El gobierno enviará la semana próxima al Congreso el proyecto de Ley de «Sinceramiento Fiscal»con el cual buscan repatriar los dólares no declarados ante el fisco que los argentinos tienen en el exterior o bajo el colchón, y que serán utilizados para el pago a los jubilados que tienen en marcha juicios por reajustes de haberes o que se encuentren en situación de llevarlos adelante.

Según un estudio realizado por la organización Tax Justice Network (TJN), los argentinos tienen alrededor de U$S 400.000 millones no declarados en el exterior o bajo el colchón. El informe, que sólo toma en cuenta la riqueza financiera y excluye otros activos como propiedades inmobiliarias, refleja que el monto total de dinero offshore (fuera de fronteras), a finales del 2010, se esconde en más de 80 paraísos fiscales. Para la confección de este informe se tomaron datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales (BPI). 
Según adelantaron fuentes cercanas al Gobierno, la iniciativa -que entre el lunes y el martes ingresará por la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados- establece que quienes ingresen una cifra equivalente hasta $305.000 estarán exentos del pago de una alícuota. En tanto, los que ingresen hasta $800.000 pagarán 8% y, por encima de esa cifra, el 10%.

El proyecto tiene previsto un vencimiento inicial para fines de año y luego quedará abierto hasta el 31 de marzo de 2017, aunque con una alícuota 5 puntos mayor, del 15%. En el caso del blanqueo para propiedades, la tasa será del 5 por ciento, dijeron las fuentes.

Según las fuentes, el blanqueo se podrá hacer dejando la plata en el exterior o registrándola en una entidad financiera local, por medio de dos vías: un depósito en efectivo en una cuenta -con dinero que quedará inmovilizado hasta que termine el plan- o por la suscripción de dos bonos: uno a 3 años que no devengará interés u otro a seis años, con uno que otorgará un rendimiento del 5% anual a partir del cuarto año.

Quedarán excluidas las personas procesadas o condenadas por evasión y lavado de dinero, entre otros delitos. Por otra parte, también se prevé establecer una moratoria general de los principales impuestos nacionales -con condonación de multas y punitorios- y un plan de pagos de la AFIP de hasta 60 cuotas.

En el caso de los impuestos, el proyecto propone la creación de una comisión para la reforma tributaria a la que el Poder Ejecutivo le «sugerirá» reinstaurar el impuesto a la herencia, que actualmente lo manejan las provincias.