En una semana clave para el destino legislativo de la ley que declara la emergencia ocupacional, el Gobierno desató ayer una fuerte ofensiva política en distintos escenarios, con eje en los grandes empresarios, a fin de que esa norma no llegue a sancionarse en Diputados o, en su defecto, evitarle al presidente Mauricio Macri el costo de vetarla.

El escenario principal fue el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el Presidente encabezó un acto ante más de dos centenares de empresarios, quienes antes, en el contiguo Salón Sur, pasaron a firmar a nombre de sus empresas el llamado “Compromiso por el empleo”, que incluye una tregua de 90 días en materia de cesantías.

Ante ese auditorio, Macri dio un discurso de ocho minutos en el que exhortó a que “muchos más empresarios” firmen el compromiso (desde hoy esperan que también los hagan cámaras empresariales) y cuestionó a dirigentes de la oposición que “se reúnen para crear trabas e impedir el desarrollo” del país.

 “Es la viveza criolla mal entendida, eso no es buena política, es bastardear la política”, enfatizó, al tiempo que reiteró su vocación de “dialogar con todos los sectores sobre una mesa con el objetivo de lograr soluciones concretas para que Argentina pueda crecer”.

Los empresarios que colmaron el Salón Blanco esperaron por momentos con impaciencia la llegada del Presidente. El inicio del acto se demoró media hora porque a pasos de allí, en el Salón de los Científicos, el propio Macri informaba del compromiso empresarial a once sindicalistas convocados por el Gobierno e intentaba obtener de ellos algún compromiso como contrapartida.

Nada trascendió de las conversaciones que siguieron durante el acto y aún hasta el cierre de esta edición, con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y su vice, Ezequiel Sabor. Por el lado sindical, estuvieron: los jefes de las CGT Alsina, Antonio Caló, y Azul y Blanca, Luis Barrionuevo; Carlos West Ocampo (sanidad), José Lingeri (obras sanitarias), Juan Schmid (dragado), Gerardo Martínez (construcción), Roberto Fernández (colectiveros), Gerónimo Venegas (trabajadores rurales), Armando Cavalieri (comercio), Carlos Maturano (maquinistas de trenes) y Guillermo Pereyra (petrolero). Hugo Moyano faltó por estar engripado, igual que lo hizo Barrionuevo cuando el locro del 1 de Mayo con Macri.

El documento contiene el compromiso de las empresas de “no reducir” su personal durante los próximos 90 días (el proyecto de ley que votó el Senado es por 180 días); “generar planes de inversión” para aumentar el número de empleos, y “trabajar” junto al Gobierno nacional y los sindicatos en “una agenda de desarrollo y mejora de calidad” en el empleo.

Después de señalar que Argentina vive un “momento de cambio positivo”, aunque con una transición económica que “genera dificultades de corto plazo”, y de sostener que las medidas adoptadas por el gobierno que hoy cumple cinco meses, son las “adecuadas para crear nuevos” empleos, señaló en su sexto y último párrafo lo que es toda una confesión del propósito primero del compromiso: “Por el contrario, consideramos” que el proyecto que tiene media sanción del Senado “introduce un cepo al trabajo, que dificultará nuevas inversiones y generará el efecto contrario al que dicen buscar”.

En tanto un compromiso sectorial, el documento no contiene qué podría suceder en caso de incumplimiento, como sí lo estipula el proyecto de ley, que establece la doble indemnización si el despido es sin causa. “Es un compromiso moral”, se sinceró ante esa consulta el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaille.

El propio Presidente fue quien dispuso el momento del embate final, para poner en escena a otros jugadores, sobre todo a los peso-pesados del empresariado, agrupados en el supraestructural Foro de Convergencia Empresarial, entre ellos los grupos Arcor y Techint, bancos extranjeros, automotrices, Sociedad Rural, Unión Industrial. Con la cúpula del Foro se reunió durante el fin de semana el ministro de Producción, Francisco Cabrera. El mensaje fue claro: si están en desacuerdo con la ley, háganlo público, les dijo.

Al final del acto, Cabrera dijo que el mensaje iba dirigido a “quien quiera oir”; que el Gobierno confía en torcer el rumbo legislativo, y que, de no ser así, “el Presidente ya ha dicho qué hará” (el veto a la ley).

Confirmó además que, como parte de esta ofensiva final, hoy a la mañana Macri anunciará medidas a favor de las pymes, “algunas de efecto inmediato, otras proyectos de ley, de carácter transversal, no sectorial”. Serán esas mismas pymes las que hoy se presentarán ante las comisiones de Diputados que trata el proyecto, y que ayer firmaron el compromiso.

Entre ellas están las cámaras CAME, Confederación General Económica y Apyme. También las grandes harían lo mismo hoy, antes de recibir por la tarde a Cabrera, para empezar a discutir su propia agenda de reclamos.