El presidente Mauricio Macri apunta a que la obra pública concentre la recuperación de la economía. Pero así como puede ser el motor también puede ser el mayor dolor de cabeza.
En este esquema, y viendo el desfile de ex funcionarios kirchneristas y empresarios ligados a la construcción de rutas, puentes, viviendas, financiadas por el Estado, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, enviará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en Obras Públicas con el que apunta a generar un modelo más claro que el actual.
El proyecto al que accedió El Cronista tiene seis capítulos que van desde el ámbito de aplicación, publicidad de las licitaciones y adjudicaciones, el control, la unidad de criterios, incompatibilidades y sanciones.

El capítulo uno señala que será de aplicación nacional e incluye obras financiadas «total o parcialmente» con fondos nacionales o préstamos con organismos multilaterales o con créditos externos avalados por el Estado.
El segundo habla de la publicidad y establece que los pliegos de licitación serán «gratuitos» y estarán en la web oficial del comitente, quien publicará «todos los actos administrativos».
De todas formas el punto C del capítulo establece que «la máxima autoridad» del organismo que licite «podrá declarar por razones fundadas la confidencialidad por un período máximo de 5 años».

Este punto podría ser aplicado a, por ejemplo, el caso Chevron y la decisión de no dar a conocer los detalles del acuerdo con YPF por Vaca Muerta.
A la hora de hablar de las constructoras la norma establece que «serán sometidas a un sistema único de evaluación de desempeño» que también serán «difundidos al público».

El capítulo del Control fija que los actos administrativos «serán comunicados a la Sigen y a la AGN», y prevé que el Ejecutivo implementará un sistema de «auditoría y control» donde se definirán responsabilidades con distintos niveles. Además, se elevará un informe a Defensa de la Competencia «para la detección de posibles carteles».
Para establecer los precios de las oferta la norma fija que cuando la más conveniente «resulte superior en 15% o inferior en un 10% al Presupuesto Oficial, la adjudicación procederá solo con dictamen fundado de la autoridad superior» y que en esa fundamentación se deberán establecer las causas del desvío.

Para evitar la connivencia entre funcionarios y el sector privado, en el capítulo de las Incompatibilidades establece que no podrán integrar las comisiones de adjudicación los «funcionarios que hayan formado parte como dependientes, socios o accionistas de las empresas constructoras evaluadas en los últimos 5 años».

El último capítulo se refiere a las sanciones estableciendo denuncia penal para los funcionarios que incumplan y suspensión del Registro de Constructores de Obra Pública «como forma preventiva» para los privados.

«La obra pública no puede ser sinónimo de corrupción. Tenemos que cambiar esa imagen del Estado. Tiene que ser sinónimo de esperanza, de justicia, de cambiarle la vida a la gente a través de acciones concretas del Gobierno. Y este proyecto tiene ese espíritu y va en la línea de lo que nos pidió el Presidente a los ministros», dijo Frigerio.

Por su parte el Subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Ricardo Delgado, se refirió a que la sanción de la ley apunta a que «luego del tremendo estado de situación heredado y del episodio López, decidimos ir a fondo con un cambio de modelo de gestión. Transparente, con más competencia, reglas estables y empresas mejor calificadas para que pueda desarrollarse el plan más ambicioso de inversión en infraestructura de los últimos 50 años».