La Concejal justicialista Cristina Da Dalt, acompañada por las ediles Natalia Galamba y Fabiana Esperanza, presentó un proyecto de Declaración, por el que solicita a la Cámara de Senadores de la Provincia, de tratamiento favorable al Proyecto de Ley que tiene como finalidad crear en el ámbito de la provincia de Mendoza el Registro de Infractores a la Ley de Violencia de Género, que funcionará en forma conjunta en el área del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza y en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.  

La violencia de género es un tema que nos preocupa a todos como sociedad, pero “desde los niveles estatales, tenemos la obligación además de ocuparnos, para empezar a cerrarle el círculo a los violentos” explicó la concejal Da Dalt.  

En nuestro País, frente al flagelo de la violencia de género, se promulgó la Ley N º 26.485 de «Protección Integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” con el fin de promover acciones positivas que tiendan a asegurar a las mujeres el goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre la materia.

En efecto, los antecedentes nacionales e internacionales en la lucha sobre la violencia de género son de larga data y han importado, en todo ese proceso, un largo camino que, indudablemente, ha ido mejorando el escenario y generando una conciencia social que ha sido acompañada de políticas públicas sobre la materia.

“Entendemos necesario que el Estado Provincial, a partir de la sanción de la presente norma que proponemos, siga poniéndose al frente de políticas dirigidas a enfrentar directamente problemáticas como las que aborda este proyecto, creando un Registro de Infractores a la Ley de Violencia de Género que tenga por finalidad, no solo advertir a la sociedad de la existencia de este tipo de sujetos que alteran la paz social sino, especialmente, la posibilidad de que, a partir de su publicidad, se influya preventivamente en las voluntades de los violentos para que, antes de ejercer violencia, piensen en las verdaderas consecuencias que puede acarrearles una conducta de este tipo, además de la sanción penal” argumentó Da Dalt.

El Congreso Nacional sancionó la Ley N º 26.791 en 2012, sobre femicidio y figuras afines, introduciendo una serie de novedosas modificaciones al artículo 80 del Código Penal, entre las cuales -siguiendo una tendencia muy marcada en América Latina- se incorpora el delito de “femicidio” al digesto punitivo. Esta reforma penal ha significado, sin duda alguna, una transformación y una evolución legislativa de gran calado, por cuanto ha implicado –luego de varias décadas de postergaciones- la instalación definitiva de la problemática de género en el Código Penal Argentino.

Para finalizar, la edil justicialista expresó “entendemos procedente la creación de este Registro que, no solamente tendrá como fin la obtención de aquellos preceptos rectores establecidos en el art. 7 de la Ley N º 26.485, especialmente la adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres, sino, concretamente, actuar en la sociedad como un elemento disuasivo o preventor que, frente a la posibilidad de las consecuencias no solo penales que pueda acarrear una conducta violenta en materia de género, el potencial sujeto activo se abstenga de realizarlas”.