Exactamente un mes después de que Alfredo Cornejo la planteara ante la Asamblea Legislativa, ayer la Cámara de Diputados aprobó y transformó en ley el proyecto clave del Gobernador que endurece el régimen de prisiones preventivas y establece algunas novedades, como es la incorporación de plazos y de una audiencia oral en la que puede participar la víctima.

Si bien el desenlace era el esperado, con objeciones políticas y técnicas muy puntuales por parte de la oposición, que volvió a cuestionar el posible riesgo de inconstitucionalidad, el Gobierno intentó fortalecer uno de los aspectos más débiles que mostró el proyecto durante este mes de debate: el esperable aumento de la población carcelaria, a partir de la nueva ley, que irá a celdas que ya están hacinadas.

Según la versión oficial, la vigencia de la flamante ley significará alrededor de 400 presos nuevos que esperarán su juicio en la cárcel. “El proyecto carece de una explicación sincera sobre cómo se va a aplicar. Hablan de 400 personas pero no dicen dónde van a estar”, cuestionó el diputado del Frente para la Victoria Lucas Ilardo, haciendo referencia a la sobrepoblación carcelaria.

En respuesta al reclamo que se escuchó varias veces desde la oposición, dos funcionarios del Ejecutivo, que siguieron la sesión de Diputados de ayer, aseguraron que pronto habrá novedades en cuanto a lo que hace la infraestructura carcelaria.

“Entendemos que el problema no debe impedir que se impulse este proyecto, porque hay que ocuparse de las dos cosas y este Gobierno lo va a hacer. Hay que ocuparse del tema de la delincuencia, pero además de las cárceles. En concreto, se ha avanzado con el tema de la prisión federal. Entendemos que en breve vamos a tener novedades y eso implica unas 500 a 600 plazas más que van a quedar disponibles”, aseguró el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.

Otra herramienta que tiene el Gobierno es la autorización de endeudamiento que consiguió con la ley de Emergencia en Seguridad. “Estamos elaborando todos los pliegos para llamar a licitación rápidamente con la intención de ocupar los $ 160 millones que la ley nos habilitó para poder reparar, mejorar y adecuar las cárceles de la provincia”, agregó Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad .

Según el funcionario, “en el segundo semestre estará todo licitado y adjudicado. Las cárceles nuestras tienen muchos años y estamos tratando de hacer un pliego acorde y con empresas que hayan trabajado en otras cárceles en el país”.

La ley clave de Cornejo

La flamante ley fue el principal anuncio con el que Cornejo abrió oficialmente las sesiones ordinarias el 1 de Mayo. En su discurso, si bien reconoció tener en sus legisladores el número necesario para sacar adelante su proyecto clave para combatir la inseguridad, pidió a la oposición el acompañamiento para lograr el consenso necesario.

En el mes de debate, el pedido se tradujo en una aceptación general del FpV, que en un principio vio con buenos ojos la discusión pero que con el correr del debate fue quejándose de no encontrar receptividad en las propuestas de cambios que hicieron.

“Nos hubiera gustado que en el debate se incluyera a aquellos que pidieron participar. Éste fue el error político por el que la ley hoy no sale como una política de Estado”, criticó el diputado peronista Mario Díaz.

“Los aportes, con los que incluso coincidieron los radicales, no fueron escuchados y la ley sale tal como la redactó Cornejo”, se quejó Ilardo y dijo que “la Legislatura fue tratada como una mera escribanía”.

El FpV acompañó la aprobación general con su voto pero observó algunos puntos en los que advirtió riesgos de inconstitucionalidad. El bloque peronista completo votó en forma negativa el artículo 3°, mientras que Ilardo y Patricia Galván también se opusieron al artículo 1°.
Entre estas cuestiones técnicas, señalaron que se quita la excepcionalidad al dictado de la prisión preventiva y se lo convierte en una regla, hecho que atenta contra la Constitución nacional y los tratados internacionales.

Ilardo señaló que el radicalismo no quiso cambiar ni siquiera la palabra “no obstante” en el artículo que permite extender la prisión preventiva un año más llevando el máximo a tres años. Según el justicialista, “el juez puede prorrogar sin argumento” la detención.

Los peronistas volvieron a insistir en que la sanción de la ley puede acarrear numerosas denuncias de inconstitucionalidad que le podrían costar millones de pesos en juicios a la provincia.

Por su parte, el FIT fue más duro y rechazó la totalidad del proyecto. “No se resuelve el problema de la inseguridad. Con el argumento de la puerta giratoria se endurece el sistema”, señaló el diputado Héctor Fresina.

En detalle

La ley aprobada ayer modifica el “nuevo” Código Procesal Penal, con la intención de regular el dictado de la prisión preventiva. Según el Gobierno, “más del 80% de los mendocinos considera que las personas sospechadas de cometer un delito deben estar tras las rejas”.

Se introducen plazos, que a su vez son prorrogables: la prisión para aquellos que esperan su juicio no podrá exceder los dos años, con la posibilidad de prorrogarse uno más.

La prisión preventiva se dispondrá en los casos que exista riesgo procesal, en casos de reincidencia (repetición de un delito cuando ya existe condena por otro) y reiterancia (comportamiento reiterativo en delitos sin condena).

Considera la reiterancia como causal de detención: dos o más delitos de mediana gravedad, sin condena, pondrán al sospechoso tras las rejas. Esto, para el Gobierno, elimina la “puerta giratoria”.

En los casos de flagrancia, deberá haber condena como máximo a los tres meses de cometerse el delito.

Régimen unificado: habrá un solo criterio en las cuatro circunscripciones de la provincia, más allá de que hoy conviven dos códigos procesales penales.

Celeridad en la resolución: El fiscal pedirá audiencia en un plazo estricto para tramitar la prisión preventiva. El dictado de la misma no puede superar en principio los 10 días. El juez de Garantías deberá resolver la prisión preventiva en la misma audiencia.

Oralidad: audiencia pública, oral e indelegable con la participación de la víctima.