y la hicieron sentir durante la primera parte del encuentro, donde pidieron que -aprovechando la asistencia masiva- se proyectara un documental sobre la Ley 7.722, el cual estaba agendado para la segunda parte del encuentro.

Sin embargo, y ante la posibilidad que no tuviera la misma atención que se le estaba dando al inicio del proceso, se les permitió exhibirlo antes, algo que generó uno que otro comentario. Mientras se mostraba la película, el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, se ubicó en la mesa de los ambientalistas y compartió con ellos, mientras los representantes mineros hacían algunos reparos a lo que se proyectaba. De allí otra señal, apuntando la confianza de este sector a la figura del mismo Mingorance y la influencia que puede tener su carte -donde está el extitular de Oikos, Eduardo Sosa- en el delineamiento final de la política minera.

Finalmente, la película se vio y terminó con aplausos, pero fue el primer momento en donde se comenzaron a marcar bien las distancias entre uno y otro sector.

Cada «coffee break» sirvió también para ver de qué lugar venía cada uno de los participantes. Mientras los miembros de algunas cámaras mineras y de otras industrias, además de actores políticos y sociales, animaban charlas en torno a las mesas, en un extremo del salón se reunían todos los miembros de las organizaciones ambientalistas y se arengaban unos a otros.

Bajo ese panorama Guiñazú fue el gran ganador de la jornada, porque por primera vez en años se pudo arrancar un marco nuevo, con proyección, con reglas claras y la posibilidad de avanzar en el tratamiento serio del tema. Además, logró el crédito de los empresarios y consiguió sentar a la mesa a los sectores ambientalistas. Ahora falta recorrer el camino y ver que resultados se consiguen y, más tarde, ver si el resultado permite o no avanzar con la minería metalífera en Mendoza.

Fuente: http://www.mdzol.com/opinion/681107-en-quien-confian-los-pro-y-los-antimineria/